Desde 1994, doce causas judiciales mantienen sin respuesta el destino de 19 personas en Entre Ríos. Hay denuncias de violencia institucional, sospechas de secuestros, posibles robos, desapariciones en zonas rurales y una investigación atravesada por la hipótesis de trata. En varios expedientes, las familias denunciaron demoras, pistas desatendidas y errores que condicionaron las búsquedas. Algunas personas murieron después de años de buscarlas sin conocer qué ocurrió.
Una democracia con preguntas que siguen sin respuesta
La democracia argentina volvió el 10 de diciembre de 1983. Desde entonces, Entre Ríos acumula historias de personas que salieron de sus casas, fueron a trabajar, viajaron, recorrieron caminos rurales o compartieron una jornada familiar y nunca regresaron.
No todas las desapariciones tienen las mismas características. En algunas hay indicios de intervención de terceros; en otras, denuncias de secuestro, sospechas de violencia institucional o hipótesis de delitos económicos. También hay casos en los que nunca pudo determinarse si existió un delito.
Este recuento se concentra en 12 causas abiertas que reúnen a 19 personas cuyo paradero continúa sin esclarecerse, además de un expediente que tuvo un desenlace posterior a la identificación de restos humanos. El relevamiento toma como punto de partida los casos con indicios de delitos registrados desde 1994. No implica que no hayan existido otras desapariciones en el período anterior, sino que no se identificaron casos que reunieran esos criterios para esta investigación.
Una de las dificultades es la ausencia de un registro público, unificado y actualizado que permita conocer cuántas personas siguen desaparecidas en la provincia, distinguir las búsquedas vigentes de los expedientes cerrados y reconstruir qué ocurrió con cada investigación.
El diagnóstico de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) ya había advertido problemas en la información provincial: registros incompletos, datos personales ausentes y casos vinculados con posibles situaciones de violencia institucional.
Hay, además, una constante que atraviesa estas historias: el tiempo transcurre, las hipótesis se acumulan y, en muchos casos, las familias terminan convirtiéndose en las principales impulsoras de investigaciones que deberían ofrecer respuestas desde el Estado.
1994: Héctor Gómez y Martín Basualdo, la desaparición que apunta a la Policía
El primer antecedente de este relevamiento conduce al barrio La Floresta de Paraná. La mañana del 16 de junio de 1994, Héctor Gómez, de 22 años, y Martín Basualdo, de 19, salieron juntos y nunca regresaron.
Gómez tenía un hijo pequeño. Ambos habían concurrido al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) para retirar leche para el bebé y luego tenían previsto acercarse a un lavadero de autos, en la esquina de Salta y Victoria, donde podían conseguir trabajo.
Ese fue el último recorrido conocido.
La desaparición adquirió desde el comienzo una dimensión especialmente grave: los familiares denunciaron que los dos jóvenes habían sido detenidos por efectivos de la Policía de Entre Ríos y trasladados a la Comisaría Quinta. En el caso de Basualdo, existían antecedentes de cinco detenciones policiales entre fines de 1993 y los primeros meses de 1994. También había denunciado haber sufrido golpes y apremios ilegales.
La familia sostuvo que los jóvenes fueron víctimas de una desaparición con participación policial. Los testimonios y datos que pudieron reunir apuntaron a la intervención de un patrullero y a la posible detención de ambos en una dependencia policial.
Qué se hizo mal: la causa comenzó bajo la figura de búsqueda de paradero y fue archivada en 2006. La familia denunció falta de respuestas, obstáculos para acceder a la investigación y demoras en las medidas judiciales. El expediente fue reabierto en 2015, pero volvió a quedar cuestionado por la falta de avances. En 2024, a treinta años de la desaparición, la Universidad Nacional de Entre Ríos recordó que nunca se encontraron los cuerpos y que la investigación volvió a quedar paralizada.
La madre de Martín, Isabel Vergara de Basualdo, sostuvo durante décadas el reclamo. Su padre también murió después de años de sufrimiento por la desaparición de su hijo. Isabel contó públicamente que había tenido que salir a buscarlo por comisarías, juzgados y dependencias estatales.
2000: Mario Zappegno, el arquitecto que desapareció con su automóvil
Mario Zappegno era arquitecto y trabajaba en la Dirección de Arquitectura de Entre Ríos. Tenía 48 años y vivía en Crespo, adonde se había trasladado para estar cerca de sus hijos.
El 14 de febrero de 2000 salió de su casa después de cumplir su jornada laboral en Paraná. Pasó por su domicilio y volvió a salir en su automóvil Volkswagen Polo bordó, modelo 1997. No llevaba equipaje ni su teléfono celular. Tampoco había retirado el dinero correspondiente a su sueldo.
Nunca regresó.
El vehículo y sus pertenencias desaparecieron con él. La familia realizó la denuncia en la comisaría de Crespo y la investigación quedó en manos de la Justicia de Instrucción de Paraná.
Se hicieron rastrillajes en zonas de monte y sectores cercanos al arroyo Sauce, pero no hubo resultados. La investigación contempló distintas posibilidades, entre ellas un alejamiento voluntario, un suicidio o la intervención de terceros. Ninguna pudo acreditarse.
La sospecha de que pudo haber sido víctima de un delito se mantuvo especialmente por las circunstancias de la desaparición: Zappegno no había preparado una partida, dejó sus documentos y no tenía motivos conocidos para cortar el contacto con sus familiares.
Qué se hizo mal: pese a la desaparición del automóvil y a la ausencia de elementos personales, no se consiguió reconstruir el recorrido posterior a su salida. La investigación no produjo resultados concluyentes y las hipótesis nunca pudieron transformarse en una explicación respaldada por pruebas.
Su madre, Nelly Mari de Zappegno, lo buscó durante años. Recorrió lugares donde podía haber sido visto y llegó a presentarse en dependencias policiales para obtener información. Murió sin conocer qué había ocurrido con su hijo.
2002: la familia Gill, seis personas desaparecidas en un campo de Nogoyá
El 13 de enero de 2002 desaparecieron seis integrantes de una misma familia: Rubén José Gill, conocido como Mencho; su esposa Margarita Norma Gallegos y sus cuatro hijos.
Vivían y trabajaban en el establecimiento rural La Candelaria, en Crucecitas Séptima, departamento Nogoyá. Rubén era peón rural y la familia residía en el campo, propiedad de Alfonso Fernando Goette.
La última vez que se los vio fue después de que la familia participara de un velorio en Viale. Según las reconstrucciones periodísticas, regresaron hacia el establecimiento rural y desde entonces no se volvió a tener noticias de ninguno de ellos.
Uno de los aspectos más controvertidos del expediente es que la desaparición fue denunciada aproximadamente tres meses después. La denuncia la realizó el propietario del establecimiento, Alfonso Goette, quien sostuvo que había dado vacaciones a la familia y que no habían regresado.
La demora condicionó la reconstrucción de los últimos movimientos de los seis integrantes.
Las hipótesis sobre lo ocurrido
Desde el comienzo hubo distintas versiones. Una de ellas sostuvo que la familia podía haberse marchado voluntariamente. Sin embargo, las investigaciones posteriores concentraron la atención en el campo donde vivían y trabajaban.
El abogado querellante Marcos Rodríguez Allende sostuvo que la familia habría sido víctima de un delito y señaló a Goette como principal sospechoso. El propietario murió en un accidente de tránsito en 2016, sin haber sido imputado por la desaparición.
También se incorporaron testimonios sobre posibles conflictos laborales entre Gill y el propietario, además de referencias a pozos que el peón habría recibido la orden de cavar.
En 2023 se conoció una nueva pista a partir del testimonio de un hombre que habría escuchado referencias sobre el destino de la familia. Las excavaciones realizadas anteriormente, incluso con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, no permitieron encontrar restos ni confirmar ninguna hipótesis.
En septiembre de 2025, la causa volvió a recibir impulso con la incorporación de Rodríguez Allende como querellante. La investigación cuenta con un expediente de 18 cuerpos y nuevas medidas solicitadas para intentar reconstruir lo sucedido.
Qué se hizo mal: la denuncia tardía, las dificultades para reconstruir los movimientos de la familia, la falta de pruebas materiales y el tiempo transcurrido antes de profundizar determinadas líneas investigativas aparecen como factores centrales. La muerte de Goette también dejó sin posibilidad de interrogar al hombre que había sido señalado por la querella, aunque nunca fue imputado.
La abuela materna de los cuatro niños, María Delia Gallegos, fue una de las personas que sostuvo la búsqueda durante años. Su reclamo permitió que nuevas pistas llegaran a la Justicia.
Recompensa oficial: $12.000.000 por información sobre los seis integrantes de la familia.
2003: Amado Abib, el contador que desapareció en Colonia Güemes
Amado Abib tenía 85 años y era contador. Había desarrollado actividades profesionales y funciones públicas. El 13 de febrero de 2003 fue visto por última vez en la zona rural de Colonia Güemes.
Su automóvil apareció abandonado en un camino vecinal, en un sector ubicado entre Cerrito y Hernandarias. No se encontraron elementos que permitieran establecer qué había sucedido con él ni cómo había llegado el vehículo hasta ese lugar.
La desaparición despertó sospechas desde el comienzo. Una de las hipótesis fue la de un robo, posiblemente cometido por personas que conocían sus recorridos habituales por la zona rural. Su hija Silvia también expresó dudas sobre la actuación policial y sobre la posibilidad de que alguien hubiera intervenido para borrar rastros.
La Policía realizó operativos y rastrillajes. En abril de 2003 participaron alrededor de 300 cadetes de la Escuela de Policía en un operativo en Colonia Güemes. Posteriormente se hicieron excavaciones en la zona de Hernandarias, también sin resultados positivos.
Qué se hizo mal: la familia denunció reiteradamente la falta de información sobre las actuaciones policiales y judiciales. Silvia Abib expresó que pasaban los meses sin recibir novedades y que cada nueva pista generaba expectativas que terminaban frustradas.
En 2006, después de nuevas excavaciones negativas, su hija expresó que ya no esperaba encontrarlo con vida y que al menos quería recuperar sus restos para poder cerrar una historia que seguía sin explicación.
En el expediente también se mencionaron posibles amenazas a la familia cuando Silvia daba entrevistas. Esa situación debe considerarse una denuncia familiar y no un hecho judicialmente acreditado.
2004: Fernanda Aguirre, el secuestro de una adolescente y un cuerpo que nunca apareció
Fernanda Isabella Aguirre tenía 13 años cuando desapareció. El 25 de julio de 2004 caminaba hacia su casa después de trabajar en el puesto de flores de su familia, en San Benito.
En el trayecto fue interceptada y secuestrada. La investigación permitió identificar a Miguel Ángel Lencina, quien fue detenido días después. El hombre cumplía una condena por otro homicidio y había obtenido una salida laboral cuando se produjo la desaparición.
Su pareja, Mirta Chávez, también fue investigada y condenada a 17 años de prisión por su participación en el secuestro extorsivo.
El caso tuvo un proceso judicial con condenas, pero nunca se encontró el cuerpo de Fernanda. La desaparición quedó atravesada por una pregunta que sigue sin respuesta: dónde está la adolescente y qué hicieron con ella después del secuestro.
La existencia de condenas por el secuestro no resolvió la localización de sus restos ni permitió reconstruir completamente el destino final de la víctima.
La búsqueda que continúa
El expediente tramita en el Juzgado de Transición N.º 2 de Paraná, bajo la figura de incidente de localización. En 2019, su padre inició un trámite judicial para obtener una declaración de ausencia.
En diciembre de 2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación incrementó a $5.000.000 la recompensa para quienes aporten información útil que permita encontrarla. El registro nacional continúa identificándola como persona desaparecida.
Qué se hizo mal: el secuestro fue investigado y tuvo condenas, pero el proceso no logró determinar dónde fue llevada Fernanda ni recuperar sus restos. El paso del tiempo no produjo la información necesaria para cerrar la búsqueda.
2004: Kevin Joel Sánchez, la hipótesis de una sustracción y la posibilidad de trata
El último día de 2004, Kevin Joel Sánchez, de cinco años, desapareció en el balneario-camping Ñandubaysal, en Gualeguaychú. Había llegado desde la provincia de Buenos Aires con sus padres, su hermano y otros familiares para pasar las fiestas.
Estaba jugando cuando dejó de ser visto.
La primera hipótesis fue que se había ahogado en las aguas del río Uruguay. Se desplegaron operativos de búsqueda con policías, perros y buzos tácticos. Se realizaron rastrillajes en el río y sus alrededores, pero nunca se encontró su cuerpo.
En uno de los procedimientos fue localizado el cadáver de un joven de aproximadamente 20 años, que no tenía relación con Kevin.
La segunda hipótesis fue que el niño había sido retirado del lugar por otra persona. Un testimonio que adquirió importancia en la investigación señalaba que una mujer habría sido vista con un niño pequeño en brazos, llorando, mientras decía que lo llevaría hasta la administración para localizar a sus padres. Esa mujer nunca pudo ser identificada.
La familia sostuvo desde el principio que Kevin pudo haber sido sustraído. Los padres cuestionaron la actuación policial y judicial y denunciaron que debieron impulsar por sus propios medios distintas averiguaciones.
La hipótesis de trata de personas
En este caso es necesario considerar una línea de investigación que excede la posibilidad de un secuestro aislado: la eventual captación y traslado de un niño con fines de explotación, es decir, una posible situación de trata de personas.
No existe, sin embargo, evidencia pública suficiente para afirmar que Kevin haya sido víctima de una red de trata, ni que su desaparición esté vinculada con una organización criminal. Sin embargo esa línea de investigación nunca se la tuvo en cuenta.
El caso presentó dificultades para obtener documentación original del niño, particularmente sus huellas dactilares, un elemento que podía resultar determinante para identificarlo ante eventuales apariciones en otros lugares.
En 2024, a veinte años de la desaparición, la investigación seguía sin resolver las dos hipótesis principales. La familia continuaba reclamando que no se abandonara la búsqueda.
La madre de Kevin, Analía Vivas, murió sin conocer el destino de su hijo. Su padre, Martín Sánchez, continuó reclamando que se investigara qué había ocurrido.
Qué se hizo mal: la búsqueda inicial no consiguió determinar si el niño había ingresado al río o había sido retirado del lugar. Tampoco se logró identificar a la mujer mencionada por el testigo ni reconstruir un eventual traslado. La falta de documentación original y las dificultades para conseguir elementos identificatorios debilitaron otra línea de búsqueda.
2010: Sebastián Ortiz, el primer desaparecido de San Jaime
Sebastián Ortiz tenía 66 años y se dedicaba a la venta ambulante. Fue visto por última vez el 6 de septiembre de 2010, aunque algunos registros periodísticos consignaron el día 7.
Había salido en su bicicleta roja y se dirigía hacia la terminal de ómnibus de San Jaime de la Frontera para comprar un pasaje. Nunca llegó a viajar y tampoco regresó.
Su desaparición generó preocupación entre los habitantes de la localidad. No había antecedentes conocidos que permitieran explicar por qué un hombre que tenía previsto realizar un viaje dejó de comunicarse y desapareció sin dejar rastros.
La investigación no consiguió establecer qué recorrido hizo después de salir en bicicleta, si llegó a la terminal o si alguien lo interceptó.
La hipótesis más relevante: la posible intervención de terceros. Sin embargo, no se pudo acreditar un secuestro, un homicidio ni otro delito concreto.
El caso adquirió una dimensión todavía más inquietante un año después, cuando otro vecino de la misma localidad desapareció en circunstancias muy similares.
Qué se hizo mal: no se logró reconstruir el último recorrido de Ortiz ni encontrar elementos materiales que permitieran establecer qué ocurrió. Con el paso del tiempo, la investigación perdió impulso y el expediente quedó sin resultados conocidos.
2011: Juan José «Pocho» Morales, otra bicicleta roja y el mismo pueblo
El 30 de agosto de 2011, casi un año después de la desaparición de Sebastián Ortiz, Juan José Morales, conocido como Pocho, también desapareció en San Jaime de la Frontera.
Tenía 66 años y trabajaba como agenciero de quiniela. Circulaba en una bicicleta roja y realizaba un recorrido habitual por el pueblo. Desapareció cuando estaba a una cuadra de terminar su trayecto.
No dejó rastros.
Las coincidencias con el caso Ortiz fueron demasiado importantes para que los vecinos y familiares las consideraran una simple casualidad: ambos tenían la misma edad, se movilizaban en bicicletas rojas, desaparecieron en horarios cercanos y dentro de una misma localidad.
La reiteración de circunstancias alimentó la sospecha de que los dos casos podían estar relacionados.
Se realizaron rastrillajes, inspecciones en pozos y búsquedas en inmuebles. Sin embargo, no aparecieron elementos que permitieran establecer si existía un vínculo entre las dos desapariciones o si se trataba de hechos independientes.
La investigación quedó radicada en la Unidad Fiscal de Chajarí.
Qué se hizo mal: las coincidencias territoriales y de modalidad no permitieron construir una explicación común. Tampoco se consiguió identificar a posibles responsables ni reconstruir el último recorrido de Morales.
La familia cuestionó durante años la falta de avances. Su sobrina Nuria Miño reclamó que la investigación no quedara relegada y cuestionó el estado de la causa.
Recompensa oficial: el Ministerio de Justicia ofreció inicialmente $100.000 en 2011. En 2013 se mantuvo ese monto y en 2022 se elevó a $1.000.000. El registro nacional actualmente consultado informa una recompensa de $2.000.000.
2013: Ramiro Omar Ríos, la última noche en un bar de Caseros
Ramiro Omar Ríos tenía 32 años cuando desapareció el 1 de mayo de 2013 en la localidad de Caseros.
La reconstrucción de sus últimas horas lo ubica en el bar El Estribo, donde permaneció hasta el cierre. Después se retiró en una camioneta conducida por Ricardo Mario George, quien fue identificado como la última persona que estuvo con él.
Desde ese momento no se volvió a saber nada de Ríos.
George fue imputado durante la investigación, pero no se reunieron pruebas suficientes para llevarlo a juicio. La imputación, por lo tanto, no derivó en una condena ni permite atribuirle responsabilidad penal por la desaparición.
Los padres de Ramiro denunciaron públicamente que la investigación se encontraba paralizada y reclamaron que se profundizaran las medidas para determinar qué había ocurrido después de aquella salida del bar.
Qué se hizo mal: la investigación no consiguió reconstruir el destino de Ríos después de abandonar el establecimiento ni reunir pruebas que permitieran esclarecer la desaparición. La última persona que estuvo con él fue investigada, pero el expediente no llegó a una resolución penal sobre lo ocurrido.
Recompensa oficial: el Ministerio de Seguridad ofreció inicialmente $1.000.000 en 2021. El registro nacional actualmente consultado publica $3.000.000 para quienes aporten datos que permitan encontrarlo.
2017: César Miño y Sergio Quintana, una camioneta incendiada en Corrientes
El 20 de septiembre de 2017, César Andrés Miño, de 38 años, y Sergio Andrés Quintana, de 33, salieron desde Concordia con destino a Paraguay. Viajaban en una camioneta Peugeot Partner.
Nunca llegaron a destino.
La desaparición tomó otra dimensión cuando el vehículo apareció incendiado y desguazado en la localidad de San Carlos, provincia de Corrientes.
Los registros de los teléfonos celulares de ambos indicaron que habían estado en esa zona el día de la desaparición. La camioneta fue sometida a pericias para intentar establecer qué había ocurrido y quiénes podían haber intervenido.
Entre las hipótesis se consideraron un robo y un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades pudo establecerse judicialmente como explicación definitiva.
La investigación quedó en manos de la Justicia de Corrientes, pese a que los dos hombres eran oriundos de Concordia. El traslado de la investigación a otra jurisdicción también condicionó el seguimiento de las actuaciones por parte de las familias entrerrianas.
En noviembre de 2017, los familiares se reunieron con la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien se comprometió a impulsar una recompensa para obtener información.
En febrero de 2018 se formalizó el ofrecimiento de $200.000 para cada uno. El registro nacional actualmente consultado publica una recompensa de $3.000.000 para César Miño y $3.000.000 para Sergio Quintana.
Qué se hizo mal: el hallazgo de la camioneta incendiada no permitió reconstruir el destino de sus ocupantes. La desaparición de ambos y la destrucción del vehículo dejaron una investigación con indicios materiales, pero sin una explicación concluyente.
2017: Omar Benvenuto, el empresario que desapareció después de salir hacia Mansilla
Omar Héctor Horacio Benvenuto era un empresario de Gualeguay. Fue visto por última vez el viernes 27 de octubre de 2017, cuando salió en su camioneta Toyota Hilux con destino a Gobernador Mansilla.
El dato oficial es preciso: Benvenuto desapareció el 27 de octubre de 2017. No corresponde modificar esa fecha por otras referencias periodísticas que ubicaron equivocadamente el hecho en noviembre.
La camioneta fue encontrada abandonada en el kilómetro 242 de la Ruta Nacional 12. Estaba cerrada, sin signos evidentes de violencia y con el teléfono celular en su interior.
Los perros rastreadores marcaron un recorrido que indicaba que Benvenuto habría cruzado la ruta a pie. Después de ese punto, se perdió el rastro.
Los llamados extorsivos y el cambio de la investigación
El 1 de noviembre comenzaron los llamados telefónicos en los que se reclamaba dinero por su liberación. La familia recibió comunicaciones de personas que aseguraban tenerlo secuestrado.
Ese elemento modificó el rumbo de la investigación.
En un primer momento, la causa había sido caratulada como averiguación de paradero y tramitaba en la Justicia provincial. Luego pasó a la Justicia Federal bajo la hipótesis de privación ilegal de la libertad y secuestro extorsivo.
El 28 de noviembre de 2017, la jueza de Garantías de Gualeguay se apartó de la investigación y el expediente quedó en el ámbito federal.
Uno de los episodios más controvertidos se produjo cuando el fiscal federal Carlos García Escalada solicitó allanamientos sobre el exintendente de Gualeguay Luis Erro y el empresario Hugo Lesca, a partir de un supuesto cruce de llamadas telefónicas. Días después, el fiscal renunció cuando la Policía informó que se había tratado de un error.
El episodio dejó interrogantes sobre la confiabilidad de las tareas de inteligencia y el uso de información telefónica en una investigación de esta gravedad.
La hipótesis principal de la investigación federal fue el secuestro extorsivo. La familia reclamó que se profundizaran las líneas de investigación para establecer quiénes realizaron los llamados y si existía una organización detrás de la desaparición.
Qué se hizo mal: la investigación acumuló contradicciones y errores en el análisis de comunicaciones que llegaron a involucrar a personas sobre las que después se informó que no correspondía avanzar. Tampoco se logró determinar quiénes realizaron los llamados extorsivos ni establecer el destino de Benvenuto.
Recompensa oficial: comenzó en $500.000 en 2018, se elevó a $1.000.000 en 2019 y posteriormente a $3.000.000, monto que publica el registro nacional.
2024: Enrique Fabiani, el jubilado que desapareció mientras cazaba en la zona de Alcaraz
Enrique Héctor Fabiani tenía 74 años y era jubilado de la Policía de Santa Fe. Desapareció en junio de 2024 durante una jornada de caza en una zona rural vinculada a Alcaraz, departamento La Paz.
Había salido con otras personas y se encontraba en un establecimiento rural cuando se perdió su rastro.
La reconstrucción de los hechos ubica como último contacto conocido al propietario del campo, Julio Lodi. Fabiani se habría internado en una zona de monte y no volvió a ser visto.
Uno de los pocos elementos materiales encontrados durante la búsqueda fue un cartucho disparado correspondiente al arma que llevaba.
Los rastrillajes se extendieron durante días y se realizaron búsquedas en campos, montes y sectores rurales. Sin embargo, no se encontraron restos ni elementos que permitieran determinar qué había sucedido.
Las sospechas sobre la intervención de terceros
La investigación quedó atravesada por cuestionamientos sobre las circunstancias de la desaparición y la actuación de las personas que estuvieron con Fabiani durante aquella jornada.
La querella apuntó contra el propietario del establecimiento, Julio Lodi, como la última persona que lo vio. También pidió investigar la posible intervención de integrantes de la Brigada de Abigeato de Bovril.
Los abogados de la familia solicitaron que el caso fuera investigado bajo la hipótesis de desaparición forzada. El fiscal rechazó esa calificación.
Es importante aclarar que los señalamientos de la querella no constituyen una imputación firme ni prueban que las personas mencionadas hayan participado de un delito.
El caso también expuso dificultades en la preservación y búsqueda de indicios en una extensión rural de difícil acceso.
Qué se hizo mal: la familia cuestionó la falta de resultados de los operativos, la ausencia de respuestas concretas y el tratamiento de las hipótesis que involucraban a quienes tuvieron contacto con Fabiani antes de su desaparición.
En junio de 2026, al cumplirse dos años, las autoridades municipales de Alcaraz renovaron el pedido de colaboración y recordaron que Fabiani seguía sin ser encontrado.
La localización territorial requiere una precisión documental: para este recuento se identifica el caso en la jurisdicción de La Paz y su referencia a Alcaraz, mientras que el aviso oficial de recompensa de Entre Ríos consignó como lugar de última aparición Mojones Norte, departamento Villaguay. La diferencia debe quedar explicitada y no confundirse con una modificación de los datos oficiales.
Recompensa: $5.000.000 ofrecidos por el Gobierno de Entre Ríos mediante la Resolución 179 de julio de 2024. El pago está condicionado a que la Fiscalía considere relevante la información aportada.
Lo que se repite: investigaciones que no consiguen reconstruir las últimas horas
El recorrido por estos expedientes permite advertir problemas que se repiten, aunque las circunstancias de cada desaparición sean diferentes.
Las primeras horas y la preservación de pruebas.
En varias causas, la reconstrucción de los últimos movimientos quedó incompleta. En la desaparición de la familia Gill, la denuncia llegó meses después. En el caso de Fabiani, la búsqueda se desarrolló en una extensión rural compleja. En Benvenuto, la camioneta apareció abandonada, pero no permitió establecer qué había sucedido.
Las hipótesis que no se transformaron en pruebas.
En algunos expedientes hubo sospechas sobre la intervención de policías, empleadores, conocidos o personas que estuvieron con las víctimas antes de desaparecer. En otros, como el de Kevin Sánchez, se investigaron posibilidades diferentes sin poder confirmar ninguna.
Las familias como impulsoras de las investigaciones.
Las historias de Isabel Vergara, María Delia Gallegos, Silvia Abib y los familiares de Kevin, Fernanda, Ramiro, Benvenuto y Fabiani muestran cómo los allegados debieron insistir durante años para obtener información. En algunos casos, las familias aportaron testimonios, acercaron posibles pistas y reclamaron nuevas medidas cuando las investigaciones parecían detenidas.
La ausencia de información pública unificada.
El diagnóstico de PROTEX sobre los registros de personas buscadas ya había advertido inconsistencias en la información suministrada por las provincias. Los datos incompletos dificultan el seguimiento, la comparación de casos y la articulación entre organismos.
Tampoco existe una base pública provincial que permita reconstruir de manera sencilla todas las desapariciones desde 1983, sus causas, recompensas, situación judicial y eventuales declaraciones de fallecimiento.
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