La Justicia confirmó que Telefónica debe pagar más de $17 millones a Paraná

La Cámara Federal de Paraná rechazó la apelación de Telefónica Móviles Argentina y confirmó la validez de las tasas municipales por más de $17 millones, correspondientes a los períodos comprendidos entre junio de 2016 y enero de 2018. El tribunal impuso las costas de la segunda instancia a la empresa.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el rechazo de la demanda de Telefónica Móviles Argentina S.A. contra la Municipalidad de Paraná y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La empresa cuestionaba la constitucionalidad de dos tributos municipales que, en conjunto, superan los $17 millones.

El fallo, dictado el 17 de noviembre de 2026, ratificó la exigibilidad de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (TISHPS) y del Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y el Turismo. La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces Beatriz Estela Aranguren, Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez, integrantes del tribunal.

La controversia se originó en los reclamos tributarios correspondientes al período comprendido entre junio de 2016 y enero de 2018. Telefónica había cuestionado la legalidad de esos cobros al sostener que el municipio no prestaba servicios concretos que justificaran su aplicación y que las tasas avanzaban sobre competencias exclusivas del Estado nacional en materia de telecomunicaciones.

Cuánto reclamaba la Municipalidad de Paraná

El reclamo municipal se dividió en dos períodos. Por los meses comprendidos entre junio de 2016 y enero de 2017, la deuda discutida ascendía a $5.955.933,67. Posteriormente, la empresa amplió la demanda para incluir el período de febrero de 2017 a enero de 2018, por otros $11.075.888,27.

De esta manera, el monto total controvertido alcanzó los $17.031.821,94.

Telefónica solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de ambos tributos. Entre sus argumentos, sostuvo que las tasas vulneraban la Constitución Nacional y las leyes nacionales de Telecomunicaciones 19.798 y Argentina Digital 27.078. También alegó una afectación de su derecho de propiedad.

Por qué la Cámara confirmó las tasas municipales

Uno de los principales argumentos de la empresa fue que el cobro de una tasa requiere una contraprestación efectiva e individualizada por parte del Estado. La Cámara reconoció ese principio, conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero consideró que, en este caso, el municipio había acreditado el ejercicio de sus funciones de control.

Como respaldo, el fallo mencionó los expedientes administrativos 6362/2017 y 7846/2018, vinculados con procedimientos de habilitación y renovación de habilitaciones.

Según la resolución, esos trámites incluyen verificaciones relacionadas con la ubicación de las instalaciones, la seguridad edilicia, las conexiones eléctricas, la higiene y la salubridad. La Municipalidad también invocó otros servicios, como desratización gratuita, controles bromatológicos y de tránsito, y actuaciones vinculadas con la defensa del consumidor.

A partir de esos elementos, los jueces concluyeron que existían fundamentos para sostener la aplicación de la tasa municipal.

Las alícuotas y el planteo de confiscatoriedad

La empresa también cuestionó los porcentajes aplicados y planteó que la carga tributaria resultaba confiscatoria.

La Cámara consideró que la normativa municipal establece con claridad la base de cálculo y la alícuota del 5% sobre los ingresos atribuibles a la jurisdicción para la TISHPS. Además, señaló que Telefónica no había acreditado que el tributo absorbiera una porción sustancial de su patrimonio o renta que permitiera considerar configurada la confiscatoriedad.

En cuanto al Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y el Turismo, el tribunal indicó que se trata de un adicional con una alícuota del 1,2%, previsto en el artículo 64 del Código Tributario Municipal y vinculado con la tasa principal. También descartó que se hubiera demostrado su carácter confiscatorio.

Qué resolvió sobre las competencias nacionales

Otro de los ejes de la apelación fue la presunta invasión de las competencias nacionales en materia de telecomunicaciones.

La Cámara sostuvo que la jurisdicción federal sobre los servicios de telefonía no excluye las facultades de los municipios para ejercer su poder de policía y establecer tributos dentro de sus atribuciones. Para fundamentar esa interpretación, citó precedentes de la Corte Suprema, entre ellos Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús.

Los jueces agregaron que la empresa no había demostrado que los tributos cuestionados interfirieran con la política nacional de telecomunicaciones o con el comercio interjurisdiccional.

El tribunal también rechazó el planteo referido a la publicación de las ordenanzas municipales. Según la sentencia, existen constancias de su publicación en el Boletín Oficial y elementos que indican que la empresa pudo ejercer su derecho de defensa en sede administrativa.

Costas, honorarios y posibilidad de recurrir a la Corte

La Cámara impuso las costas de la segunda instancia a Telefónica, por resultar vencida en su apelación.

Además, reguló los honorarios del abogado de la empresa, Miguel Alejandro Máximo Teson, en 8,40 UMA, equivalentes a $907.242. Los correspondientes al representante de la Municipalidad de Paraná, Adrián Andrés Albornoz, fueron fijados en 9 UMA, equivalentes a $972.045.

La resolución también recordó un antecedente del mismo tribunal, del 10 de junio de 2026, en otra causa entre Telefónica Móviles Argentina y la Municipalidad de Paraná, identificada con el expediente FPA 3227/2023.

Por último, los jueces tuvieron presente la reserva del caso federal formulada por la compañía. Esa reserva permite mantener planteada la cuestión federal y, si se cumplen los requisitos procesales correspondientes, intentar un eventual recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo constituye un nuevo pronunciamiento judicial favorable a la Municipalidad de Paraná en su disputa tributaria con la empresa de telecomunicaciones. La Cámara confirmó la validez de los cobros discutidos en este expediente, aunque una eventual revisión por parte de la Corte Suprema dependerá de la presentación y admisibilidad del recurso correspondiente.

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