Tras diez años de demoras, la Justicia Federal de Concepción del Uruguay extinguió la acción penal contra dos extranjeros acusados de pagar con dólares falsos en comercios de Concordia.
La tarde del 2 de agosto de 2016, en tres locales de ropa de Concordia se repitió una escena que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario: dos hombres que compraban, billetes verdes que cambiaban de mano, un vuelto y una despedida. Recién después, cuando los comerciantes observaron con atención el dinero, apareció la sospecha: los dólares eran falsos.
Los hombres, identificados por la acusación como Fabrice Kepseu Padjou, de nacionalidad camerunesa, y Toure Mohammed, de nacionalidad angoleña, se ganaban la vida como vendedores ambulantes de artesanías y bijouterie. Tres días después ya estaban declarando en indagatoria. Dos semanas más tarde, el 22 de agosto, quedaron procesados. Permanecieron detenidos durante tres meses, hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná les concedió la excarcelación.
Hasta ese momento, la causa avanzaba con la velocidad que podía esperarse de un expediente aparentemente sencillo. Los billetes estaban en poder del Estado desde el primer día y una pericia de la Policía Federal había confirmado que eran falsos. No hubo violencia ni maniobras complejas. La escala penal prevista para el expendio de moneda falsa en concurso ideal con estafa, en tres hechos, iba de tres a quince años de prisión.
Después, el tiempo comenzó a jugar su propia partida.
La estafa con dólares falsos en Concordia y el año perdido
Entre el procesamiento y el pedido de elevación a juicio, presentado el 6 de diciembre de 2017, transcurrió un año y tres meses durante los cuales, según señaló la fiscalía, prácticamente no se produjo prueba.
Otro año casi completo pasó hasta que se corrió la vista de rigor ante el tribunal, en noviembre de 2018. Recién en diciembre de ese año se fijó, por primera vez, una fecha para realizar el juicio oral.
El juicio que nunca llegó a realizarse
Esa audiencia nunca se concretó. Kepseu se encontraba en San Pablo, Brasil, donde trabajaba según las temporadas. Su defensa informó que había permanecido dos meses internado por una insuficiencia renal provocada por cálculos en el uréter y acreditó el cuadro mediante certificados médicos. El debate fue suspendido.
Después llegaron otras fechas y nuevas postergaciones. Una se debió a la acumulación de audiencias en el tribunal; otra, a la feria extraordinaria decretada durante la pandemia de Covid-19, que dio prioridad a los juicios con personas detenidas.
En marzo de 2021 se fijó una nueva fecha para el debate: el 28 de septiembre. Sin embargo, tampoco pudo realizarse. En agosto, el tribunal ya no lograba notificar a los acusados. Intimó a la defensa para que informara sus domicilios y, al no conseguir ubicarlos, el 31 de agosto declaró la rebeldía de ambos y ordenó su captura nacional e internacional.
Un acusado detenido en Brasil y una causa que no avanzaba
El expediente volvió a moverse en noviembre de 2023, cuando Toure fue detenido en Brasil. Sin embargo, el tribunal entendió que no correspondía mantenerlo preso ni tramitar su extradición y dispuso su excarcelación bajo caución juratoria. También solicitó un informe socioambiental para determinar dónde podía ser localizado.
El informe demoró en llegar. Cuando finalmente fue incorporado, en abril de 2026, aportó otro dato sobre el recorrido del acusado. Según los registros migratorios brasileños, Toure había salido de Brasil el 28 de enero de 2024 en un vuelo con destino a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con un alvará de soltura del Supremo Tribunal Federal. No figuraba ninguna permanencia posterior en territorio brasileño.
En agosto de 2026, el tribunal volvió a declararlo rebelde.
La fiscalía reconoció las demoras de la Justicia Federal
Frente a ese recorrido, la defensora oficial Julieta Elizalde solicitó el sobreseimiento de sus asistidos por violación del plazo razonable. Argumentó que la demora no podía atribuirse a los acusados, sino a la falta de actividad procesal eficaz por parte del Estado, y destacó que habían transcurrido más de diez años desde los hechos.
La fiscal general adhirió al planteo y aportó otros elementos que, a su entender, evidenciaban las consecuencias de la demora judicial.
Recordó que Toure había obtenido en Mendoza, en febrero de 2019, una suspensión de juicio a prueba por un delito del mismo tipo y que había cumplido un año de tareas comunitarias. Esto significaba que había permanecido en el país al menos hasta 2020 y que, con los antecedentes actualizados, podría haber sido localizado y juzgado, o incluso haber tenido una prohibición de salida del territorio nacional.
Kepseu, por su parte, tenía otro proceso abierto en la jurisdicción de Azul.
Para el Ministerio Público, si la causa de Concordia se hubiera resuelto oportunamente, ambos acusados podrían haber accedido a una salida alternativa o a una eventual pena en suspenso. Además, las causas que involucraban a Toure podrían haberse unificado.
El plazo razonable y la responsabilidad del Estado
La vocal Mariela Emilce Rojas fue contundente al analizar el expediente. Reconoció que no se trataba de una investigación compleja y que su tramitación «se ha visto demorada injustificadamente».
La magistrada recordó que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable tiene jerarquía constitucional y que las demoras atribuibles al funcionamiento del sistema judicial no pueden recaer sobre las personas imputadas.
Entendió que, después de tantos años, la pena había perdido su razón de ser, tanto para los acusados como para la sociedad. También recurrió a la doctrina judicial que sostiene que el Estado, con todo su poder, no puede obligar a una persona a vivir en un estado permanente de ansiedad e inseguridad mientras espera una resolución judicial.
El planteo no se centró en determinar si los acusados habían cometido el delito, sino en establecer si el Estado todavía estaba en condiciones de continuar persiguiéndolos penalmente después de una demora de semejante magnitud.
Diez años después, la Justicia extinguió la causa
El 10 de noviembre de 2026, diez años y tres meses después de aquella tarde en Concordia, mediante la Resolución 64/2026, el tribunal declaró extinguida la acción penal por insubsistencia y sobreseyó a Fabrice Kepseu Padjou y Toure Mohammed.
La resolución también los eximió del pago de costas, dejó sin efecto las declaraciones de rebeldía y levantó las órdenes de captura nacionales e internacionales que pesaban sobre ambos.
Finalmente, se dispuso comunicar lo resuelto al Registro Nacional de Reincidencia y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), y enviar el expediente a archivo.
Nadie fue condenado. Tampoco nadie fue declarado inocente. El tribunal nunca llegó a juzgar si los billetes habían pasado, a sabiendas, de las manos de los acusados a las cajas de los comercios.
Lo que la resolución certificó fue otra cosa: que el tiempo, esa variable que la Justicia no logró controlar, terminó resolviendo la causa antes que los jueces.
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