La Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata ordenó revisar el pedido de Juan Pablo Offidani para radicarse en Entre Ríos. Fue condenado a 15 años de prisión en la causa por el femicidio con abuso sexual de Lucía Pérez y la comercialización de drogas. La mudanza todavía no fue autorizada y dependerá de los controles que pueda garantizar la provincia.
La posibilidad de que Juan Pablo Offidani se instale en Entre Ríos abrió una nueva discusión en torno al caso de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que fue abusada sexualmente y asesinada en octubre de 2016 en Mar del Plata.
Offidani, condenado a 15 años de prisión en esa causa, busca abandonar la ciudad bonaerense y establecerse en territorio entrerriano. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías revocó el rechazo inicial a su planteo y ordenó al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 que vuelva a analizarlo.
La resolución no significa que tenga autorización para mudarse. Antes, el tribunal deberá verificar el domicilio propuesto y determinar si existen condiciones para garantizar los controles judiciales fuera de la provincia de Buenos Aires.
La decisión abre interrogantes sobre la intervención que tendría que asumir Entre Ríos si el traslado se concreta y sobre los mecanismos que se implementarían para supervisar el cumplimiento de las reglas de conducta.
Matías Farías y Juan Pablo Offidani
Los hechos
Lucía Pérez murió en la mañana del 8 de octubre de 2016 durante un encuentro con Matías Farías, en la casa que este alquilaba en el barrio Alfar, en Mar del Plata. Tenía 16 años. Según la hipótesis de la fiscalía Farías y Offidani un día antes se acercaron a la Escuela Media 3 para venderle un cigarrillo de marihuana. La acusación sostuvo que la adolescente fue drogada con cocaína y luego violada. Los acusados la llevaron, aparentemente ya sin vida, a una sala de salud del barrio.
Qué resolvió la Justicia sobre el traslado a Entre Ríos
Los jueces Adrián Angulo y Gastón De Marco consideraron que el cambio de residencia puede ser evaluado mientras Offidani continúa en libertad. Sin embargo, condicionaron esa posibilidad a la verificación del domicilio propuesto y a la implementación de medidas que permitan mantenerlo sometido al control judicial.
Entre las alternativas mencionadas figuran las presentaciones periódicas ante una dependencia policial de Entre Ríos y la constitución de un domicilio especial en la provincia de Buenos Aires para recibir notificaciones.
El pedido fue presentado por su defensora, Romina Merino. Un mes antes, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 había rechazado inicialmente la solicitud, decisión que ahora fue revocada por la Cámara.
Por lo tanto, el expediente vuelve al tribunal de origen, que deberá resolver si el traslado es viable y bajo qué condiciones.
Juan Pablo Offidani
Entre Ríos, ante la posibilidad de controlar a uno de los condenados
Si el pedido prospera, Entre Ríos deberá intervenir en el cumplimiento de las condiciones que establezca la Justicia bonaerense. Esto supone que una dependencia policial local podría quedar a cargo de las presentaciones periódicas y de parte del seguimiento de Offidani.
Sin embargo, todavía no hay precisiones públicas sobre dónde se radicaría, qué dependencia tendría a cargo los controles, qué protocolo se aplicaría ni qué organismo supervisaría su cumplimiento.
La cuestión adquiere relevancia porque se trata de una persona condenada en una causa de enorme repercusión nacional, vinculada con el abuso sexual y la muerte de una adolescente.
La eventual llegada de Offidani también plantea interrogantes sobre la capacidad de coordinación entre las autoridades judiciales bonaerenses y los organismos provinciales que eventualmente deban intervenir. La provincia podría asumir tareas de control sobre una persona cuya situación procesal depende de un tribunal ubicado a cientos de kilómetros.
Los padres de Lucía Pérez
Por qué los jueces consideran viable que deje Mar del Plata
Uno de los argumentos centrales de la Cámara fue la existencia de un «profundo conflicto social» en torno a Offidani en Mar del Plata. Los magistrados señalaron que el rechazo y las situaciones de hostilidad que rodearon su regreso al medio libre no parecen haberse superado.
También valoraron que, desde su excarcelación en diciembre, no se registraron denuncias por incumplimientos de las reglas de conducta impuestas.
Los informes psicológicos de los profesionales que lo atienden describieron situaciones de aislamiento y hostilidad que afectan su vida cotidiana y su tratamiento terapéutico. Según esos informes, una radicación en Entre Ríos podría favorecer sus posibilidades de inserción laboral y la continuidad del tratamiento contra las adicciones.
Otro elemento considerado fue el pedido de la familia de Lucía Pérez para que el Concejo Deliberante de General Pueyrredon declare a Offidani «persona no grata», una iniciativa que se encuentra bajo estudio legislativo.
Para los camaristas, ese planteo constituye una muestra del rechazo social que genera su presencia en Mar del Plata, aunque no lo interpretaron como una situación de hostigamiento atribuible a los familiares de la víctima.
En ese contexto, consideraron que una residencia fuera de esa jurisdicción podría contribuir a descomprimir el conflicto sin afectar los derechos de las víctimas ni los objetivos del proceso judicial.
La condena de Offidani y la situación de Matías Farías
Offidani recibió una pena unificada de 15 años de prisión. Fue condenado por la comercialización de estupefacientes en inmediaciones de un establecimiento educativo y a menores de edad, y como partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes contra Lucía Pérez.
La adolescente tenía 16 años cuando fue asesinada en octubre de 2016 en Mar del Plata. El caso tuvo una enorme repercusión pública y atravesó distintas instancias judiciales.
El otro condenado, Matías Farías, recibió en mayo de 2026 una nueva pena de 23 años de prisión, luego de que se revisara la condena anterior. Tanto la situación de Offidani como la de Farías continúa atravesada por instancias de revisión judicial ante la Suprema Corte bonaerense.
Una excarcelación que sigue bajo revisión
La situación procesal de Offidani también tiene antecedentes recientes. En diciembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 le concedió la libertad condicional. Sin embargo, en abril de 2026, la Cámara revocó ese beneficio y dispuso como alternativa evaluar un régimen de semilibertad, con salidas diurnas de hasta ocho horas para realizar un tratamiento de rehabilitación.
Esa medida tampoco llegó a ejecutarse porque fue apelada ante el Tribunal de Casación bonaerense. Por ese motivo, Offidani continúa en libertad mientras espera una definición sobre esa controversia.
Los jueces tuvieron en cuenta que cumplió más de las dos terceras partes de la pena, aunque la condena todavía no está firme.
La Fiscalía General se opuso al cambio de domicilio porque consideró que podría incrementar los riesgos procesales. Por su parte, los particulares damnificados solicitaron que Offidani regrese a la Unidad Penal 44 de Batán.
Qué falta para que Offidani pueda instalarse en Entre Ríos
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 deberá verificar el domicilio propuesto y determinar si existen condiciones para garantizar los controles que requiere la Justicia bonaerense.
Hasta que exista una nueva resolución, Offidani no tiene autorización para trasladar su residencia y continúa en Mar del Plata.
La discusión, sin embargo, ya involucra a Entre Ríos. Si el tribunal habilita el cambio, las autoridades locales podrían tener que asumir tareas de supervisión sobre uno de los condenados en el caso Lucía Pérez.
La pregunta pendiente es cómo se organizarán esos controles, qué organismos intervendrán y qué garantías tendrá el sistema para asegurar que se cumplan las condiciones judiciales.
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