La Cámara Federal de Paraná ratificó el procesamiento de cuatro exmilitares por crímenes de lesa humanidad vinculados con la desaparición del conscripto Jorge Papetti y las torturas a cuatro uruguayos en 1977. Revocó los embargos de $30 millones.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó los procesamientos de cuatro exintegrantes del Ejército por delitos de lesa humanidad cometidos en Concordia durante la última dictadura cívico-militar, en el marco del Plan Cóndor. La resolución fue firmada el 30 de octubre por los jueces Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez.
Los procesados son el teniente primero Juan Ignacio Aleman (78), oficial de inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 en 1977; el teniente primero Jorge Enrique Echeverría (77), también oficial de inteligencia; el capitán Horacio Alberto Goris (81), jefe de personal de la unidad; y el sargento ayudante Miguel Ángel Galeano (75), auxiliar de inteligencia.
El tribunal rechazó parcialmente las apelaciones de las defensas y ratificó lo resuelto por la jueza federal de Concepción del Uruguay, Analía Ramponi, quien había declarado que los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles.
La única parte de la resolución que fue revocada corresponde a los embargos de 30 millones de pesos impuestos a cada imputado. Los camaristas señalaron que la magistrada no había identificado los presupuestos exigidos por el Código Procesal Penal para justificar esas medidas y devolvieron las actuaciones para que dicte un nuevo pronunciamiento.
Plan Cóndor: de qué se acusa a los cuatro exmilitares
Los cuatro imputados están procesados como coautores del delito de asociación ilícita, además de otros delitos que varían según la participación atribuida a cada uno.
A Aleman y Echeverría se les imputan privación ilegal de la libertad y tormentos contra ciudadanos uruguayos, abuso deshonesto agravado por la participación de dos o más personas y encubrimiento del homicidio del conscripto Jorge Emilio Papetti.
A Galeano se le atribuye el encubrimiento de ese homicidio, mientras que a Goris se le imputan la privación ilegal de la libertad y los tormentos contra Papetti, además del encubrimiento de su muerte.
La causa se inició el 14 de abril de 2021, a partir de una denuncia que llegó al Ministerio Público Fiscal desde el Registro Único de la Verdad de Paraná. La investigación fue impulsada por la fiscal federal Josefina Minatta, quien solicitó los procesamientos. Posteriormente, se acumuló el expediente relacionado con el secuestro y la desaparición de Papetti.
Jorge Papetti: el conscripto desaparecido en la dictadura
Jorge Emilio Papetti, apodado Trueno por sus amigos, era un joven de Concordia que había viajado a La Plata para estudiar Geología. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista, una organización de superficie vinculada a Montoneros.
Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 regresó a su ciudad para cumplir el servicio militar obligatorio, que había postergado. Tenía 23 años.
Sus superiores conocían su militancia política. Fue detenido en marzo de 1977 y torturado en la Guardia del regimiento, donde otros conscriptos llegaron a verlo en muy malas condiciones físicas.
Posteriormente fue trasladado a Paraná y, según la investigación, murió como consecuencia de los tormentos sufridos en la Unidad Penal N.º 1. Su cuerpo nunca fue entregado a la familia y continúa desaparecido.
Después de su desaparición, los militares montaron un simulacro de fuga sobre la Ruta Nacional 18, cerca de Concepción del Uruguay, con actuaciones y declaraciones falsas. Sin embargo, según se estableció en otra causa judicial, Papetti ya había muerto.
También se destruyeron los libros de novedades de la guardia del regimiento correspondientes al período comprendido entre 1976 y 1983.
Por este crimen fueron condenados en 2020 el jefe de la unidad militar, Naldo Miguel Dasso, y el director de la Unidad Penal N.º 1, José Anselmo Appelhans.
Papetti integra la lista de 129 soldados conscriptos desaparecidos durante la última dictadura.
Su hermana, María Ema Papetti, sostuvo durante años el reclamo de justicia. Contó que la familia recibió la versión de que Jorge se había escapado cuando en realidad ya no estaba con vida. Sus padres murieron sin conocer qué había sucedido con él.
La mujer manifestó que continuará reclamando hasta conocer toda la verdad y recuperar los restos de su hermano.
Secuestros y torturas a cuatro uruguayos en Concordia
La segunda parte de la investigación está vinculada directamente con el Plan Cóndor, el sistema de coordinación represiva entre las dictaduras militares del Cono Sur.
El 3 de julio de 1977 fueron secuestrados en Concordia los ciudadanos uruguayos María Julia Suárez, Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia. Varios de ellos se habían refugiado en Argentina después del golpe de Estado de 1973 en Uruguay.
Las víctimas fueron trasladadas inicialmente a la Jefatura Departamental de Policía. Después pasaron por dos centros clandestinos de detención no identificados y finalmente fueron llevadas a la Unidad Penal N.º 3.
Durante los interrogatorios sufrieron distintas formas de tortura, entre ellas plantones, submarino seco, aplicación de picana eléctrica y el denominado «teléfono». Permanecieron detenidos durante más de veinte días.
Posteriormente fueron trasladados clandestinamente a Uruguay, donde dos de ellos continuaron presos hasta 1982.
En el caso de Suárez Méndez, antes había permanecido cinco días en Paraná y luego había sido llevado a un centro clandestino de detención de Don Torcuato, desde donde consiguió escapar.
La investigación también sostiene que María Julia Suárez fue víctima de abuso sexual durante uno de los traslados. Además, incorpora la privación ilegal de la libertad de Brenda Levith, Luis Suárez y el hijo de ambos, Joaquín Suárez Levith.
En estos hechos también habrían participado militares uruguayos que colaboraron con sus pares argentinos.
En 2021, María Julia Suárez, actualmente residente en Argentina, presentó la denuncia que permitió poner en marcha esta parte de la investigación.
Plan Cóndor: los roles de los militares en el aparato represivo de Concordia
En su resolución, la jueza Analía Ramponi sostuvo que el aparato represivo que funcionaba en Concordia era dirigido por Naldo Miguel Dasso, jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 e integrante de la estructura del Área 225.
La Cámara Federal avaló esa interpretación y ubicó a Aleman y Echeverría en funciones de dirección dentro del Grupo de Inteligencia, mientras que Galeano cumplía tareas ejecutivas.
Los camaristas señalaron que el delito de asociación ilícita no requiere que todos sus integrantes ocupen la misma posición ni desarrollen idénticas funciones. Por el contrario, la existencia de roles diferenciados de dirección, coordinación, ejecución o encubrimiento posterior forma parte de la estructura de ese tipo de organización delictiva.
Las defensas, ejercidas por los abogados Norberto Giletta y Luis Velasco, habían planteado nulidades, violación del plazo razonable, prescripción y falta de pruebas individualizadas contra sus representados.
La Cámara rechazó esos argumentos, invocó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos «Arancibia Clavel», «Simón» y «Mazzeo», vinculados con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y recordó el valor particular que adquieren los testimonios de las víctimas en procesos por crímenes cometidos en la clandestinidad.
El fiscal general interino, José I. Candioti, había solicitado confirmar la resolución de primera instancia en todos sus términos.
La fiscal Josefina Minatta se había mostrado confiada en la posibilidad de llevar la causa a juicio y obtener condenas, pese a que los hechos investigados ocurrieron hace casi 50 años.
Con la decisión de la Cámara Federal de Paraná, los cuatro exmilitares continúan procesados por su presunta participación en los crímenes de lesa humanidad investigados en Concordia, mientras la causa avanza hacia las próximas etapas judiciales.
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