Salud mental y violencia de género: la Asamblea Feminista cuestiona al Gobierno de Frigerio

La organización reclamó declarar la emergencia en salud mental y en violencias de género en Entre Ríos. También cuestionó la contratación de un consultor vinculado a la herramienta de inteligencia artificial Ori y pidió partidas específicas en el Presupuesto 2027.

La Asamblea Feminista de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná cuestionó las políticas del gobierno de Rogelio Frigerio en materia de salud mental y prevención de las violencias por motivos de género. En un documento difundido en noviembre, advirtió sobre la gravedad de la situación provincial, la saturación del sistema público de salud y las dificultades para sostener las políticas de prevención y asistencia.

La organización reclamó que se declare la emergencia en salud mental y en violencias de género, y que el Presupuesto 2027 contemple recursos específicos para garantizar políticas de prevención, promoción y asistencia, además de acciones vinculadas con la salud integral, la Educación Sexual Integral (ESI) y los derechos sexuales y reproductivos.

El pronunciamiento da continuidad al documento anterior, titulado «Algo está pasando en Entre Ríos», y describe un escenario de desgaste entre trabajadores de la salud, la educación y los espacios comunitarios, junto con dificultades que afectan especialmente a jóvenes, personas mayores, mujeres y diversidades.

Cuestionamientos a Ori y a una nueva contratación

Uno de los principales ejes del documento es la herramienta de inteligencia artificial Ori, presentada el 26 de marzo de 2026 como una respuesta a la problemática del suicidio en edades cada vez más tempranas y que, según la Asamblea, actualmente se encuentra suspendida.

La organización señaló que las limitaciones de esa herramienta fueron mencionadas en distintas instancias públicas, entre ellas una interpelación en la Legislatura provincial, el 28 de abril, y un programa de streaming de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el 10 de noviembre. Según el documento, en esos espacios también se hizo referencia a la sobrecarga de los trabajadores y al desborde del sistema sanitario.

En ese contexto, la Asamblea cuestionó que el Gobierno provincial volviera a contratar al licenciado Fernando Reberendo, consultor vinculado al diseño de Ori, para desarrollar una propuesta de «inteligencia artificial curada» destinada al abordaje integral de situaciones de violencia de género.

La organización sostuvo que no se conoce el costo de la contratación y objetó que se recurra a un consultor externo sin considerar, a su entender, las particularidades y necesidades del territorio entrerriano.

Críticas a la política provincial de género

El documento también cuestiona la reunión interinstitucional convocada por la Dirección de Mujeres del Ministerio de Desarrollo Humano, realizada el 30 de julio en La Vieja Usina de Paraná. Allí, tras la presentación de las funcionarias, el consultor expuso los fundamentos de la iniciativa y abordó conceptos como la accesibilidad territorial, el fortalecimiento de las políticas públicas y las diferencias entre una inteligencia artificial curada y una genérica.

Para la Asamblea, esas explicaciones dejaron de lado los problemas estructurales que atraviesan las políticas de género: el financiamiento insuficiente de los programas de prevención y asistencia, las dificultades de acceso a la salud y a la salud mental, la precarización laboral, el desempleo y la falta de reconocimiento de las tareas de cuidado.

También advirtió sobre el debilitamiento de las redes comunitarias, que deben responder a situaciones cada vez más complejas en un contexto de restricciones y retroceso de las políticas públicas.

Otro de los cuestionamientos apunta a la convocatoria de una mesa de trabajo ampliada que, según denunció la organización, excluye a las asambleas feministas y transfeministas y a organizaciones sociales con experiencia territorial en el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de violencia.

Violencia de género y derechos de las diversidades

Los reclamos se suman a las demandas expresadas durante la movilización del colectivo LGBTIQ+ realizada el sábado 14 de noviembre en Paraná. En esa jornada, las organizaciones exigieron la implementación de una ley integral trans, el acceso efectivo a la Educación Sexual Integral y garantías para ejercer derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda.

La situación laboral tuvo un lugar central, especialmente por las dificultades que enfrentan las personas travestis y trans para acceder a empleos formales y condiciones de vida dignas. En ese marco, se reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional 27.636, conocida como Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, que establece un cupo laboral mínimo del 1 % en el Estado nacional para personas travestis, transexuales y transgénero.

La movilización también incluyó pedidos de justicia por hechos de violencia contra la comunidad travesti-trans y lésbica, entre ellos el ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo, el triple lesbicidio y el transfemicidio de Cecilia Cardona en Gualeguay.

Las organizaciones vincularon estos episodios con la necesidad de enfrentar los discursos de odio y fortalecer las políticas de protección y prevención.

El reclamo: emergencia y presupuesto

Frente a este escenario, la Asamblea Feminista planteó tres demandas concretas al Gobierno provincial: declarar la emergencia en violencias de género, declarar la emergencia en salud mental y garantizar recursos específicos en el Presupuesto 2027.

El pedido incluye financiamiento para políticas de prevención, promoción y asistencia, salud integral, Educación Sexual Integral y derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.

Con su pronunciamiento, la organización cuestionó la orientación de las respuestas oficiales y reclamó medidas que, según sostiene, permitan atender las causas estructurales de la crisis y fortalecer los dispositivos públicos y comunitarios.

La pregunta que sintetiza el documento apunta directamente a las responsabilidades políticas frente a este escenario: «¿Quién paga los errores?»

 

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