Referentes gremiales sostienen que el caso de los otorrinolaringólogos no es aislado. Médicos y profesionales de distintas especialidades cuestionan los controles horarios, los sumarios y la exposición pública, mientras advierten sobre los bajos salarios y el deterioro de las condiciones laborales.
La renuncia de todo el equipo de otorrinolaringología del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, adelantada por Demo Comunicación, dejó al descubierto un malestar que se extiende por los hospitales de la provincia. Desde ATE Entre Ríos advierten que lo ocurrido en el San Roque es el síntoma de una tensión que podría escalar a medida que más profesionales expresan su descontento.
Matías Passi, secretario de Derechos Humanos del gremio, lo definió en diálogo con Demo: “Es la gota que rebalsa el vaso, pero no es un hecho aislado en lo que tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores de salud”.
Según explicó, el reclamo atraviesa a médicos, trabajadores sociales, psicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos y odontólogos, que se encuentran “en un nivel de hartazgo”.
El reloj frente a la urgencia
El eje del conflicto es el sistema de control horario SIGAP, que, según Passi, es “una planilla de Excel, una cuestión muy rígida que no está conformada para poder reflejar el trabajo que realizan los equipos de salud”.
El nuevo sistema de control de horarios no contempla una cirugía programada un sábado por la noche ni una urgencia que obliga a un profesional a regresar al hospital fuera de su horario habitual. Son situaciones frecuentes en servicios que deben cubrir guardias durante los 365 días del año.
Tampoco contempla otras modalidades de trabajo sanitario. Passi, quien proviene del sector de salud mental, señaló que las tareas comunitarias en el territorio, fundamentales para acompañar a la población más vulnerable, quedan afuera del sistema. “Nada de eso está contemplado en estos programas”, afirmó.
La discusión, según el dirigente, no pasa por profesionales que incumplen sus obligaciones, sino por un esquema que no se adapta a la dinámica de la atención sanitaria. Un servicio que realiza cirugías, atiende consultorios, responde interconsultas y cubre guardias no puede evaluarse exclusivamente mediante un registro de entrada y salida sin considerar las particularidades de esa actividad.
Sanciones y temor a quedar expuestos
Otro de los puntos de tensión es el temor a la exposición pública. Passi sostuvo que el Gobierno “ha hecho bandera del escrache a los profesionales” y que aplica “una política de división y miedo”.
Según indicó, los sumarios y apercibimientos pueden derivar en la difusión de nombres y apellidos de los trabajadores, incluso cuando posteriormente son exonerados o cuestionan las sanciones ante la Justicia.
El miedo, aseguró, ya condiciona las formas de protesta. “Compañeros profesionales de más de 25 años de trayectoria fueron a la marcha encapuchados y con anteojos porque tenían miedo de que se los reconozca y que puedan tener represalias”, relató. Agregó que se trataba de trabajadores del mismo hospital donde renunció el servicio de otorrinolaringología.
“Así están viviendo los profesionales de la salud hoy en la provincia”, afirmó.
Passi recordó, además, que el ejercicio del derecho a huelga implica el descuento del día y que, a fines del año pasado, hubo despidos en la planta transitoria. Para el dirigente, se trata de “mensajes institucionales del Gobierno para decirle al trabajador: ojo, porque podemos echar, podemos trasladar”.
De héroes de la pandemia a trabajadores sancionados
incendio en el hospital San Roque 4 de agosto del 2024
El contraste con lo ocurrido durante la pandemia es uno de los aspectos que más pesa entre los trabajadores de la salud.
“Qué lejos quedó aquel discurso de la pandemia, donde los profesionales de la salud eran héroes y se pusieron a la población al hombro”, lamentó Passi.
El dirigente cuestionó que, mientras durante la emergencia sanitaria se destacaba el compromiso de los equipos de salud, ahora sea el propio Estado el que difunda sanciones con nombres y apellidos de los trabajadores.
Cabe recordar también el incendio ocurrido en el Hospital San Roque el 4 de agosto de 2024. En aquella emergencia, fueron los propios trabajadores de la salud quienes arriesgaron sus vidas para proteger a los pacientes y resguardar el hospital. Su actuación fue ampliamente reconocida y muchos de ellos fueron calificados como héroes. Sin embargo, apenas dos años después, esos mismos profesionales sienten que su compromiso y trayectoria son desvalorizados y que, lejos de recibir reconocimiento, quedan expuestos públicamente y bajo sospecha por las sanciones administrativas.
Matias Passi Sec. Derechos Humanos ATE Entre Ríos
Salarios que no son los que se imaginan
Passi también buscó cuestionar la percepción sobre los ingresos de los médicos que trabajan en el sistema público. “Los médicos en carrera están entre el millón y el millón y medio de pesos”, precisó, y señaló que un profesional suplente ronda el millón de pesos.
Explicó que existe “un gran achatamiento de la escala salarial, donde no vale la antigüedad, no vale la formación, no vale la capacitación”. También sostuvo que las propuestas paritarias, rechazadas por el gremio, se ubican por debajo de la inflación.
Con esos ingresos, muchos profesionales necesitan sostener su actividad en el ámbito privado para complementar sus salarios. Allí, según el dirigente, perciben remuneraciones considerablemente mayores.
Esa diferencia contribuye a explicar las dificultades para retener especialistas en el sistema público: la salida de un profesional puede tener un costo individual menor que el impacto que genera en un hospital la pérdida de personal con experiencia y formación específica.
Los chicos, los más afectados
El impacto final de esta situación recae sobre los pacientes. En el caso del San Roque, la salida del equipo de otorrinolaringología deja en incertidumbre a los niños que esperan cirugías y seguimientos en una especialidad que concentraba la demanda pediátrica de toda la provincia.
Para ATE, el Ministerio de Salud “tiene que poder tomar nota” de lo ocurrido.
El gremio también reclamó una instancia de diálogo. Passi contó que hubo una primera reunión con el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, pero que los encuentros posteriores fueron reprogramados “al punto de no concretarse ninguna”.
El dirigente insistió en que la situación “no es un hecho aislado” y la definió como “una política de Gobierno a través del Ministerio de Salud” que repercute sobre los equipos encargados de atender a los sectores más vulnerables de la población.
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