El Gobierno liquidará con los sueldos de noviembre el aumento del 4% que los gremios docentes rechazaron. Es la quinta negociación de 2026 que termina sin acuerdo, mientras la mesa con ATE y UPCN pasó para el jueves y persisten los reclamos en salud y Justicia.
El gobierno de Rogelio Frigerio resolvió pagar por decreto el aumento salarial ofrecido a los gremios docentes, luego de que la propuesta fuera rechazada el viernes pasado en la Secretaría de Trabajo. El anuncio se realizó este lunes en Casa de Gobierno, con la participación de los ministros de Economía, Fabián Boleas, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto al presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Fabricio Cuenca.
De esta manera, el Ejecutivo cerró la quinta negociación paritaria de 2026 sin acuerdo con los sindicatos y volvió a recurrir a una decisión unilateral para establecer la recomposición salarial. La medida se suma a una serie de desencuentros con los representantes de los trabajadores estatales, en un escenario en el que los reclamos por la pérdida del poder adquisitivo también se extendieron a los sectores de salud y Justicia.
La oferta, presentada el martes 10 de noviembre, contempla un incremento del 4% para noviembre, eleva el salario mínimo docente garantizado de $910.000 a $1.000.000 y duplica el adicional correspondiente al código 25, que pasa de $25.000 a $50.000. Este último concepto alcanza a los trabajadores con diez años de antigüedad o más y tiene carácter remunerativo y bonificable.
La propuesta también incluye aumentos en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en el adicional por Conectividad. Ambos conceptos representan, en conjunto, $200.000 para los cargos de jornada simple y $340.000 para los de jornada completa.
Durante el anuncio, Troncoso reconoció que la oferta era “perfectible” y admitió el deterioro de los salarios docentes. “No somos zonzos”, expresó. Sin mencionar directamente a Agmer, cuestionó la representatividad de las organizaciones sindicales y sostuvo que estas nuclean al 40% de los trabajadores de la educación. También aseguró que docentes no afiliados habían manifestado al Ejecutivo su desacuerdo con el rechazo de la propuesta.
El ministro calificó la oferta como el “techo” de las posibilidades financieras del Gobierno y anticipó que dentro de 60 días volverían a reunirse para avanzar en un plan de recomposición salarial.

Estatales: la negociación con ATE y UPCN pasó para el jueves
En paralelo, el Gobierno reprogramó para el jueves 19 de noviembre, a las 14, la audiencia con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que estaba prevista para este martes a las 8.30. El encuentro se realizará en la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en Buenos Aires 166, en Paraná.
La propuesta oficial para el escalafón general también contempla un incremento del 4% sobre los valores de octubre. El ofrecimiento alcanza al salario mínimo del escalafón general y de enfermería, además de las asignaciones familiares. El Gobierno dispuso que los incrementos se liquiden con los haberes de noviembre, mientras continúa la discusión sobre los demás puntos planteados por los sindicatos.
ATE reclama una recuperación efectiva del poder adquisitivo y respuestas a los 20 puntos presentados al inicio de la negociación. UPCN, por su parte, cuestionó la modalidad de las convocatorias y la presentación de propuestas con plazos de aplicación inmediatos.
La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, objetó que el Gobierno convoque a los representantes gremiales a último momento y presente ofertas que deben ser evaluadas en un plazo acotado, mientras los incrementos se liquidan sin que exista un acuerdo integral.
La reunión del jueves será clave para determinar si el Ejecutivo logra acercar posiciones con los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública o si el conflicto salarial suma nuevos capítulos.
De las promesas de campaña al cierre unilateral de las paritarias
El escenario contrasta con los compromisos que Frigerio asumió durante la campaña electoral, cuando planteó la necesidad de garantizar buenos salarios para docentes y trabajadores estatales.
En noviembre de 2023, luego de ser electo gobernador, advirtió que el pago del aguinaldo dependería de la evolución de la recaudación y responsabilizó al contexto económico nacional. Poco después, sorprendió a los gremios con el anuncio de un aumento del 12,8% para los salarios de diciembre.
En 2025, la relación con los sindicatos docentes pareció encauzarse mediante la firma de una paritaria anual. Sin embargo, ese entendimiento no se sostuvo durante 2026: en marzo, la negociación terminó sin consenso y el Gobierno confirmó que liquidaría el incremento por vía complementaria. Desde entonces, el desacuerdo se repitió en las sucesivas instancias paritarias.
Antes de las elecciones legislativas de este año, Frigerio también se refirió al peso de la masa salarial provincial. Sostuvo que Entre Ríos pagaba más de 100.000 sueldos mensuales y atribuyó esa situación a la acumulación de personal sin concursos durante gestiones anteriores. Según planteó, esa estructura perjudicaba la posibilidad de fortalecer áreas que consideró prioritarias, como educación, salud y seguridad.
Las diferencias entre el discurso oficial y la evaluación sindical de los salarios se profundizaron a medida que avanzaron las negociaciones.
La disputa por los números: el Gobierno y Agmer presentan cifras diferentes
Uno de los principales puntos de desacuerdo es la evolución de los salarios frente a la inflación.
El Gobierno sostiene que el salario mínimo docente acumula un incremento del 244% desde diciembre de 2023 y afirma que esa suba supera la evolución de los precios. Agmer rechaza esa interpretación y sostiene que el aumento remunerativo acumulado fue del 231%, frente a una inflación del 320% en el mismo período.
De acuerdo con los cálculos del sindicato, esa diferencia representa una pérdida del 21,2% del poder adquisitivo. La divergencia sobre la metodología de cálculo y los conceptos incluidos en las comparaciones se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa paritaria.
Mientras el Ejecutivo defiende su propuesta a partir de las restricciones presupuestarias, los gremios reclaman una recomposición que permita recuperar los ingresos perdidos frente al costo de vida.

Salud: los reclamos continúan pese a la resolución del conflicto en el San Roque
La tensión salarial y laboral también se manifestó en el sistema público de salud. Durante las últimas semanas, ATE y la Asociación de Enfermería de Entre Ríos impulsaron reclamos por las condiciones de trabajo, los salarios y la situación contractual de los trabajadores.
ATE había convocado para el 11 de noviembre a una jornada provincial de protesta que incluía asambleas, retención de servicios y una concentración frente al Ministerio de Salud. Entre los planteos del sector se encuentran la necesidad de recomponer los ingresos y regularizar la situación de los trabajadores que cumplen funciones bajo modalidades precarias.
Una referente de enfermería estimó que, sobre una planta de aproximadamente 5.000 profesionales en la provincia, alrededor del 60% se encontraba en condiciones laborales precarias, principalmente como suplentes.
En ese contexto, la renuncia del equipo de otorrinolaringología del Hospital San Roque de Paraná había expuesto las dificultades que atravesaban los profesionales de la salud. El conflicto quedó sin efecto luego de alcanzarse un acuerdo, pero el episodio dejó al descubierto un escenario de tensión que no se limitó a ese servicio ni a ese establecimiento.
Los reclamos continuaron en otros efectores dependientes del Ministerio de Salud de Entre Ríos, donde distintos profesionales plantearon objeciones vinculadas con sus condiciones laborales y salariales. De este modo, la resolución del conflicto en el San Roque no significó el cierre de la conflictividad en el sistema sanitario provincial.
A esos cuestionamientos se sumaron los reclamos de enfermería por la regularización de los vínculos laborales y las demoras en los pagos. UPCN había declarado previamente el estado de alerta por atrasos que, según denunció, podían extenderse hasta un año en determinados casos.
El panorama refleja que las dificultades del sector exceden la discusión por el porcentaje de aumento salarial e incluyen la estabilidad laboral, el reconocimiento de las tareas y las condiciones en las que se presta la atención sanitaria.
Justicia: paros y reclamos por una recomposición salarial
En el ámbito judicial, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) también impulsó medidas de fuerza para reclamar una recomposición salarial.
El sindicato había convocado a paros luego de que se interrumpiera una mesa de negociación iniciada a fines de noviembre de 2025. En una de las jornadas de protesta, la organización informó una adhesión del 86%.
La disputa judicial se suma a los conflictos abiertos en educación y salud, y amplía el alcance de los reclamos hacia distintas áreas del Estado provincial.
Un frente salarial que sigue abierto
Con la paritaria docente cerrada por decreto, la negociación con ATE y UPCN reprogramada para el jueves y los reclamos todavía vigentes en el sistema de salud y en la Justicia, el Gobierno de Frigerio enfrenta el cierre de 2026 con un escenario de conflictividad estatal extendida.
La discusión ya no se limita al porcentaje de aumento ofrecido por el Ejecutivo. También involucra la pérdida del poder adquisitivo, la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo y la capacidad de los distintos sectores para sostener los servicios públicos.
La reunión del jueves con los gremios estatales será la próxima instancia para medir si el Gobierno consigue avanzar hacia un entendimiento o si la falta de acuerdo en las paritarias continúa profundizando el conflicto en la administración pública entrerriana.












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