El Gobierno nacional incorporó la Ruta 12 al nuevo esquema de concesiones viales. Productores, transportistas y organizaciones cuestionan el impacto económico de los peajes, la falta de obras y el cobro por mantener rutas que ya se financian con impuestos.
El Gobierno nacional amplió el sistema de concesiones viales por peaje e incluyó a la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos, entre los corredores que podrán pasar a manos privadas. La decisión, oficializada mediante el Decreto 1358/2026, reabrió una discusión que atraviesa al transporte, la producción y los usuarios viales: cuánto cuesta circular, quién debe financiar el mantenimiento de las rutas y qué contraprestación reciben quienes pagan.
La medida se incorporó a la Red Federal de Concesiones y habilita la explotación privada de nuevos tramos para su construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento. Sin embargo, todavía no se conocen los sectores de la Ruta 12 que serán licitados ni las condiciones económicas de los futuros contratos.
La controversia no es nueva en la provincia. Las concesiones de las rutas nacionales 12, 14 y 18 ya generaron cuestionamientos por las tarifas, el estado de las calzadas, la ubicación de las estaciones de cobro y la relación entre los servicios prestados y el dinero recaudado. Ahora, la posibilidad de ampliar el sistema vuelve a poner en discusión el costo que representa para la economía entrerriana.
Qué establece el nuevo decreto sobre los peajes en Entre Ríos
El Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, incorporó nuevos corredores nacionales al régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520.
La norma instruyó al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, a convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales dentro de los 12 meses posteriores a su entrada en vigencia, prevista para el 14 de noviembre.
En Entre Ríos, la incorporación de la Ruta 12 es uno de los puntos de mayor interés. No obstante, el decreto no determinó qué sectores serán entregados a los concesionarios. La Dirección Nacional de Vialidad deberá realizar los estudios técnicos y la Secretaría de Transporte tendrá que establecer los tramos que integrarán los futuros pliegos.
También se estableció que los sectores que ya cuentan con concesiones vigentes quedarán excluidos de este nuevo proceso. Por lo tanto, la incorporación de la ruta no implica que toda su extensión vaya a quedar comprendida en la nueva licitación.
La Ruta 14, por su parte, aparece en esta etapa únicamente en los sectores correspondientes a Corrientes y Misiones. No se incorporaron nuevos tramos entrerrianos de esa traza.
Tampoco se determinaron todavía las ubicaciones de las cabinas, los valores de los peajes ni las fechas en que comenzaría a cobrarse por los sectores que finalmente sean adjudicados.
Peajes y transporte: cómo impactan en los precios de la producción
El costo de un peaje no termina en la cabina. Para las empresas de transporte, constituye un gasto operativo que se suma al combustible, los neumáticos, los salarios, el mantenimiento de las unidades y los impuestos.
Ese costo se incorpora al precio del flete y, posteriormente, se traslada a los productos que llegan a los centros de distribución, comercios y consumidores.
En una provincia como Entre Ríos, cuya actividad económica depende en buena medida del transporte terrestre, el impacto alcanza a las cadenas agropecuarias, avícolas, ganaderas, industriales y comerciales.
Los granos que se trasladan hacia los puertos, la hacienda que circula entre establecimientos y frigoríficos, los alimentos que ingresan a los centros urbanos y los materiales destinados a la construcción forman parte de una misma cadena de costos.
Cuando aumenta el costo de trasladar mercadería, se reduce la rentabilidad de los productores y transportistas o se incrementa el precio que termina pagando el consumidor.
El problema adquiere otra dimensión cuando se multiplican las estaciones de cobro en recorridos que deben realizarse diariamente. Para una empresa con una flota de camiones, los pagos acumulados durante un mes pueden representar una suma considerable.
La Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas de Entre Ríos (CETACER) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) vienen advirtiendo sobre el deterioro de la rentabilidad del sector frente al incremento de los costos operativos.
En ese escenario, la ampliación de las concesiones genera preocupación porque agrega un nuevo componente a la estructura de gastos de una actividad que resulta indispensable para el funcionamiento de la economía provincial.
Entre Ríos 2050 cuestionó el cobro de peajes por mantenimiento
Uno de los cuestionamientos más contundentes surgió del espacio Entre Ríos 2050, integrado por empresarios, productores y profesionales que plantearon reparos al modelo de concesiones impulsado por el Gobierno nacional.
La organización no rechazó el sistema de peajes en todos los casos. Su planteo apunta a que el cobro debería justificarse mediante inversiones concretas en infraestructura, como nuevas autovías, ampliaciones y mejoras sustanciales de conectividad.
En declaraciones difundidas en octubre de 2026, Héctor Motta cuestionó específicamente la posibilidad de cobrar peaje sobre la Ruta 12 en el tramo Crespo-Paraná cuando, según su planteo, la principal necesidad es una nueva capa de asfalto.
Desde ese espacio sostuvieron que el mantenimiento ordinario de las rutas debería financiarse con los recursos provenientes de los impuestos que ya pagan los usuarios, entre ellos el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
La discusión plantea una pregunta central: si el Estado recauda impuestos destinados al financiamiento de la infraestructura vial, ¿por qué los usuarios deben volver a pagar para circular por rutas existentes cuyo mantenimiento debería estar garantizado?
Entre Ríos 2050 también reclamó una planificación integral de la infraestructura provincial, que contemple las conexiones viales, ferroviarias y portuarias como herramientas para mejorar la competitividad de la producción.
Los reclamos que ya llegaron a Vialidad Nacional
Los cuestionamientos al sistema de concesiones también quedaron registrados en las instancias de participación ciudadana organizadas por Vialidad Nacional.
El 7 de julio de 2025 se realizó en Paraná una audiencia pública correspondiente a la Red Federal de Concesiones, en la que se analizaron los proyectos para los tramos Mesopotámico y Centro.
De acuerdo con el informe oficial de cierre, entre las observaciones presentadas figuraron cuestionamientos al estado de las rutas, reclamos por la ubicación de las estaciones de peaje, pedidos de obras que no estaban contempladas inicialmente y objeciones a la reducción de móviles de seguridad vial.
También se plantearon consultas sobre los controles de peso y dimensiones de los vehículos de carga, la incorporación de sistemas de pesaje dinámico y la implementación progresiva del cobro electrónico Free Flow.
La audiencia dejó en evidencia que las objeciones no se limitan al precio de las tarifas. También involucran la calidad de la infraestructura, la seguridad de quienes circulan y las obligaciones que deben asumir las empresas concesionarias.
En otras palabras, el reclamo de los usuarios no es solamente pagar menos, sino que el cobro tenga una contraprestación verificable en mejores rutas y servicios.
Rutas 12 y 14: tarifas, multas y cuestionamientos de los usuarios
La experiencia de las concesiones existentes en Entre Ríos constituye otro antecedente de la discusión.
Durante 2026, los aumentos tarifarios en las rutas 12 y 14 generaron nuevos reclamos de transportistas y usuarios. A eso se sumó el anuncio de multas por evasión del peaje, que podían alcanzar los 400.000 pesos según las informaciones difundidas en abril.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) cuestionó el esquema y sostuvo que los usuarios no deberían quedar sometidos a cobros que no se correspondan con inversiones y servicios adecuados.
Su coordinador, Ricardo Lasca, expresó públicamente el malestar de los automovilistas y transportistas por la acumulación de gastos asociados a la circulación, entre ellos los combustibles, la verificación técnica vehicular y los peajes.
A su vez, organizaciones empresariales y comerciales de Entre Ríos reclamaron por el deterioro de las rutas y señalaron la contradicción de mantener estaciones de cobro mientras persisten problemas de infraestructura.
El cuestionamiento adquiere relevancia en corredores estratégicos como las rutas 12 y 14, que conectan a la provincia con los principales centros productivos y comerciales del país y funcionan como vías de circulación internacional.
El debate constitucional: peajes, libre circulación y vías alternativas
La discusión también tiene una dimensión jurídica. Los cuestionamientos al sistema de peajes se apoyan, entre otros argumentos, en el derecho a transitar libremente reconocido por el artículo 14 de la Constitución Nacional y en las disposiciones de los artículos 10 y 11 sobre la circulación de bienes y la prohibición de aduanas interiores y derechos de tránsito.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, junto con distintos especialistas en derecho constitucional y usuarios que impulsaron presentaciones judiciales, sostiene que el peaje debe responder a una contraprestación razonable y no convertirse en una obligación económica que impida o limite materialmente la circulación.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la inexistencia de caminos alternativos gratuitos y transitables en determinados corredores.
En Entre Ríos, esa discusión alcanza a conexiones estratégicas como el puente Rosario-Victoria, el complejo Zárate-Brazo Largo y distintos sectores de las rutas nacionales que concentran buena parte del tránsito de cargas y pasajeros.
Quienes cuestionan el sistema consideran que, cuando no existe una alternativa razonable, el usuario queda obligado a pagar para ejercer un derecho que debería estar garantizado.
También plantean una posible superposición de cargas tributarias, dado que automovilistas y transportistas pagan impuestos a los combustibles y al automotor, además de las tarifas de peaje.
Sin embargo, es necesario precisar que la jurisprudencia de la Corte Suprema no establece que la existencia de una vía alternativa gratuita sea una condición constitucional indispensable para cobrar peaje.
En el fallo Estado Nacional c/ Arenera El Libertador, del 18 de junio de 1991, el máximo tribunal reconoció la legitimidad del peaje como mecanismo de financiación de obras públicas. También señaló que su aplicación podría resultar cuestionable si la necesidad indispensable de utilizar la vía gravada, combinada con una tarifa irrazonable, tornara ilusorio el derecho a circular.
Ese criterio constituye uno de los principales antecedentes jurídicos del debate. Por eso, la discusión no se resuelve únicamente con la existencia o inexistencia de una ruta alternativa: también deben analizarse la razonabilidad de las tarifas, las condiciones del servicio y el impacto concreto sobre los usuarios.
La contradicción política: libre circulación y cobro por transitar
La ampliación de las concesiones también abre una discusión política sobre el concepto de libre circulación que sostienen los gobiernos nacional y provincial.
En distintas oportunidades, ambos gobiernos defendieron el derecho a circular para cuestionar los cortes de rutas y calles durante las protestas sociales. Ese argumento fue presentado como una garantía para quienes necesitan trasladarse, trabajar o transportar mercadería.
Sin embargo, el mismo principio adquiere otra dimensión cuando el Estado habilita que el tránsito por determinados corredores quede condicionado al pago de una tarifa.
No se trata de situaciones jurídicamente idénticas, pero sí de una tensión política que merece ser discutida: el derecho a circular no puede analizarse solamente frente a una protesta o un corte de ruta. También debe contemplar las condiciones económicas y materiales que permiten ejercerlo.
Si no existen caminos alternativos razonables, si las tarifas se incrementan y si las obras comprometidas no se concretan, el usuario queda frente a una obligación de pago cuya legitimidad social y económica comienza a ser cuestionada.
Qué falta definir sobre los nuevos peajes en la Ruta 12
Por el momento, el Decreto 1358/2026 habilita el avance del proceso, pero no establece cuándo comenzarán a cobrarse nuevos peajes en los sectores de la Ruta 12 que puedan ser concesionados.
La definición de los tramos, las estaciones de cobro, las tarifas, las inversiones obligatorias y los mecanismos de control quedará pendiente de los estudios técnicos y de los futuros pliegos de licitación.
Esos documentos serán determinantes para conocer qué obras deberán ejecutar las empresas, qué plazos tendrán para realizarlas, cómo se actualizarán los valores de los peajes y qué mecanismos tendrá el Estado para controlar el cumplimiento de los contratos.
Para Entre Ríos, el desafío será evitar que la ampliación del sistema termine convirtiéndose exclusivamente en una nueva carga para los sectores productivos y los usuarios.
La discusión de fondo sigue abierta: si el peaje se justifica por la inversión en infraestructura, los usuarios deben poder identificar qué obras se financian, qué mejoras reciben y quién controla que las obligaciones de los concesionarios se cumplan.
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