El principal hospital público de salud mental de Entre Ríos suspendió la admisión de nuevos pacientes por falta de personal. La guardia quedó como única vía de ingreso, en medio de una demanda creciente y una crisis sanitaria que el Gobierno declaró de urgencia.
El Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, principal efector público especializado de Entre Ríos, cerró desde el viernes 6 de noviembre su servicio de admisión, la instancia que recibe a las personas que llegan por primera vez para iniciar un tratamiento. La decisión, comunicada desde el propio nosocomio y confirmada por fuentes consultadas, responde a la falta de recursos humanos, particularmente de profesionales.
La medida deja a la guardia de urgencias como única puerta de entrada al hospital. De esta manera, quienes necesitan comenzar un tratamiento deberán recurrir a un servicio destinado a atender situaciones de urgencia, aunque su necesidad de asistencia no encuadre necesariamente en esa categoría.
El cierre representa un obstáculo concreto para el acceso a la atención en salud mental en un contexto de demanda creciente y equipos de trabajo desbordados. También abre el interrogante sobre la capacidad de la guardia para absorber nuevas consultas sin afectar la atención de las personas que llegan por situaciones críticas.
La preocupación alcanza a trabajadores y pacientes. El principal hospital público especializado de la provincia dejó de recibir por su circuito habitual a quienes buscan iniciar un tratamiento, precisamente cuando Entre Ríos atraviesa un escenario de aumento de los indicadores de suicidio y dificultades para dar respuesta a la demanda.
Según las fuentes consultadas, en lo que va de la actual gestión, renunciaron más de ocho profesionales, en su mayoría médicos, que no encuentran una remuneración acorde con la sobrecarga laboral que deben afrontar.
La Urgencia Sanitaria no sumó presupuesto ni personal
El cierre de la admisión se produce mientras está vigente la Urgencia Sanitaria en Salud Mental, declarada por el Gobierno de Entre Ríos durante un año mediante el Decreto 2130/26.
Según informó oficialmente el Ejecutivo, la medida permite al Ministerio de Salud agilizar los procedimientos administrativos para ejecutar acciones destinadas a fortalecer la atención: capacitación de equipos, redistribución de recursos humanos, creación de dispositivos intermedios y fortalecimiento de los espacios de atención en hospitales y centros de atención primaria.
Sin embargo, la declaración de urgencia no estuvo acompañada por un aumento de las partidas presupuestarias para incorporar más trabajadores y profesionales, según denuncian los trabajadores. El mecanismo habilita el reordenamiento de los recursos existentes, pero no garantiza fondos adicionales para ampliar los equipos.
El cierre de la admisión del Hospital Escuela expone las limitaciones de esa respuesta: mientras se reconoce oficialmente la gravedad de la situación, uno de los servicios básicos del principal efector provincial deja de funcionar por falta de personal.
La advertencia ya había sido planteada en septiembre por Matías Passi, miembro de la conducción de ATE y trabajador del hospital. En ese momento, señaló que la demanda de atención había crecido exponencialmente, mientras los recursos disponibles continuaban siendo históricamente escasos.
«No basta con declarar una urgencia: deben habilitarse mecanismos concretos para asignar presupuesto, incorporar personal y resolver problemas operativos», sostuvo.
Passi también describió el deterioro de la infraestructura y las condiciones materiales de trabajo: máquinas obsoletas que ya no pueden repararse, techos dañados, filtraciones y arreglos provisorios. Además señaló que Entre Ríos pierde psiquiatras porque no puede ofrecer remuneraciones adecuadas.
Salud mental en Entre Ríos: aumentan los suicidios y la demanda de atención
La suspensión de la admisión ocurre en un escenario sanitario crítico. Los indicadores oficiales presentados por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, en abril, dan cuenta de la magnitud del problema.
Según esos datos, la tasa de suicidios de Entre Ríos durante 2024 fue de 13,5 cada 100.000 habitantes, con una incidencia considerablemente mayor entre los varones. El incremento también es sostenido entre los jóvenes, especialmente en el grupo de 19 a 25 años. Desde julio de 2023 se notificaron 841 intentos de suicidio.
Por su parte, organizaciones vinculadas al campo de la salud mental advierten que la provincia duplica la tasa nacional y que en algunas localidades llega a cuadruplicarla.
La presión sobre el sistema sanitario no se limita a Paraná. En Gualeguaychú, el Hospital Centenario es la única institución de la región que ofrece internación en salud mental. Su directora, Andrea Martins, reconoció que las doce camas del servicio generalmente están ocupadas. Además, la institución cuenta con la única psiquiatra infantojuvenil de toda la Costa del Uruguay.
En esa misma ciudad, profesionales del Colegio de Psicología habian advirtido sobre listas de espera de alrededor de cuarenta niños con problemáticas complejas en un solo centro de salud, mientras que el segundo nivel de atención también se encuentra colapsado.
La situación evidencia un problema extendido en Entre Ríos: la demanda de atención en salud mental crece, pero los equipos profesionales y los dispositivos disponibles no alcanzan para responder.
El Hospital Escuela concentra buena parte de esa respuesta. Un informe elaborado en 2025 por psicólogos de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria señaló que su guardia es la única guardia activa en salud mental de toda la provincia.
A su vez, el Órgano de Revisión provincial informó que el 70% de las internaciones responde a razones sociales y no a cuadros clínicos que necesariamente requieran hospitalización. El dato expone también la falta de dispositivos habitacionales y comunitarios capaces de acompañar a las personas que necesitan asistencia fuera de una institución hospitalaria.
La negativa a declarar la emergencia y las prioridades del Gobierno
En abril, durante la interpelación impulsada por la diputada Silvina Deccó en la Cámara de Diputados, el ministro Blanzaco se había negado a declarar la emergencia en salud mental y sostuvo que una medida de esas características no cambiaría la situación.
Deccó, en cambio, planteó que la declaración permitiría asignar mayores recursos presupuestarios e implementar políticas urgentes. También recordó que la provincia ya había declarado emergencias en obra pública y en materia alimentaria.
Con el Gobierno aplicando recortes de manera sostenida, según denuncian trabajadores y gremios, la discusión presupuestaria aparece como un factor central para entender la respuesta oficial. Una emergencia que habilitara mayores recursos implicaría comprometer partidas para atender una problemática que hoy no cuenta con el financiamiento necesario.
Finalmente, el Ejecutivo optó por declarar la Urgencia Sanitaria, un mecanismo que agiliza procedimientos y permite reorganizar recursos existentes, pero que no garantiza por sí mismo la incorporación de personal ni la ampliación del presupuesto.
En ese contexto, otra de las decisiones del Ministerio de Salud generó cuestionamientos. Se trata de Ori, una aplicación de inteligencia artificial presentada como «la primera inteligencia artificial de América Latina para orientar a padres y docentes en temáticas de salud mental».
El anuncio provocó el rechazo de más de veinte organizaciones, entre ellas la Federación de Psicólogxs de la República Argentina, la Asociación Argentina de Salud Mental, colegios profesionales, residencias interdisciplinarias, asociaciones de psiquiatras, cátedras universitarias y gremios.
Las entidades cuestionaron que la herramienta se desarrollara sin consultar a especialistas ni al Consejo Consultivo Honorario. También señalaron que reduce un problema social complejo a una solución tecnificada, traslada responsabilidades a adultos que también atraviesan situaciones de malestar, no garantiza la atención oportuna ni la continuidad de los cuidados y no brinda precisiones suficientes sobre el tratamiento de datos sensibles.
La discusión puso en evidencia un problema de prioridades: mientras el Ministerio presentó una herramienta digital, los centros de salud y hospitales continúan sin el personal suficiente para responder a las consultas. Los profesionales no logran atender a todos los pacientes y, según las denuncias, las demoras para conseguir un turno pueden superar el mes.
El contraste es contundente: se desarrolla una aplicación para orientar a padres y docentes mientras el principal hospital especializado de la provincia cierra su admisión para quienes necesitan comenzar un tratamiento.
El cierre de la admisión amenaza con sobrecargar la guardia
Para trabajadores y pacientes, la suspensión del servicio no constituye un problema administrativo menor. Es una barrera concreta para acceder a la atención en salud mental, en un momento en que crece la demanda, renuncian profesionales y se debilitan los dispositivos comunitarios.
La guardia queda como única alternativa para quienes llegan por primera vez al Hospital Escuela, aunque no todos necesiten una intervención de urgencia. Esto puede trasladar todavía más presión a un servicio que, de acuerdo con los antecedentes disponibles, ya concentra una parte fundamental de la atención provincial.
El problema excede la reorganización interna de un hospital: cuando se cierra la admisión por falta de personal, se interrumpe una de las vías esenciales para que las personas puedan acceder a un tratamiento.
La pregunta ahora es cuánto tiempo permanecerá cerrado el servicio, cuándo se repondrá el personal administrativo y si la Urgencia Sanitaria declarada por el Gobierno se traducirá finalmente en cargos, recursos y presupuesto para garantizar la atención.
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