El juez federal de Victoria pidió a Economía y Vialidad explicar en tres días el destino de los fondos viales reclamados por legisladores entrerrianos.
La Justicia Federal pidió al Ministerio de Economía de la Nación y a Vialidad Nacional que informen, en un plazo de tres días, cuál fue el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, que por ley deben financiar el mantenimiento y las obras en las rutas. La medida se dictó en el marco del amparo presentado por los legisladores nacionales del peronismo Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.
El juez federal de Victoria, Federico Martín, tuvo por modificada la demanda y, de acuerdo con el dictamen del fiscal federal subrogante, declaró de manera liminar la procedencia del fuero federal y la competencia territorial de su juzgado.
La causa tramita bajo el expediente «Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986» (N.º 12957/2026).
Los organismos demandados fueron notificados la semana pasada y desde entonces corre el plazo de tres días para presentar el informe requerido.
El magistrado resolvió solicitar esa información antes de pronunciarse sobre la medida cautelar presentada por los legisladores, en cumplimiento de la Ley 26.854, que establece la obligación de que el Estado y sus organismos descentralizados informen sobre el interés público comprometido.
Con ese informe, las demandadas podrán expedirse sobre la admisibilidad y procedencia de la cautelar y presentar la documentación que consideren pertinente.
El reclamo de Bahl, Michel y Marclay por el impuesto a los combustibles
Los legisladores sostienen que los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiado con el impuesto a los combustibles, tienen una afectación específica establecida por ley y deben destinarse exclusivamente a infraestructura vial.
Según argumentan en el amparo, la decisión del Gobierno nacional de mantener esos recursos colocados en instrumentos financieros para contribuir al resultado fiscal desvirtúa el destino legal de la recaudación.
Por ese motivo, reclaman que se reactiven las obras y las tareas de mantenimiento de la red vial nacional en Entre Ríos, que comprende las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras.
El planteo judicial busca que los fondos recaudados se apliquen al objetivo para el cual fueron establecidos por la legislación vigente.
Los fondos del SISVIAL: tres de cada cuatro pesos no llegaron a las rutas
Uno de los principales argumentos de la demanda es el volumen de recursos recaudados y la diferencia entre los fondos ingresados al sistema vial y los efectivamente destinados a obras.
Según el relevamiento que sustenta el amparo, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL, a nivel nacional, más de 1,5 billones de pesos.
Sin embargo, solo se aplicaron a obras unos 394.406 millones de pesos. De acuerdo con esos números, tres de cada cuatro pesos recaudados no llegaron a las rutas.
Al 31 de mayo, más de un billón de pesos permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos.
El propio Gobierno nacional admitió que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal. Para los legisladores, esa utilización contradice la afectación específica que establece la normativa para los fondos del impuesto a los combustibles.
Concesiones viales en Entre Ríos: qué pasa con los fondos acumulados
El reclamo judicial se produce en paralelo al proceso de concesión de rutas nacionales impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
El 7 de octubre, Nación concesionó por 20 años un total de 276 kilómetros de rutas entrerrianas. La medida comprende el tramo de la Ruta Nacional 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el de la Ruta Nacional 12 entre Crespo y Paraná.
Sin embargo, la concesión no responde qué ocurrió con los fondos acumulados durante los últimos dos años ni resuelve la situación del resto de la red vial nacional en Entre Ríos.
Ahora, el Ministerio de Economía y Vialidad Nacional deberán responder ante la Justicia Federal por el destino de los recursos del impuesto a los combustibles.
La presentación de ese informe será un paso previo a la resolución sobre la medida cautelar solicitada por Bahl, Michel y Marclay, quienes reclaman que los fondos sean destinados a las obras y al mantenimiento de las rutas.
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