La Justicia Federal rechazó las apelaciones de cinco imputados por el cargamento de 1.345 kilos de marihuana secuestrado en La Paz. Demo Comunicación había revelado, a partir del expediente, interrogantes sobre el vínculo del comisario y abogado Daniel Rosatelli con la droga, la operación comercial de la camioneta, los cheques cuestionados y el cambio de los investigadores. La Cámara consideró suficientes los elementos reunidos para sostener los procesamientos, aunque la causa continúa abierta y no hay condena.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó los procesamientos, las prisiones preventivas y los embargos de Daniel Alejandro Rosatelli, Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio Daniel Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, imputados en la investigación por el transporte de más de 1.300 kilos de marihuana en el departamento La Paz.
La resolución, firmada el 17 de noviembre de 2026 por las juezas Cintia Graciela Gómez y Beatriz Estela Aranguren y el juez Mateo José Busaniche, rechazó los recursos de las defensas y mantuvo lo dispuesto el 10 de septiembre por el Juzgado Federal N.º 1 de Paraná.
El fallo representa un respaldo judicial a la investigación y a las medidas cautelares adoptadas. Sin embargo, la reconstrucción de las actuaciones plantea interrogantes que exceden el resultado de la apelación, en particular sobre el papel atribuido a Rosatelli, la trazabilidad del dinero utilizado para adquirir la camioneta involucrada y las circunstancias que rodearon el cambio de los investigadores policiales.
Demo Comunicación había analizado esas cuestiones a partir de declaraciones testimoniales, registros audiovisuales y documentación incorporada al expediente. La nueva resolución obliga a confrontar aquellos cuestionamientos con los argumentos que llevaron a la Cámara a mantener las imputaciones.
El operativo y los 1.345 kilos de marihuana
La causa comenzó el 13 de febrero de 2026, alrededor de las 20.30, cuando efectivos de la Brigada La Paz de la Dirección General de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos recibieron información sobre la presencia de dos vehículos sospechosos en inmediaciones de la comuna Ombú.
Los policías localizaron una camioneta Toyota Hilux y un utilitario blanco. Al intentar detener este último, una Citroën Jumper, su conductor desobedeció las señales policiales y escapó a gran velocidad por la Ruta Nacional 12 hasta ingresar en un camino rural conocido como El Borello.
Los tres ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron a pie hacia una zona de montes próxima al Hipódromo de La Paz.
En el interior de la camioneta, los investigadores encontraron 61 bultos con 1.716 panes de marihuana, cuyo peso total ascendió a 1.345,51 kilogramos. También se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa.
Uno de los ocupantes que escapó fue identificado posteriormente como César Leonel Ramírez. La investigación avanzó sobre la presunta existencia de una estructura con diferentes funciones para trasladar el cargamento, alertar sobre controles policiales y facilitar los vehículos utilizados.
La magnitud del procedimiento constituye el punto de partida de una investigación que busca establecer quiénes participaron en la maniobra y qué función habría cumplido cada uno.
La Cámara: indicios suficientes para mantener los procesamientos
En su resolución, los jueces señalaron que para dictar un procesamiento no se requiere acreditar definitivamente la comisión del delito, sino reunir elementos de convicción suficientes sobre el hecho y la intervención de los imputados.
El tribunal sostuvo que la resolución de primera instancia examinó actas de requisa y secuestro, croquis, informes registrales, testimonios, registros fílmicos y de videovigilancia, peritajes de teléfonos celulares e informes patrimoniales, entre otros elementos.
Según la Cámara, las pruebas deben valorarse de manera conjunta, porque la convergencia de distintos indicios puede permitir sostener una hipótesis delictiva aun cuando no exista una evidencia aislada que explique toda la maniobra.
Este razonamiento fue central para rechazar los recursos. Los magistrados entendieron que las objeciones de las defensas no justificaban modificar los procesamientos ni las medidas cautelares.
La decisión, no obstante, se adoptó en una etapa procesal previa a una eventual condena. No constituye una declaración definitiva de culpabilidad de ninguno de los cinco imputados.
Rosatelli: el interrogante sobre el vínculo con el cargamento
Uno de los principales cuestionamientos expuestos por Demo Comunicación se concentra en la situación de Daniel Rosatelli, abogado y funcionario policial que fue procesado y permanece detenido.
En el artículo de investigación elaborado a partir del expediente, Demo Comunicación surge que, durante las declaraciones del 7 de septiembre ante el juez federal Leandro Ríos, cinco investigadores fueron consultados sobre la existencia de elementos objetivos que vincularan a Rosatelli con la compra de la camioneta y el transporte de estupefacientes.
Según la reconstrucción de esas declaraciones, los investigadores respondieron negativamente. Entre ellos se encontraba el comisario Adrián Alfredo Ramos, quien habría reconocido que no existían escuchas, entrecruzamientos de antenas ni geolocalizaciones que conectaran directamente a Rosatelli con las personas identificadas en el transporte.
La defensa también cuestionó que no hubiera una transferencia bancaria, una extracción de dinero, un movimiento patrimonial o una pericia contable que acreditara que Rosatelli aportó entre 15 y 20 millones de pesos para adquirir el vehículo.
La cuestión central es si los indicios indirectos reunidos permiten establecer una vinculación suficientemente sólida entre Rosatelli y la maniobra de narcotráfico.
La Cámara respondió a este tipo de planteos con un criterio más amplio: consideró que la hipótesis de una actuación organizada no exige necesariamente comunicaciones telefónicas directas entre todos sus integrantes y que corresponde evaluar conjuntamente los aportes atribuidos a cada uno y las restantes pruebas.
De ese modo, el tribunal no consideró decisiva la ausencia de comunicaciones directas para revocar el procesamiento. La controversia sobre el alcance y la fuerza de los indicios permanece abierta para las siguientes etapas del proceso.
La camioneta y las diferencias sobre el dinero
La Citroën Jumper utilizada para transportar la marihuana tiene una historia comercial previa que constituye otro de los puntos relevantes del expediente.
El 4 de noviembre de 2025, Martín Pelizzari se habría comunicado con Rosatelli para realizar el trámite de transferencia del vehículo. Según figura en la documental del expediente, las cámaras del sistema 911 registraron el encuentro frente al domicilio del abogado.
La reconstrucción publicada por este medio indicó que Rosatelli no subió a la camioneta y que, ante la necesidad de realizar una verificación, derivó a los interesados al estudio jurídico que ocupaba en calle Corrientes. Allí habría completado el trámite en línea y cobrado honorarios por su intervención profesional, de los que, según la publicación, existía un recibo.
La defensa sostuvo que ese contacto respondía a una relación profesional previa y no acreditaba participación en una operación de narcotráfico.
La hipótesis acusatoria, en cambio, vinculó a Rosatelli con el presunto financiamiento de la adquisición del rodado. Para sostener esa interpretación se examinaron declaraciones sobre pagos y negociaciones que involucran a distintas personas.
Ademas surgen diferencias entre las sumas mencionadas por los declarantes: 15 millones de pesos, 18 millones y 20 millones. También señaló que Cristian Sebastián Novello, quien declaró el 4 de septiembre de 2026, afirmó haber entregado la camioneta a Jonatan Emanuel Barbieri a cambio de cheques que terminaron cuestionados por falta de fondos.
Novello manifestó que no conocía a Rosatelli y que nunca había tenido trato con él.
Las diferencias entre los montos no demuestran por sí mismas que las declaraciones sean falsas ni que se trate necesariamente de operaciones distintas. Pero plantean una necesidad concreta para la investigación: reconstruir la secuencia comercial, identificar a quienes entregaron y recibieron el dinero y establecer qué documentación respalda cada versión.
La pregunta pendiente es si la ruta del dinero, la de los cheques y la del vehículo fueron reconstruidas de manera integral y si sus resultados permiten establecer una conexión objetiva con el financiamiento del transporte de marihuana.
El supuesto secuestro de la camioneta en la Planta Verificadora
Otro episodio destacado por Demo Comunicación se relaciona con la versión de que la camioneta habría quedado secuestrada en la Planta Verificadora de avenida Zanni, en Paraná.
Según su declaración, Novello recibió esa información de Barbieri y concurrió personalmente a la planta alrededor del 25 de noviembre de 2025 para recuperar el rodado. Afirmó que un policía le permitió ingresar, pero que la camioneta no estaba allí. También declaró que dejó un teléfono de contacto y que nunca volvieron a comunicarse con él.
En la investigacion inicial no existía documentación que acreditara el supuesto ingreso del vehículo a la planta, ni registros oficiales que permitieran determinar quién lo llevó, cuándo habría ocurrido y cuánto tiempo permaneció allí.
Este punto requiere distinguir entre la existencia de una versión testimonial y su corroboración documental. Para establecer qué ocurrió con la camioneta sería necesario examinar los registros de ingreso y egreso, las actuaciones de verificación y las personas que tuvieron el vehículo en su poder.
La resolución de la Cámara, al confirmar los procesamientos, no convirtió por sí misma cada una de esas cuestiones en un hecho probado de manera definitiva.
Los cheques y la necesidad de reconstruir la operación
La documentación comercial constituye una línea de investigación relevante porque permite contrastar las distintas declaraciones sobre la adquisición del vehículo.
El expediente, según la reconstrucción de Demo Comunicación, incluye referencias a cheques entregados en una operación entre Novello y Barbieri, vinculados con un tercero identificado como José David Juárez.
La investigación periodística cuestionó si se profundizó suficientemente el recorrido de esos instrumentos, sus titulares, los endosos, las fechas de emisión y las cuentas involucradas.
La relevancia de esa reconstrucción reside en que la camioneta fue utilizada posteriormente para transportar el cargamento de marihuana. Sin embargo, la utilización del vehículo por los presuntos transportistas no permite atribuir automáticamente a todas las personas que intervinieron en su historia comercial conocimiento o participación en el narcotráfico.
El desafío probatorio consiste en determinar qué sabía cada protagonista, cuál fue su aporte y qué elementos objetivos permiten vincularlo con el delito investigado.
Los relojes y la hipótesis patrimonial
Otro de los aspectos cuestionados fue la interpretación de los relojes secuestrados a Rosatelli como un posible indicador de un nivel económico incompatible con sus ingresos.
La defensa tiene acreditada la trazabilidad patrimonial del abogado y cuestionó que los objetos fueran considerados bienes originales de alto valor. Según esa versión, los dos relojes atribuidos a la marca Rolex serían réplicas y se había solicitado una pericia para establecer su autenticidad.
La cuestión debe examinarse a partir de una comprobación técnica y documental: la autenticidad de los objetos, su valor, la fecha y las condiciones de adquisición y su eventual relación con el dinero que se le atribuye haber aportado a la operación comercial.
La posesión de un reloj, original o réplica, no acredita por sí sola la participación en un delito de narcotráfico. Del mismo modo, la ausencia de una inconsistencia patrimonial cuantificada no excluye automáticamente una eventual participación delictiva si existieran otras pruebas independientes.
El valor probatorio de este elemento depende de su conexión concreta con los hechos investigados.
La agresión denunciada en la ONG Suma de Voluntades
La causa también incorporó un episodio ocurrido el 12 de noviembre de 2025 en la sede de la ONG Suma de Voluntades, donde Sixto Ramón Maciel habría sufrido una agresión que le provocó lesiones graves en la cabeza y una hemorragia intracraneal.
En relación con ese hecho, la Cámara consideró que las declaraciones de Maciel, Jonatan Barbieri y otros testigos, junto con los informes médicos, permiten sostener provisionalmente una vinculación entre la agresión y las circunstancias que rodearon la adquisición de la camioneta.
Los jueces señalaron que la proximidad temporal entre la denuncia por estafa formulada por Barbieri y el episodio sufrido por Maciel constituye un elemento relevante. La hipótesis es que ambos acontecimientos podrían integrar una misma secuencia vinculada con la disponibilidad del vehículo para su posterior utilización en el transporte de estupefacientes.
Sin embargo, el tribunal también indicó que la investigación debe profundizarse en ese punto.
Demo Comunicación había recogido cuestionamientos de la defensa sobre el motivo de la reunión en la ONG. Según esa versión, el encuentro respondía a diferencias laborales relacionadas con la contratación de una cooperativa para una obra y Rosatelli habría intervenido en su condición de abogado asesor.
La publicación también señaló que existían mensajes de WhatsApp vinculados con el conflicto comercial y que algunos testigos presentes negaron la agresión denunciada. Esos planteos deben confrontarse con la totalidad de las declaraciones, los informes médicos, los registros audiovisuales y las comunicaciones incorporadas al expediente.
La Cámara no aceptó que las objeciones de la defensa justificaran modificar el procesamiento. Consideró que los elementos disponibles permiten sostener provisionalmente la conexión investigada, sin perjuicio de profundizar las medidas pendientes.
La discusión, por lo tanto, no se limita a determinar qué ocurrió dentro de la ONG. También exige establecer si ese episodio tiene una relación probatoria concreta con la operación de la camioneta y el transporte de marihuana.
Barbieri y la necesidad de corroborar los testimonios
Jonatan Emanuel Barbieri aparece en distintos tramos de la historia comercial de la camioneta y en las actuaciones relacionadas con la denuncia por estafa.
Barbieri había sido investigado en otra causa por presunta asociación ilícita, en la que se le atribuían funciones vinculadas con el aporte de información, la logística y la provisión de recursos para cometer delitos.
La existencia de esa investigación previa no demuestra que sus declaraciones actuales sean falsas ni permite descartarlas automáticamente. Sí refuerza la importancia de contrastar sus afirmaciones con pruebas independientes, especialmente cuando sus dichos resultan relevantes para reconstruir una operación comercial con versiones divergentes.
En una causa de esta magnitud, los testimonios deben ser evaluados junto con los documentos, los registros bancarios, las comunicaciones y las demás pruebas disponibles. El objetivo es determinar qué afirmaciones cuentan con corroboración objetiva y cuáles requieren nuevas medidas de investigación.
El cambio de los investigadores y las sospechas de una interna policial
Uno de los aspectos más sensibles fue el cambio de los responsables de la investigación policial.
Según la reconstrucción periodística, el comisario Diego Godoy, jefe de la División Toxicología de La Paz, intervino desde el comienzo de las actuaciones. El 9 de marzo de 2026 habría sido apartado de manera intempestiva y se le habría ordenado elevar lo actuado.
Las tareas pasaron a un equipo integrado por el comisario general Claudio Passadore, el comisario Adrián Ramos y los oficiales Lucas Miraglio y José Maidana.
Cabe recordar que Rosatelli había mantenido conflictos dentro de la fuerza por su intervención profesional en denuncias sobre presuntas irregularidades relacionadas con fondos del sistema 911 y otros asuntos internos.
A partir de esos antecedentes, la publicación planteó la hipótesis de una posible interna policial o una represalia contra el funcionario.
Otro aspecto que llamaron la atención fueron las declaraciones públicas del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, acerca de la intervención de la Policía Federal. Según sus propias declaraciones periodísticas la fuerza nacional habría intervenido en los allanamientos, mientras que las pesquisas documentadas en el expediente fueron realizadas por la Policía de Entre Ríos.
La cuestión merece una reconstrucción precisa de las competencias de cada fuerza, las órdenes impartidas y la cronología de las actuaciones. El cambio de responsables, por sí solo, no prueba una irregularidad, pero sus fundamentos y consecuencias pueden ser relevantes para evaluar cómo se desarrolló la investigación.
La resolución de la Cámara del 17 de noviembre no acredita la existencia de una interna policial ni constituye una investigación sobre eventuales represalias. Su objeto fue revisar los procesamientos, las prisiones preventivas y los embargos apelados.
Las prisiones preventivas y los riesgos procesales
Las defensas también cuestionaron la continuidad de las detenciones. En este punto, la Cámara recordó que la permanencia en libertad durante el proceso es un derecho constitucional y que la prisión preventiva debe responder a riesgos procesales concretos.
El tribunal consideró que las circunstancias de la causa justificaban mantener las medidas cautelares, a partir de factores relacionados con la gravedad de los delitos atribuidos, la magnitud del cargamento, la presunta organización de la maniobra y la posibilidad de que existan otros participantes cuya identidad todavía deba determinarse.
Los jueces entendieron que los planteos de las defensas no alcanzaban para modificar lo dispuesto en primera instancia.
La prisión preventiva no es una pena anticipada y debe diferenciarse de una condena. Su continuidad depende de los fundamentos cautelares evaluados judicialmente, mientras que la responsabilidad penal debe resolverse a partir de las pruebas que se produzcan y valoren en las etapas correspondientes.
Qué preguntas siguen abiertas
La decisión de la Cámara establece que, para esta etapa del proceso, existen elementos suficientes para mantener las imputaciones contra los cinco acusados. No obstante, la reconstrucción periodística de Demo Comunicación permite identificar asuntos que requieren una evaluación documental rigurosa a medida que avance la causa:
- El vínculo de Rosatelli con el cargamento: qué elementos, además de los indicios indirectos, permiten establecer su conocimiento o participación en la maniobra.
- El recorrido del dinero: quiénes aportaron los fondos para la adquisición de la camioneta y qué documentos respaldan las distintas sumas mencionadas.
- La ruta de los cheques: quién los emitió, quién los recibió, qué cuentas intervinieron y cómo se relacionan con la operación comercial.
- La historia del vehículo: qué ocurrió entre la verificación, el supuesto ingreso a la Planta Verificadora y su posterior utilización en el transporte de marihuana.
- El episodio de la ONG: qué relación concreta existe entre la agresión denunciada, el conflicto comercial y la disponibilidad del vehículo.
- El cambio de investigadores: cuáles fueron sus fundamentos y si las modificaciones en la conducción de las tareas afectaron la amplitud o la objetividad de las pesquisas.
- La Toyota Hilux: qué papel cumplió el vehículo que, según la investigación, habría circulado por delante del utilitario y qué elementos permiten establecer la responsabilidad de sus ocupantes y de quienes facilitaron su uso.
Estas preguntas no constituyen una demostración de inocencia ni invalidan automáticamente las pruebas valoradas por la Cámara. Señalan aspectos cuya relevancia debe medirse mediante documentos, testimonios corroborados y peritajes.
Una causa de narcotráfico bajo examen
El fallo del 17 de noviembre ratifica la posición del Juzgado Federal N.º 1 de Paraná y mantiene a los cinco imputados procesados, detenidos preventivamente y sujetos a embargos sobre sus bienes.
La Cámara entendió que las pruebas deben analizarse en conjunto y que la ausencia de comunicaciones directas no excluye, por sí sola, la posibilidad de una actuación coordinada. También consideró que los testimonios y los informes médicos permiten sostener provisionalmente una conexión entre el episodio de la ONG y la historia de la camioneta.
Al mismo tiempo, el expediente plantea la necesidad de distinguir entre los indicios que sustentan una imputación y las conclusiones que solo podrán establecerse mediante una investigación completa y un eventual juicio.
La pregunta central sigue siendo cómo se vincula cada acusado con el cargamento y qué pruebas concretas respaldan la responsabilidad que se le atribuye. En una investigación por narcotráfico de esta magnitud, esclarecer esa relación es tan importante como determinar quiénes transportaron la droga.
La causa continúa abierta. Los procesamientos y las prisiones preventivas se mantienen, pero la responsabilidad penal de los imputados aún no ha sido establecida mediante una sentencia condenatoria.












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