La reforma de la ley de biocombustibles amenaza a dos plantas del Grupo Bolzan en Entre Ríos. CEPREB reclama cambios y espera una respuesta de Frigerio.
La reforma de la ley de biocombustibles impulsada por el Gobierno de Javier Milei avanza en el Congreso y pone en riesgo la continuidad de las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel. En Entre Ríos, la preocupación alcanza a dos plantas del Grupo Bolzan, ubicadas en Nogoyá y Aldea María Luisa.
La iniciativa tiene media sanción del Senado desde el 17 de septiembre y se debate en la Cámara de Diputados. Según la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), el oficialismo busca llevar el proyecto al recinto durante la primera semana de noviembre.
La entidad cuestiona los cambios en la distribución del mercado interno y advierte que la reducción progresiva de la participación reservada a las pymes podría provocar el cierre de establecimientos industriales y la pérdida de puestos de trabajo.
Qué cambia con la reforma de la ley de biocombustibles
La iniciativa, presentada por la senadora Patricia Bullrich, eleva del 7,5% al 10% el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil. Sin embargo, también reduce progresivamente la porción del mercado reservada a las empresas no integradas, es decir, aquellas que no producen su propia materia prima.
El proyecto establece que esa participación se reduzca hasta el 4% en 2031 y prevé su desaparición posterior. Hasta ahora, las pymes abastecían el mercado interno, mientras que las grandes aceiteras destinaban su producción principalmente a la exportación.
Para CEPREB, el cambio permitiría que las grandes empresas aceiteras compitan en el mercado interno con ventajas de escala y acceso a su propia materia prima.
La cámara calcula que, si la participación protegida se reduce al 4%, el volumen anual disponible para las plantas regionales pasará de 902.700 a 481.440 toneladas. En ese escenario, proyecta que cerrarían 14 de las 25 plantas de biodiésel del país, nueve de ellas ubicadas en la provincia de Buenos Aires.
El tratamiento del bioetanol presenta otra situación. El proyecto eleva del 12% al 15% la mezcla con naftas y, según CEPREB, garantiza seis puntos para la caña de azúcar y otros seis para el maíz durante toda la vigencia de la ley. La diferencia alimenta el reclamo de las provincias productoras de biodiésel.
Por qué las pymes de biodiésel rechazan el proyecto de Milei
Federico Martelli, presidente de CEPREB, explicó que las pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis abastecen actualmente el mercado interno y que la reforma las obligaría a competir directamente con las grandes aceiteras.
“Las aceiteras son hasta 20 veces más grandes, son dueñas de la materia prima que las pymes necesitan y tienen ventajas impositivas que las pymes no tienen. Poner a competir a una gran aceitera con una pyme es condenar a la quiebra a las pymes”, afirmó.
Según Martelli, el cronograma de reducción previsto en el proyecto equivale a que las empresas regionales “se vayan muriendo de a poco”.
La cámara aclaró que no se opone al aumento del corte obligatorio de biodiésel, sino a la distribución del mercado que establece la iniciativa. Su propuesta consiste en elevar el corte al 12,5% y mantener segmentos diferenciados durante toda la vigencia de la ley: cinco puntos para las pymes regionales, 2,5 para las empresas no integradas de Rosario y otros cinco de libre mercado.
El conflicto por las exportaciones de biodiésel
Martelli sostuvo que la reforma responde a un cambio en el escenario internacional. Según explicó, las grandes aceiteras perdieron mercados de exportación porque países centrales restringieron la importación de biodiésel argentino para producirlo localmente.
En 2017, indicó, esas empresas exportaron 1,7 millones de toneladas a Europa, Estados Unidos, Canadá y Perú.
“Ahora quieren ocupar el mercado interno para poner en funcionamiento sus plantas, y para ocupar el lugar de las pymes tienen que hacer una ley que las condene a la quiebra”, sostuvo.
El titular de CEPREB también señaló que seis grandes aceiteras del polo industrial de Rosario ejercen un fuerte lobby en torno a la reforma. Según la cámara, esas compañías, además, abastecen de aceite a las pymes con las que pasarían a competir.
Biodiésel en Entre Ríos: las dos plantas del Grupo Bolzan en riesgo
En Entre Ríos, las dos plantas alcanzadas por la reforma pertenecen a empresarios de la provincia que integran el Grupo Bolzan. Una funciona en Nogoyá y la otra en Aldea María Luisa.
Martelli explicó que mantiene contacto permanente con los accionistas y calificó de “enorme” la preocupación por el futuro de las industrias. También recordó que las plantas se construyeron con inversiones de “muchos millones de dólares”, realizadas por empresarios que confiaron en la legislación que protegía a las plantas regionales.
El impacto potencial, advirtió, no se limita a las fábricas. El aceite de soja representa alrededor del 80% del costo de producción del biodiésel y las pymes lo compran a pequeñas extrusoras.
Si las plantas dejan de funcionar, esas empresas perderían un cliente y quedarían más expuestas a las grandes aceiteras. Según Martelli, esa situación podría deprimir el precio del aceite de soja en la provincia.
La producción de glicerina y el empleo local
El presidente de CEPREB también mencionó la planta de glicerina construida junto a la industria de biodiésel de Nogoyá. Según detalló, el 90% de esa producción se exporta a Estados Unidos y México y se utiliza en productos como pan de mesa, cosméticos y medicamentos.
En materia laboral, Martelli destacó que los trabajadores de las pymes de biodiésel cuentan con empleo registrado, están encuadrados en el convenio petrolero, tienen obra social y perciben salarios que, según indicó, pueden alcanzar entre cinco y seis veces el salario mínimo.
Además, remarcó que esos ingresos se destinan al consumo en las localidades donde viven los trabajadores.
“El daño del cierre de una pyme es muy grande”, resumió.
CEPREB pidió una reunión con Frigerio, pero no obtuvo respuesta
Martelli afirmó que la cámara solicitó reiteradamente una reunión con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, pero que hasta el momento no obtuvo respuesta.
“No hemos podido hablar directamente con el gobernador, pese a que le hemos pedido en reiteradas oportunidades una reunión”, señaló.
El dirigente aclaró que la entidad no pretende que Frigerio se oponga a la ley ni que impida su aprobación. El pedido es que el mandatario intervenga ante los diputados de su espacio político para que impulsen modificaciones al proyecto.
“No vale la pena condenar a una pyme de Nogoyá o de Aldea María Luisa a la quiebra, sobre todo en este momento donde es tan difícil defender los puestos de trabajo en la industria”, sostuvo.
La situación contrasta con la de otras provincias. Según la información aportada por la cámara, el gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió a representantes de CEPREB a principios de septiembre, rechazó el proyecto nacional y se comprometió a defender la producción regional.
En Buenos Aires, además, el gobierno provincial estudia un régimen de Compre Bonaerense para que las refinerías de La Plata, Campana, Dock Sud y Bahía Blanca prioricen el biodiésel producido en plantas de la provincia. Sin embargo, el mecanismo todavía no cuenta con una instrumentación oficial anunciada.
En la Legislatura bonaerense, el senador Pablo Petrecca, presidente del bloque del PRO, presentó un proyecto de declaración para solicitar medidas de protección del empleo y de la producción de las pymes.
Martelli aseguró que los gobiernos de Buenos Aires, La Pampa y San Luis también están en contra de la iniciativa.
Diputados debate la reforma de los biocombustibles
El tratamiento legislativo continúa en la Cámara de Diputados. El martes 20 de octubre, la Comisión de Energía y Combustibles recibió a cámaras empresarias y especialistas, que expusieron posiciones contrapuestas sobre el proyecto.
Todavía resta el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Según Martelli, existen diputados del PRO, el radicalismo, el peronismo y fuerzas provinciales que reclaman modificaciones. El dirigente afirmó que, cuando los representantes políticos conocen los detalles de la iniciativa, muchos comprenden el impacto que podría tener sobre las empresas regionales.
“La Libertad Avanza puede tener mayoría, pero consenso no”, sostuvo.
Qué puede pasar con las plantas de biodiésel de Entre Ríos
La discusión legislativa definirá el futuro de las dos plantas del Grupo Bolzan en Nogoyá y Aldea María Luisa, pero también tendrá consecuencias potenciales sobre la cadena de proveedores, las pequeñas extrusoras y los puestos de trabajo vinculados a la actividad.
Mientras CEPREB busca cambios en la distribución del mercado interno y reclama una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio, la reforma avanza en el Congreso.
Hasta el momento, la dirigencia política entrerriana no ha precisado cómo votarán sus diputados ni si impulsará modificaciones para proteger a las pymes regionales.
La definición será clave para una actividad industrial que, según advierte la cámara empresarial, depende de que se mantengan las condiciones que permitieron la instalación y el funcionamiento de estas plantas en la provincia.
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