Por Sandra V Miguez
La fuga de Leonardo Bertulazzi, el italiano de 74 años condenado en su país a 27 años de prisión por delitos vinculados con las Brigadas Rojas, abrió una serie de interrogantes sobre el giro de la política internacional argentina, el otorgamiento del refugio político y la actuación de las instituciones judiciales y de seguridad. Junto con la periodista italiana Francesca Capelli, analizamos las claves de un caso que expone tensiones entre decisiones políticas, garantías judiciales y responsabilidades institucionales.
El martes 10 de noviembre, Leonardo Bertulazzi escapó del departamento de la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de San Telmo, donde cumplía arresto domiciliario bajo custodia de la Policía Federal y con una tobillera electrónica. Estaba a la espera de su extradición a Italia, autorizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en julio de 2025.
La reconstrucción del escape muestra una maniobra planificada. Bertulazzi utilizó un arnés y cuerdas para descender desde el quinto piso hacia propiedades linderas y llegar a la calle sin pasar por el sector donde estaba apostada la custodia. La maniobra requirió conocimientos técnicos y destreza física que, según declaró su hija Claudia Bertulazzi al diario El País, estaban vinculados con su práctica del alpinismo. Esa experiencia habría sido determinante para realizar el descenso por cuerda y sortear los obstáculos del recorrido. Antes, había conseguido desprenderse de la tobillera electrónica y mantenerla en funcionamiento mediante un dispositivo casero que, según las reconstrucciones periodísticas, combinaba un tubo metálico, grasa o carne de cerdo y elementos térmicos para simular el contacto corporal y evitar que se activara la alerta. La ausencia fue advertida durante el relevo de los efectivos policiales, cuando el sistema de monitoreo todavía indicaba que el detenido permanecía en el domicilio.
Pero la investigación no se agota en el mecanismo utilizado para escapar. ¿Cómo pudo concretar una maniobra de esas características mientras estaba bajo vigilancia? ¿Por qué continuaba con arresto domiciliario cuando su extradición ya había sido confirmada y las autoridades preparaban su traslado? ¿Qué controles fallaron y quiénes pudieron haber colaborado para hacer posible la fuga?
Un escape y una causa en contexto histórico
Para comprender la dimensión del caso hay que reconstruir el contexto histórico que atravesó Italia en relación con los procesos judiciales de la década del setenta, el accionar de las Brigadas Rojas (Brigate Rosse), quién es Bertulazzi y por qué era requerido actualmente por la Justicia italiana.
Bertulazzi integró la estructura genovesa de la organización armada de extrema izquierda surgida en Italia a fines de los años sesenta, en un contexto de conflictividad obrera, movilización estudiantil y radicalización política. Su trayectoria dentro de la organización se extendió entre 1977 y 1980. En 1985 se llevó a cabo un proceso judicial en su ausencia, en el que fue condenado en Italia a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario naviero Pietro Costa, ocurrido en Génova en enero de 1977, y por pertenencia a una banda armada y asociación subversiva.
El secuestro de Costa tuvo, además, una conexión histórica con otro de los episodios más resonantes de las Brigadas Rojas: parte del rescate habría contribuido a financiar la infraestructura utilizada por la organización, incluido el departamento romano donde posteriormente permaneció cautivo Aldo Moro. “Bertulazzi, sin embargo, no fue condenado por el secuestro, ni por el asesinato del dirigente demócrata cristiano, sino por el caso Costa” señala la periodista italiana Francesca Capelli al ser consultada por Demo Comunicación, para analizar el contexto en el cual se produjo su fuga.
Su llegada a Argentina se produjo en mayo de 2002, cuando ingresó desde Chile en motocicleta, acompañado por una mujer. El 3 de noviembre de ese año fue detenido a partir de un requerimiento de la Justicia italiana. Llevaba documentación de su hermano, según los registros de aquella primera captura. Ese mismo mes solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado.
“La diferencia central en aquel entonces entre los sistemas judiciales de Italia y Argentina, en el caso de Leonardo Bertulazzi, estaba en la posibilidad de condenar penalmente a una persona sin que estuviera presente en el juicio y en las garantías que debían ofrecerse para que pudiera defenderse posteriormente”, señala Capelli. Su explicación permite comprender por qué, en 2003, la Justicia argentina rechazó inicialmente el pedido de extradición: consideró que las condenas dictadas en ausencia no estaban acompañadas por garantías suficientes para asegurarle un nuevo juicio.
En octubre de 2004, el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE) le reconoció el estatus de refugiado, una decisión encuadrada en el principio internacional de no devolución (non-refoulement), que impide entregar a una persona a otro Estado cuando existen riesgos de persecución o vulneración de derechos protegidos por las convenciones internacionales. La decisión argentina no anuló las condenas italianas ni implicó una declaración de inocencia, sino que estableció una protección internacional que impedía avanzar con su entrega mientras no estuviera garantizado su derecho de defensa en el proceso judicial.
Por esa razón, Bertulazzi permaneció durante todos esos años en el país, con documentación argentina y actividad comercial registrada, bajo la condición de refugiado político.
La decisión de revisar la condición de refugiado y conceder la extradición
La situación cambió en agosto de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei impulsó la revisión y el cese de su condición de refugiado a través de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). La decisión permitió reactivar el procedimiento de extradición, que permanecía archivado desde 2006. Bertulazzi fue detenido nuevamente el 29 de agosto de ese año, en un operativo que involucró a la Policía Federal y a organismos de cooperación internacional.
La defensa cuestionó judicialmente la decisión de retirar la protección internacional y también la resolución de la jueza María Servini de Cubría de no considerar los antecedentes de salud de Bertulazzi, quien había padecido accidentes cerebrovasculares en los últimos años. Ese planteo quedó en tensión con las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron su huida, en las que se lo ve descolgándose desde las alturas del edificio para acceder a la calle.
Mientras tanto, las autoridades italianas presentaron nuevas garantías para que pudiera solicitar la revisión de las condenas dictadas en ausencia y acceder a un nuevo proceso con posibilidades efectivas de ejercer su defensa.
El 1 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la procedencia de la extradición. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron suficientes las garantías ofrecidas por Italia para que Bertulazzi pudiera oponerse a las condenas y solicitar un nuevo juicio respetuoso del debido proceso. Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que no estaba resolviendo la controversia sobre la legalidad del cese de su condición de refugiado, que debía tramitar por otra vía judicial.
De este modo, la entrega a Italia quedó habilitada, aunque la discusión sobre la protección internacional continuaba abierta.
Italia: un proceso de reparación judicial
El caso Bertulazzi también remite a las profundas transformaciones que atravesó Italia después de los anni di piombo, marcados por la violencia política, los atentados, los secuestros y los asesinatos de organizaciones como las Brigadas Rojas. El secuestro y asesinato de Aldo Moro, en 1978, se convirtió en uno de los episodios más traumáticos de ese período y aceleró un proceso de revisión política, judicial y legislativa.
La periodista Francesca Capelli explicó que, después de ese período y a lo largo de los años, el Estado italiano combinó medidas para desarticular las organizaciones armadas, obtener información sobre sus estructuras y promover el abandono de la violencia. “La Ley Gozzini, por ejemplo, de 1986, reformó el sistema penitenciario, otorgó beneficios y amplió los mecanismos de reinserción social para quienes demostraran su alejamiento de la lucha armada”, indicó al referirse al proceso desarrollado durante las últimas tres décadas.
Capelli también señaló otros avances en materia judicial, como los que se produjeron a comienzos de los años noventa, frente a la expansión de los secuestros extorsivos vinculados con organizaciones mafiosas. Italia avanzó entonces con otra herramienta: “La Ley 82 de 1991 dispuso el bloqueo judicial de los bienes de las víctimas y sus familiares para impedir el pago de rescates y evitar que el dinero alimentara a las organizaciones criminales”.
Si bien estas medidas fueron respuestas a fenómenos diferentes, formaron parte de una decisión estatal de enfrentar las estructuras de violencia y sus mecanismos de financiamiento.
El contexto político europeo de los años ochenta también ayuda a explicar por qué Argentina no fue el único país que recibió a antiguos integrantes de organizaciones armadas italianas. Después de una década de violencia política, atentados y enfrentamientos que habían sacudido las instituciones, Italia avanzó en la persecución penal de las Brigadas Rojas y otros grupos. Sin embargo, sus procedimientos judiciales de emergencia, las condenas en ausencia y las restricciones al ejercicio de la defensa generaron cuestionamientos en sectores políticos y jurídicos de otros países europeos.
Francia, bajo la presidencia de François Mitterrand, adoptó en 1985 una política de protección para militantes italianos que habían abandonado la lucha armada, renunciado expresamente a la violencia y se habían integrado a la sociedad francesa. Esa posición, conocida como “doctrina Mitterrand”, se anunció en febrero de ese año, durante una reunión con el jefe de Gobierno italiano, Bettino Craxi, y fue ratificada en abril ante la Liga de Derechos Humanos. Mitterrand sostuvo que Francia no debía confundir a quienes habían dejado atrás la actividad armada con quienes continuaban ejerciendo el terrorismo y estableció que los casos con pruebas de participación en asesinatos u otros delitos de sangre podían dar lugar a extradiciones. La decisión se inscribía en una tradición francesa de asilo político y en una discusión más amplia sobre los límites de la respuesta penal frente a la violencia política. También reflejaba las tensiones entre París y Roma acerca de las garantías procesales de los juicios italianos y el tratamiento de quienes habían reconstruido sus vidas en el exilio. La llamada doctrina Mitterrand no fue una ley ni un régimen automático de asilo, sino un compromiso político cuya aplicación tuvo interpretaciones y controversias posteriores.
La trayectoria de Bertulazzi vuelve sobre esa historia y abre, además, interrogantes sobre las decisiones del gobierno argentino en ese contexto. Su presencia en el país durante 24 años bajo la figura de la protección política está documentada. Sin embargo, el caso también deja planteada una pregunta sobre la actuación del Estado argentino: la fuga de un condenado cuya extradición había sido autorizada por la Corte Suprema contrasta con la colaboración que el Gobierno de Javier Milei reconoció haber brindado para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil. Si bien se trata de situaciones judiciales diferentes, que no deben equipararse, ambas ponen bajo observación los criterios políticos y administrativos con los que el Gobierno interviene en asuntos que involucran requerimientos de otros países.
Dos detenidos en Entre Ríos y una posible red de apoyo
La investigación sumó un nuevo capítulo est jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, cuando se conocieron las detenciones en Entre Ríos de un hombre de nacionalidad uruguaya y una mujer salvadoreña, sospechados de haber colaborado con la fuga. Según las primeras informaciones periodísticas, ambos integraban un grupo de WhatsApp de 17 participantes en el que también estaba Bertulazzi, quien habría utilizado otra identidad para comunicarse.
Los procedimientos incluyeron el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentos de identidad y dinero en efectivo. El material deberá ser sometido a peritajes para determinar si hubo planificación previa, qué comunicaciones mantuvieron los involucrados y cuál fue la participación concreta de cada uno. Las detenciones no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad penal.
La pista entrerriana adquiere relevancia por la posible conexión con Uruguay. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los investigadores buscan establecer si Bertulazzi intentó abandonar el país por el corredor fronterizo de Entre Ríos. La hipótesis deberá confirmarse mediante los registros migratorios, los movimientos del vehículo investigado y el análisis de las comunicaciones.
Deja una respuesta