Alejandro Di Palma, presidente de Capemppor, sostiene que el organismo sanitario dispone de información sobre la situación, pero no publicó un parte epidemiológico que detalle los nuevos casos. Según un informe privado basado en el tablero oficial, Córdoba concentra casi la mitad de los animales relevados con la enfermedad activa, mientras que Entre Ríos no registra unidades productivas en esa condición.
Un comunicado de la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina advirtió sobre nuevos brotes de la enfermedad de Aujeszky en granjas porcinas, pidió avanzar con el plan de erradicación y llamó a los productores a reforzar los controles de ingreso de personas, vehículos y animales.
Sin embargo, el texto no precisó dónde se produjeron los casos, cuántos establecimientos están afectados ni desde cuándo se registran. Según señaló Alejandro Di Palma, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Porcinos de Entre Ríos (Capemppor), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tampoco difundió un parte epidemiológico específico sobre esta situación.
Di Palma cuestionó que los productores deban enterarse de las novedades sanitarias a través de comunicados privados que recomiendan extremar los cuidados, pero no detallan dónde se encuentran los focos ni cuál es su magnitud.
El dirigente sostuvo que el organismo sanitario cuenta con información sobre el estado de los establecimientos y cuestionó la falta de una comunicación pública que permita conocer la evolución de los casos. Su planteo apunta a una presunta inacción informativa del SENASA: no cuestiona la recomendación de reforzar la bioseguridad, sino la ausencia de datos epidemiológicos que permitan orientar las medidas de prevención.
Qué es la enfermedad de Aujeszky y cómo afecta a los criaderos
La enfermedad de Aujeszky es una infección viral que afecta a los cerdos. No representa un riesgo para las personas ni vuelve insegura la carne porcina para el consumo humano, pero puede provocar graves consecuencias sanitarias y productivas dentro de una granja, incluidos abortos y una elevada mortalidad entre los lechones.
Por ese motivo, los establecimientos deben realizar controles sanitarios mediante análisis de sangre y cumplir con las medidas previstas en el plan nacional. Cuando se confirma la infección, la unidad productiva queda restringida para realizar movimientos de ingreso y egreso de animales hasta presentar un plan de saneamiento, de acuerdo con la normativa del SENASA.
Aujeszky: los números disponibles y la situación de Entre Ríos
Según un informe del zootecnista Juan Luis Uccelli, de JLU Consultora, publicado por TodoCerdos el 26 de octubre y elaborado a partir del tablero oficial del SENASA, al 22 de octubre había 1.108 unidades productivas con estatus sanitario de Aujeszky registrado, que reunían 3,83 millones de cabezas.
De ese total, 104 unidades tenían el problema activo: 93 se encontraban en saneamiento y 11 figuraban como infectadas. En conjunto, esos establecimientos reunían 503.246 animales, equivalentes al 13,1% del stock relevado.
Córdoba concentraba 232.931 de esas cabezas, casi la mitad del total de animales correspondientes a unidades con la enfermedad activa. Además, uno de cada cinco cerdos de su propio stock relevado se encontraba en establecimientos en saneamiento o infectados.
Entre Ríos, cuarta provincia en cantidad de animales dentro del universo analizado, no registraba unidades productivas en esas dos condiciones.
El informe advierte que las cifras corresponden a las granjas incorporadas al programa de certificación, vigilancia o saneamiento, por lo que no representan una medición de la prevalencia de la enfermedad en toda la producción porcina nacional.
También señala que, desde enero de 2024, se registraron 97 unidades con diagnóstico de infección, la mayoría durante 2026. De ellas, 86 ya habían pasado a la etapa de saneamiento. Por eso, el documento advierte que observar únicamente la cantidad de establecimientos que figuran como infectados puede llevar a subestimar la dimensión del problema.
Di Palma cuestiona que el SENASA tenga datos, pero no informe sobre los nuevos focos
El presidente de Capemppor remarcó que el SENASA administra el tablero sanitario y que la normativa establece la obligación de notificar de inmediato cualquier signo compatible con la enfermedad. Sin embargo, sostuvo que la información disponible no alcanza para conocer con precisión la evolución epidemiológica de los casos recientes.
Según su planteo, el tablero permite identificar el estatus sanitario de cada establecimiento, pero no necesariamente ofrece una lectura pública y accesible sobre cuándo cambiaron las categorías, dónde se concentran los diagnósticos recientes o qué posibles vías de ingreso del virus se encuentran bajo investigación.
Para Di Palma, la información está organizada principalmente para certificar establecimientos y gestionar su situación sanitaria, pero no cumple con la misma eficacia la función de alertar al conjunto del sector.
El dirigente valoró que el comunicado de la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina respalde el plan vigente y recomiende medidas de bioseguridad. También destacó que la Resolución SENASA 810/2025, que reemplazó al programa anterior de 2009, establece nuevas herramientas para el control y la erradicación de la enfermedad y entró en vigencia en abril de 2026.
No obstante, consideró insuficiente recomendar cuidados sin informar dónde se encuentran los focos ni cuál es la dimensión del problema.
La genética porcina, en el centro de la discusión sanitaria
Otro de los aspectos señalados por Di Palma es la importancia de los animales que ingresan a los establecimientos como posible vía de transmisión. En particular, apuntó a la necesidad de prestar atención a los movimientos de animales provenientes de empresas de genética porcina.
A comienzos de 2025, un brote que llevó a revisar el plan nacional se detectó en un criadero de Roque Pérez que multiplicaba genética. Según la información que el dirigente atribuyó entonces a la Federación Porcina Argentina, alrededor de 40 establecimientos habían recibido material de ese origen.
Di Palma aclaró que ese antecedente no permite responsabilizar a las empresas de genética por los brotes actuales. Según remarcó, no hay información pública que permita establecer esa relación. Además, el informe de Uccelli identifica al transporte —en particular, a los lavaderos de camiones— como una de las vías de transmisión mencionadas por los técnicos.
Aun así, el titular de Capemppor consideró que las recomendaciones de bioseguridad deberían contemplar a todos los eslabones de la cadena productiva. En ese sentido, propuso que las empresas de genética informen el estatus sanitario de sus núcleos y multiplicadores, junto con la fecha del último muestreo negativo.
Una responsabilidad compartida y diferencias en el acceso a la información
Di Palma también planteó que las obligaciones sanitarias se incorporan progresivamente para los establecimientos de menor escala. De acuerdo con el cronograma previsto en la Resolución 810/2025, los controles obligatorios alcanzan a los establecimientos de entre 59 y 99 reproductores desde abril de 2026, mientras que los de entre 20 y 59 deben incorporarse al año siguiente. La norma contempla una implementación progresiva para los establecimientos más pequeños. (Resolución SENASA 810/2025)
El dirigente sostuvo que los pequeños productores asumen los costos y las obligaciones de los controles, pero muchas veces reciben la información sobre la situación sanitaria de manera indirecta y tardía.
Al mismo tiempo, reconoció que existen razones para proteger los datos individuales de cada establecimiento, ya que su difusión podría perjudicar a quienes notifican una sospecha o un diagnóstico. Por eso, aclaró que su planteo no consiste en publicar nombres de granjas, sino en difundir información agregada por departamento, fecha de diagnóstico, escala productiva, tipo de establecimiento y posible vía de ingreso bajo investigación.
Qué medidas propone Capemppor frente a los brotes de Aujeszky
Entre las medidas que mencionó Di Palma se encuentra la publicación periódica de partes epidemiológicos del SENASA con información agrupada por departamento, fecha y escala productiva. También señaló que los datos podrían solicitarse mediante la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Otra propuesta consiste en exigir, al comprar reproductores, una copia del certificado sanitario del establecimiento de origen y la fecha del último muestreo negativo. El dirigente planteó además incorporar cláusulas de devolución o compensación si un lote resulta positivo durante la cuarentena.
En ese punto, mencionó la responsabilidad del vendedor por vicios ocultos prevista en el Código Civil y Comercial, aunque advirtió que demostrar que la infección ingresó a una granja a través de un lote determinado puede resultar difícil.
Por último, propuso crear un fondo de compensación sanitaria, una herramienta que, según indicó, actualmente no cuenta con una base normativa específica.
Di Palma sostuvo que sería injusto exigirle a una cámara empresaria que cumpla la función informativa que corresponde al Estado. Desde su perspectiva, la Cámara comunicó una advertencia sanitaria que el organismo oficial no acompañó con información epidemiológica pública suficiente.
El planteo de Capemppor es que, sin datos concretos sobre la ubicación y la evolución de los brotes, los productores quedan obligados a tomar decisiones preventivas con información incompleta, en una actividad en la que los errores sanitarios pueden tener consecuencias económicas importantes.
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