El Tribunal Oral Federal de Paraná impuso a Julio César Aguirre tres años de prisión en suspenso por abusar sexualmente y maltratar a una integrante del Regimiento de Caballería de Tanques 6, ubicado en la ciudad de Concordia. También deberá pagarle 10 millones de pesos. La condena se suma a otras denuncias contra integrantes del Ejército en unidades militares de Entre Ríos.
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Julio César Aguirre, teniente primero y exdirector de la Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” de Concordia, por abusar sexualmente y maltratar a una soldada voluntaria que estaba bajo su autoridad.
La jueza Noemí Marta Berros le impuso tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple, agravado por el abuso coactivo o intimidatorio de una relación de autoridad o de poder, en concurso real con maltrato a un inferior. Además, dispuso que deberá pagarle 10 millones de pesos a la víctima y cumplir una serie de restricciones de acercamiento y contacto.
La sentencia, identificada como número 30/26, fue dictada el 2 de noviembre de 2026, en el marco de un juicio abreviado. El acuerdo entre las partes se había alcanzado el 19 de octubre. Intervinieron el fiscal José Ignacio Candioti, el defensor Daniel Cedro y el defensor público de la víctima, Juan Ignacio Lazzaneo.
El caso se suma a otras denuncias por abusos y violencia contra mujeres que integran el Ejército en Entre Ríos. En los últimos años se conocieron episodios en unidades militares de Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, con investigaciones judiciales y medidas de protección para las denunciantes.
El acoso y los abusos dentro del regimiento de Concordia
De acuerdo con los hechos acreditados en la causa, entre agosto y el 23 de septiembre de 2023 Aguirre mantuvo conductas de hostigamiento hacia la soldada. La joven recibió acercamientos físicos, comentarios sobre su aspecto, invitaciones y propuestas que rechazó.
El 23 de septiembre se produjeron cuatro episodios consecutivos. En uno de ellos, el oficial la abrazó y la besó sin su consentimiento. En otro, se acercó por detrás mientras ella preparaba mate por orden de sus superiores. También intentó besarla en tres oportunidades cuando la joven le llevó una infusión a su oficina.
En el último episodio, Aguirre la habría obligado a recostarse sobre una mesa y la habría tocado sin su consentimiento. La soldada logró apartarse y se refugió en el alojamiento femenino del regimiento.
La joven no realizó la denuncia ese mismo día por temor a posibles represalias, en el contexto de la relación jerárquica que mantenía con el oficial. Al día siguiente les contó lo ocurrido a una compañera que cumplía funciones de guardia y la situación llegó a la cadena de mando.
A partir de entonces se activó el protocolo institucional de género, la víctima obtuvo una licencia y Aguirre fue apartado de la Banda Militar. El 26 de septiembre de 2023 se formalizó la denuncia ante la Policía Federal.
La jueza consideró acreditados los hechos y la relación de poder
Para dictar la condena, la jueza valoró la denuncia de la víctima, los testimonios de integrantes del regimiento y el reconocimiento de Aguirre, quien pidió disculpas. El acusado no negó los hechos, aunque durante el proceso se refirió principalmente a la rutina de trabajo de la unidad.
La magistrada consideró que las conductas denunciadas constituyeron violencia de género y maltrato hacia una subordinada. También tuvo en cuenta los antecedentes incorporados al expediente, entre ellos una denuncia anterior de otra subordinada en Córdoba, que había sido archivada, y el testimonio del jefe del regimiento, quien señaló que Aguirre había recibido advertencias verbales por su comportamiento con personal femenino.
Al establecer la pena, la jueza consideró como atenuante la ausencia de condenas anteriores. Entre los agravantes mencionó el contexto de violencia de género, el carácter institucional de los hechos, la diferencia de edad y experiencia entre el acusado y la víctima, y las consecuencias psicológicas que sufrió la joven.
La relación de jerarquía militar no fue considerada un agravante adicional, porque ya estaba contemplada en la calificación legal de los delitos por los que fue condenado. Asimismo, los cuatro episodios fueron valorados como parte de una misma acción.
La condena: tres años de prisión en suspenso y restricciones de acercamiento
Aguirre recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Esto significa que no deberá cumplirla en una unidad penitenciaria, siempre que respete las condiciones fijadas por la Justicia.
Entre las reglas de conducta impuestas se encuentran la obligación de mantener su domicilio en Concordia e informar cualquier cambio, someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y no acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la víctima.
También deberá retirarse de cualquier lugar en el que se encuentre con ella y abstenerse de hostigarla o mantener contacto con la joven y su grupo familiar. Además, tendrá que asistir de manera presencial a un taller municipal sobre violencia de género y acreditar que completó la capacitación.
El incumplimiento de estas condiciones podría provocar la revocación de la condena condicional y que deba cumplir la pena en prisión.
Deberá pagar 10 millones de pesos a la víctima
La sentencia también estableció que Aguirre deberá abonar una reparación económica de 10 millones de pesos a la joven. El pago se realizará en diez cuotas mensuales de un millón de pesos, entre los días 1 y 5 de cada mes.
La reparación fue acordada con la víctima y se incorporó al proceso como una medida destinada a reconocer los daños ocasionados.
La joven pidió no estar presente durante la audiencia porque ver a su agresor le generaba angustia. Según explicó el fiscal, la realización del juicio abreviado respondió también a un pedido de la víctima, que buscaba evitar la exposición que podía implicar un debate oral y público.
Otros antecedentes de denuncias contra militares en Entre Ríos
La condena dictada en Concordia no constituye el único antecedente de denuncias por abusos y violencia contra mujeres dentro de unidades del Ejército en la provincia. En los últimos años se registraron otros episodios en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que también tuvieron intervención judicial.
Una denuncia en el Batallón de Ingenieros de Concepción del Uruguay
A fines de octubre y principios de noviembre de 2026 se conoció una denuncia presentada por una joven integrante del Ejército por un hecho ocurrido dentro del Batallón de Ingenieros de Concepción del Uruguay, ubicado en la intersección de las calles Suipacha y Aráoz.
El episodio habría ocurrido entre el jueves y el viernes de la última semana de octubre. La joven radicó la denuncia ante la Policía Federal Argentina y, tras una intervención inicial de la Justicia provincial, la causa pasó a la órbita de la Justicia Federal.
El cambio de jurisdicción se produjo porque los involucrados son militares en funciones y el hecho denunciado habría ocurrido dentro de un predio de jurisdicción federal.
En el marco de las primeras medidas judiciales se dispusieron medidas de protección para la denunciante y la separación preventiva del superior señalado. La investigación deberá determinar las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades.
Las denuncias de tres soldadas en Gualeguaychú
Otro antecedente relevante se registró en el Regimiento de Caballería de Tanques 12 “Dragones Coronel Zelaya” y el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, en Gualeguaychú.
El caso tomó estado público en abril de 2023, luego de las denuncias formales presentadas por tres soldadas. El 11 de abril de ese año se ordenó la detención del entonces jefe del regimiento y de otros suboficiales involucrados.
La investigación tuvo avances judiciales posteriores. El 1 de noviembre de 2023, el Juzgado Federal procesó al exjefe de la unidad y a un encargado por el delito de encubrimiento del abuso sexual.
Luego, el 29 de mayo de 2024, el fiscal federal subrogante Pedro Mariano Rebollo avanzó con nuevos procesamientos contra sargentos de la unidad por abusos reiterados contra las soldadas voluntarias.
Las causas llegaron a distintas instancias de juicio y casación federal. Entre los aspectos relevantes de estos procesos se encuentra la aplicación de criterios de reparación económica integral a favor de las víctimas, en consideración a los daños laborales y psicológicos que denunciaron haber sufrido durante su permanencia en la fuerza.
Los casos de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú muestran que las denuncias por violencia y abusos contra mujeres dentro de unidades militares se repitieron en distintos puntos de Entre Ríos. También ponen en discusión las relaciones de autoridad, las condiciones de trabajo y la eficacia de los mecanismos institucionales destinados a prevenir estas situaciones y proteger a quienes las denuncian.
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