El juez de Garantías José Eduardo Ruhl prorrogó por 90 días las restricciones sobre los funcionarios policiales denunciados. La resolución protege a los uniformados y sus familias, y advierte que habrá detenciones inmediatas ante cualquier incumplimiento.
La Justicia de Paraná prorrogó hasta el 4 de febrero de 2027 las medidas de protección para los policías que denunciaron un presunto sistema de cobro irregular de servicios adicionales en la División 911 y Videovigilancia de la Policía de Entre Ríos.
La resolución fue dictada el 5 de noviembre por el juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, y notificada el 6 de noviembre a través de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), en el legajo Nº 35995, caratulado como denuncia por peculado. Demo Comunicación accedió en primicia a la notificación oficial.
El magistrado dispuso extender las restricciones por 90 días, contados desde el 6 de noviembre de 2026, y ordenó comunicar la decisión al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Las medidas buscan evitar posibles represalias laborales o personales contra los uniformados que denunciaron a integrantes de su propia fuerza. Incluyen restricciones sobre traslados, cambios de turno, pérdida de adicionales y sanciones disciplinarias, además de prohibiciones de acercamiento y hostigamiento.
La resolución establece una advertencia expresa: ante cualquier incumplimiento, se ordenará la detención inmediata de quien viole las medidas judiciales.
Qué medidas de protección dispuso la Justicia
La resolución alcanza a distintos integrantes de la Policía de Entre Ríos y establece restricciones diferenciadas según las personas involucradas.
Para Claudio Omar González, el juez dispuso dos prohibiciones. La primera le impide ordenar, promover o ejecutar cualquier acto administrativo que modifique la situación de revista de los policías denunciantes. Esto incluye traslados de destino, cambios de turno, pérdida de adicionales y medidas disciplinarias que no cuenten previamente con sustento técnico y legal.
La segunda prohíbe cualquier acto de hostigamiento, vigilancia o intromisión por parte de la autoridad policial en el ámbito laboral o personal de los denunciantes y sus familias.
Por otra parte, para Juan Manuel Zunino, jefe de la División 911 y Videovigilancia; Luján Micheloud, Alexis Minetti y Alejandro Villarreal, oficiales jefes de la Policía de Entre Ríos, el magistrado estableció la prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos, violentos o perturbadores contra los uniformados denunciantes y sus grupos familiares.
La restricción también alcanza al oficial jefe César Manuel Gutiérrez, denunciado en la causa, y a Gastón Carlos Andrés Heinzt.
Las prohibiciones comprenden tanto las acciones directas como aquellas que puedan realizarse por interpósita persona o a través de cualquier medio.
La excepción por urgencias policiales
El juez aclaró que la prohibición de acercamiento tiene una excepción limitada: únicamente podrá dejarse de lado cuando la proximidad sea consecuencia del estricto cumplimiento de una función policial urgente.
En esos casos, la distancia deberá restablecerse inmediatamente una vez finalizada la situación de emergencia.
La aclaración busca evitar que las medidas judiciales obstaculicen la respuesta policial ante una urgencia operativa, teniendo en cuenta que denunciantes y denunciados pertenecen a la misma fuerza de seguridad.
Detención inmediata si incumplen las restricciones
Uno de los puntos centrales de la resolución es la advertencia sobre las consecuencias de desobedecer las medidas.
El juez estableció que ante cualquier incumplimiento se ordenará la inmediata detención de quien lo cometa. Además, la conducta podría configurar el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Por otra parte, las personas alcanzadas por las restricciones podrán solicitar una audiencia, con patrocinio letrado, para que las medidas sean revisadas.
La prórroga mantiene así las condiciones de protección hasta el 4 de febrero de 2027, tanto para los policías denunciantes como para sus familias.
Por qué es importante la prórroga de las medidas judiciales
La decisión tiene especial relevancia porque los uniformados que impulsaron la denuncia dieron un paso poco habitual dentro de una estructura jerárquica: denunciaron presuntas irregularidades que involucran a sus propios superiores y a otros integrantes de la fuerza.
Desde la presentación de la denuncia habían solicitado que se resguardara su identidad y que se evitaran posibles represalias dentro de la institución policial.
Con la nueva resolución, la protección se extiende durante otros 90 días y contempla expresamente situaciones que podrían afectar su carrera profesional y sus condiciones laborales, como traslados, cambios de turno, pérdida de adicionales o sanciones disciplinarias. También alcanza su vida personal y la de sus familias.
La advertencia de detención inmediata ante cualquier incumplimiento comprende a las personas alcanzadas por las restricciones, incluso en lo referido a decisiones que puedan modificar las condiciones laborales de los denunciantes.
Causa Adicionales Truchos: cómo funcionaría el presunto circuito ilegal
La investigación, identificada en la denuncia como la causa de los «Adicionales Truchos», apunta a un presunto sistema de recaudación irregular vinculado con los servicios adicionales que presta la Policía de Entre Ríos.
Se trata de tareas que los uniformados realizan fuera de su horario habitual y por las que reciben una remuneración, muchas veces por parte de particulares o empresas privadas.
Según el escrito presentado con el patrocinio del abogado Rubén Pagliotto, los adicionales no se distribuían de manera equitativa, sino que se concentraban en un grupo reducido de funcionarios que figuraban como beneficiarios. Sin embargo, los trabajos habrían sido realizados por otros policías, en ocasiones durante sus horarios de guardia y utilizando móviles, armamento y recursos pertenecientes al sistema 911.
De acuerdo con la denuncia, el dinero circulaba por fuera de los canales formales, mediante transferencias a cuentas personales y pagos en efectivo. Posteriormente, habría sido redistribuido dentro de la estructura policial, conformando una supuesta «caja paralela».
Los denunciantes estimaron que el circuito habría movilizado alrededor de 90 millones de pesos mensuales y hasta 7.200 millones en dos años, aunque aclararon que se trata de cálculos preliminares.
Entre los delitos mencionados en la presentación figuran peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica y encubrimiento.
La denuncia apunta contra Juan Manuel Zunino, Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Manuel Gutiérrez, además de cualquier otro funcionario que pudiera resultar responsable.
La primera medida de prueba se realizó el 30 de abril, cuando la Fiscalía secuestró documentación en papel y digital en la División 911 de Paraná.
La causa continúa en etapa de investigación. Hasta el momento no hay condenas ni se encuentran acreditados judicialmente los hechos denunciados.
Los antecedentes de las medidas de protección
La prórroga se suma a decisiones judiciales anteriores destinadas a resguardar a los policías denunciantes.
Previamente, el mismo juez había precisado el alcance de la prohibición de acercamiento a pedido conjunto del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y del defensor Eduardo Gerard.
El planteo buscaba establecer una excepción para las situaciones de urgencia operativa, de manera que las restricciones no impidieran el cumplimiento de funciones policiales impostergables.
Con la nueva resolución, la Justicia mantiene las medidas de protección hasta febrero de 2027, mientras avanza la investigación sobre el presunto manejo irregular de los servicios adicionales dentro de la División 911 y Videovigilancia.
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