Las exigencias de habilitación y registración laboral ponen en dificultades a algunas residencias privadas. Si no logran cumplir con los requisitos en los plazos establecidos, los cierres podrían dejar a adultos mayores sin alojamiento y a trabajadores sin empleo. Los establecimientos que están en regla reclaman que las normas se apliquen por igual.
Los controles sobre los geriátricos privados de Paraná y de otras localidades de Entre Ríos abrieron un escenario delicado. Las exigencias que deben cumplir las instituciones, tanto en materia de infraestructura como de registración de su personal, ponen en riesgo la continuidad de algunas residencias que atraviesan dificultades económicas.
Si estos establecimientos cierran, los adultos mayores que viven en ellos podrían quedarse sin alojamiento y los trabajadores perderían sus empleos, en un contexto de escasez de oportunidades laborales.
El caso de un geriátrico de Viale es uno de los ejemplos más claros. Desde el gremio ATSA (Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina) pudieron constatar que tras recibir una intimación de la Secretaría de Salud para realizar modificaciones en sus instalaciones en un plazo de 15 días, sus responsables decidieron cerrar ante la imposibilidad de ejecutar las obras en ese tiempo. Esto implico la perdida de las fuentes laborales y residentes sin alojamiento.
Qué dice la ley sobre los geriátricos en Entre Ríos
La actividad está regulada en la provincia por la Ley 10.932, que rige las residencias de larga estadía para personas mayores. El control de estos establecimientos es una tarea compartida entre los municipios y la Provincia, en el marco de la Ordenanza 9.503 y de la legislación provincial.
Según establecen las normas citadas, las inspecciones deberían realizarse semanalmente, con la participación de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, la Secretaría de Salud, la Defensoría de Adultos Mayores, el Juzgado de Faltas y las áreas municipales competentes.
En el plano laboral, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley Nacional de Empleo 24.013 establecen la obligación de registrar las relaciones laborales y contemplan consecuencias ante el trabajo no registrado.
Además, el personal de los geriátricos está comprendido en el convenio colectivo 122/75 de la actividad sanitaria, que define categorías como asistente geriátrico, mucamo o mucama geriátrica y auxiliar de enfermería, y establece condiciones relacionadas con las jornadas laborales y la carga de trabajo.
ATSA reclama la regularización laboral sin buscar el cierre de las residencias
Desde la delegación Entre Ríos de ATSA indicaron que vienen realizando intimaciones y participando en audiencias ante la Secretaría de Trabajo para solicitar la regularización de los trabajadores no registrados. Según señalaron, en algunos casos esta situación se arrastra desde hace meses e incluso años.
Desde el gremio aclararon que su intención no es presionar a las instituciones, ya que también está en juego la continuidad de este tipo de residencias. Sin embargo, advirtieron que las exigencias podrían llevar a algunos propietarios a cerrar sus establecimientos debido a las dificultades económicas que atraviesa el sector.
La falta de alternativas en el sistema público
En Paraná existen residencias dependientes del Estado, pero no son suficientes para absorber a la gran cantidad de adultos mayores que actualmente se alojan en el sistema privado.
Por eso, un eventual cierre de varias instituciones podría generar un problema adicional: la reubicación de sus residentes. En la situación descripta, no habría una respuesta disponible para absorber de manera masiva esa demanda en el sistema público.
Geriátricos de Paraná reclaman que las reglas sean iguales para todos
Abogados consultados por este medio indicaron que trabajan en negociaciones para cumplir con las exigencias y evitar que la situación derive en nuevos cierres.
Por su parte, responsables de geriátricos de Paraná consultados por Demo Comunicación aclararon que, si bien se realizan controles, no todos los establecimientos incumplen las normas.
Los consultados señalaron que sus instituciones están en regla y no atraviesan dificultades en ese aspecto. Además, reclamaron que las reglas sean iguales para todos y que se cumplan en todas las residencias, tal como —afirmaron— lo hacen ellos.
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