Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, advirtió que trasladar animales de manera preventiva genera pérdidas económicas y costos impositivos. El sector pidió declarar la Emergencia Agropecuaria por un año, mientras el deterioro de las rutas nacionales, provinciales y los caminos rurales agrava los riesgos ante posibles inundaciones.
Con El Niño en el horizonte y la posibilidad de una creciente en el corto plazo, los productores ganaderos de las islas de Entre Ríos enfrentan un escenario de incertidumbre. Trasladar la hacienda antes de una inundación puede evitar pérdidas mayores, pero también implica costos económicos que desalientan las decisiones preventivas.
Así lo advirtió Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien describió las dificultades que afrontan los productores ante la amenaza de una crecida de los ríos Paraná y Uruguay.
Según explicó, los relevamientos realizados junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) indican que hay una cantidad importante de cabezas de ganado en las islas. Ante la posibilidad de inundaciones, el movimiento de animales ya comenzaba a intensificarse.
El costo de trasladar la hacienda antes de una inundación
El principal problema, señaló Martiarena, es que sacar los animales de las islas antes de una creciente tiene un costo económico significativo. Vender hacienda sin terminar implica recibir un precio menor por kilo, porque los animales todavía no alcanzaron el peso ni el grado de engorde óptimos para su comercialización.
A esa pérdida se suman las obligaciones tributarias que deben afrontar los productores por la operación. En estos casos, la venta no necesariamente representa una ganancia real, sino la liquidación anticipada de parte de su capital para responder a una situación de emergencia.
Para el dirigente de la Federación Agraria, estos factores pueden desalentar el traslado preventivo de los animales y aumentar la exposición del sector ante una creciente que podría afectar en el corto plazo las zonas donde se concentra la ganadería de islas y de campos inundables.
Piden declarar la Emergencia Agropecuaria por un año
Frente a este panorama, Martiarena destacó que en la última reunión de la Comisión de Emergencia, integrada por representantes del sector agropecuario y funcionarios provinciales, se avanzó en un acuerdo para elevar al Poder Ejecutivo un pedido de declaración de Emergencia Agropecuaria por un año.
La solicitud contempla un plazo de doce meses a partir del 1 de agosto y comprende a los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy.
La medida busca dar respuesta a las dificultades que enfrentan los productores ante las consecuencias de las inundaciones y el impacto económico que implica anticiparse a una emergencia hídrica.
El estado de las rutas agrava el riesgo por El Niño
El traslado de la hacienda y la salida de la producción dependen, en buena medida, del estado de las rutas y los caminos rurales. En Entre Ríos, el deterioro de la infraestructura vial suma preocupación ante la posibilidad de lluvias intensas y nuevas crecidas.
Un informe técnico elaborado por trabajadores de Vialidad Nacional, con datos al 31 de diciembre de 2025, señala que entre el 65% y el 70% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo, debido a la falta de mantenimiento y la paralización de obras.
El relevamiento advierte que las fallas estructurales, los baches y las deformaciones redujeron la velocidad media de circulación a unos 60 kilómetros por hora. También registra un aumento interanual del 14% en la siniestralidad vial, con 4.369 muertes.
El documento identifica dos tramos de Entre Ríos entre los sectores afectados.
Uno de ellos es la Ruta Nacional A015, que conduce a la represa binacional de Salto Grande y al paso fronterizo utilizado por el tránsito pesado. Según el informe, la vía presenta sectores en mal estado, tramos críticos y señalización deficiente. También se describen fisuras longitudinales y banquinas descalzadas.
Los trabajadores de Vialidad Nacional advierten sobre la contradicción entre la promoción turística de la zona y las condiciones del acceso: “se promociona el destino, pero se abandona el acceso”.
El segundo tramo señalado es la Ruta Nacional 136, que conecta Gualeguaychú con el Puente Internacional General San Martín, hacia Uruguay. De acuerdo con el relevamiento, el tránsito pesado continuo provocó un agotamiento estructural, con deformaciones y baches que afectan la seguridad vial.
A este escenario se suman los reclamos de productores y entidades rurales por el estado de las rutas provinciales y los caminos rurales, cuya precariedad puede complicar tanto el traslado de animales como la circulación de insumos y la salida de la producción.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) calificaron el deterioro de la red vial como una “preocupación transversal”. Ambas entidades advirtieron que las lluvias intensas profundizan el deterioro de los caminos internos y de las rutas clave para el transporte de la producción.
Entre sus reclamos, plantearon la necesidad de una estrategia coordinada entre Nación, provincia y municipios, además de la activación rápida de los mecanismos de emergencia hídrica y asistencia.
Mientras tanto, Vialidad Nacional comenzó tareas preventivas de control del escurrimiento y limpieza de drenajes, alcantarillas y puentes en las rutas nacionales 12 y 18, dentro del territorio entrerriano.
Las lluvias asociadas a El Niño ya provocaron repuntes en los ríos Paraná y Uruguay. Ante la posibilidad de nuevas complicaciones, se advierte a los transportistas sobre eventuales restricciones de circulación o cortes temporales de rutas antes de diciembre.
Abigeato en Entre Ríos: reclaman más recursos y respuestas judiciales
En la misma entrevista, Martiarena también se refirió al abigeato y, en particular, a la situación de la zona de Bovril, donde los productores extreman las medidas de seguridad. Según describió, algunos incluso encierran a sus animales al caer la tarde en corrales cercanos a sus viviendas para evitar nuevos robos.
Tras una reunión con autoridades provinciales, jefes policiales y representantes del sector, el dirigente destacó el compromiso de reforzar los recursos para combatir estos delitos mediante drones, visores térmicos y una mayor presencia policial.
Sin embargo, consideró que el principal problema continúa siendo la falta de consecuencias judiciales efectivas para quienes cometen robos reiterados de ganado.
“La Policía hace su trabajo, pero todo indica que la puerta giratoria, para este tipo de delincuentes, sigue como si nada aconteciera”, expresó.
También sostuvo que “el robo reiterado de hacienda no puede tratarse como una sucesión de delitos menores cuando las pérdidas acumuladas afectan gravemente el capital de los establecimientos”.
Por ese motivo, propuso avanzar en la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales y fortalecer la coordinación entre las fuerzas policiales, los fiscales y los productores.
La amenaza de una creciente, los costos de trasladar anticipadamente la hacienda, el deterioro de las rutas y los robos rurales conforman un escenario de preocupación para el campo entrerriano. En ese contexto, los productores reclaman medidas de prevención, asistencia y respuestas institucionales para reducir las pérdidas ante una posible emergencia.
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