Unas 18.000 familias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos estarían afectadas por los incumplimientos de los planes de vivienda, según estimaciones de los damnificados. Mientras en Santa Fe avanzan registros y gestiones legislativas, en Entre Ríos no se anunciaron medidas oficiales. En Paraná, la empresa continúa construyendo edificios en Bajada Grande.
En Entre Ríos, hay familias que llevan años pagando un departamento a través de los planes de ahorro de Bauen-Pilay y que todavía no saben cuándo —ni en qué condiciones— podrán recibirlo. El conflicto no es aislado: según estimaciones de los propios damnificados, alcanza a unas 18.000 familias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Mientras en Santa Fe el reclamo llegó al Concejo Municipal de Rosario y a la Cámara de Diputados provincial, en Entre Ríos no se anunciaron medidas del Gobierno ni de la Legislatura para abordar la situación.
Al mismo tiempo, la empresa continúa con su actividad en la provincia: en Paraná se construyen dos edificios en la zona de Bajada Grande. Para quienes llevan años pagando sin recibir las unidades comprometidas, y para quienes se incorporan a nuevos emprendimientos, la pregunta es qué garantías tienen y qué respuestas pueden exigir.
Bauen-Pilay: más de 18.000 familias afectadas en la región
El conflicto involucra a los planes comercializados por Bauen Arquitectura SRL, Pilay SA y Pilares SRL UTE, y afecta a suscriptores de distintas localidades de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Mario Chiappero, damnificado de Santa Fe e integrante del colectivo que impulsa los reclamos, detalló que habría 6.115 personas o familias afectadas en Santa Fe y Paraná, casi 8.000 en Rosario y unas 4.000 en Córdoba. Según esa estimación, el total supera las 18.000.
Sin embargo, en Entre Ríos no existe un relevamiento propio que permita determinar con precisión cuántas familias están alcanzadas, cuánto tiempo llevan pagando ni en qué situación se encuentra cada contrato.
Los registros que funcionan o se encuentran en trámite están circunscriptos a Santa Fe. Por eso, todavía no está claro si los damnificados de Paraná y de otras localidades entrerrianas podrán incorporarse a esas iniciativas o si deberán esperar una herramienta específica en su provincia.
Santa Fe avanza con registros y gestiones legislativas
En Santa Fe, el reclamo sumó una nueva instancia institucional esta semana. Integrantes del colectivo de autoconvocados participaron de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados provincial, donde respaldaron un proyecto presentado por el diputado Fabián «Palo» Oliver para crear un registro de personas afectadas por los incumplimientos de los planes de adjudicación.
La propuesta busca dimensionar el alcance del conflicto y articular la inscripción con organismos de defensa del consumidor, municipios, comunas, colegios profesionales y organizaciones vinculadas con la problemática. Según la información difundida sobre la iniciativa, en esa provincia habría al menos 7.000 ahorristas suscriptores afectados.
En Rosario, además, funciona un registro voluntario en la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios. El colectivo también consiguió una resolución del Concejo Municipal para mantener el tema en la agenda pública.
En Entre Ríos, en cambio, no se anunciaron medidas oficiales. La falta de un registro provincial y de canales institucionales específicos dificulta conocer la dimensión local del problema y reunir los reclamos de las familias afectadas.
El testimonio de un damnificado: pagó durante años y ahora debe seguir esperando
Aunque Chiappero vive en Santa Fe, su experiencia permite conocer las dificultades que, según explicó, se repiten entre los suscriptores de las tres provincias.
El damnificado contrató su plan en 2007 y terminó de pagarlo el año pasado, después de adelantar cuotas. Sin embargo, cuando consultó por la entrega del departamento, la empresa le informó que debería esperar otros siete años y que la unidad estaría ubicada en Santo Tomé, fuera de la zona «entre bulevares» de la ciudad de Santa Fe que, según su relato, establecía el contrato.
La unidad, de un dormitorio, representó una inversión de entre 70.000 y 80.000 dólares, sin contar las cuotas abonadas durante el plan.
Chiappero sostuvo que situaciones similares se registran en Rosario y Córdoba, donde, según afirmó, se ofrecen departamentos ubicados a unos 15 o 20 kilómetros de las ciudades. También cuestionó el funcionamiento de los fideicomisos utilizados para entregar unidades y consideró que dejan en desventaja a los ahorristas históricos.
Además, relató que a algunas personas que evalúan iniciar acciones judiciales se les ofrecen cocheras en lugar de departamentos, con el argumento de que el valor actual de las unidades supera ampliamente el monto pagado. «Pero no es mi problema», sostuvo, y señaló que las cuotas se actualizaron durante el plan.
Cuotas de cientos de miles de pesos y entregas que se postergan
El testimonio también expone la preocupación por el costo de sostener los planes y la incertidumbre sobre los plazos de entrega.
Según Chiappero, la cuota de un departamento de un dormitorio ronda actualmente los 600.000 pesos, mientras que la de uno de dos dormitorios llega a unos 800.000 pesos. También afirmó que quienes dejan de pagar tres cuotas consecutivas pierden el plan.
Para los suscriptores que están terminando de abonar sus compromisos, señaló, las fechas de entrega que se mencionan podrían extenderse hasta 2032 o 2033.
«Si no pagás, perdés todo, y si pagás lo seguís perdiendo», resumió al describir el dilema que, según indicó, enfrentan quienes todavía tienen años de aportes por delante.
El damnificado también cuestionó la respuesta institucional. Afirmó que la Justicia y la política «dan la espalda» a los afectados al considerar que se trata de un conflicto entre privados, cuando, a su entender, la cantidad de familias involucradas convierte el problema en un asunto de interés público.
Asimismo, acusó al oficialismo santafesino de obstaculizar el proyecto de creación de un registro provincial y planteó que la difusión del conflicto es insuficiente. Estas apreciaciones corresponden a su testimonio y no implican, por sí mismas, una constatación independiente de las responsabilidades señaladas.
Qué reclaman los damnificados de Bauen-Pilay en Entre Ríos
Para Chiappero, incorporar a Paraná al registro de afectados es un paso fundamental. La propuesta del colectivo es identificar a las familias, reunir información sobre sus contratos y dimensionar el problema para fortalecer sus reclamos ante la Justicia y las autoridades.
Desde el grupo explicaron que necesitan contactar a personas de Paraná, Chajarí y otras localidades entrerrianas que hayan contratado planes de Pilay con departamentos previstos para su entrega en Paraná.
Quienes se encuentren en esa situación pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @pilaynocumple, donde se encuentra el enlace a un grupo de WhatsApp. Según explicaron los administradores, se solicitan algunos datos para verificar que las personas sean suscriptoras antes de incorporarlas al grupo, en el que comparten información sobre el conflicto.
La iniciativa busca reunir a los afectados de Entre Ríos, conocer sus situaciones particulares y evitar que los reclamos queden dispersos.
Obras en Bajada Grande y dudas sobre los nuevos planes
La continuidad de las construcciones en Bajada Grande vuelve a poner en discusión el futuro de los suscriptores que llevan años esperando sus departamentos. En Paraná, se están construyendo dos edificios vinculados con la actividad inmobiliaria de la empresa, mientras antiguos ahorristas reclaman información sobre el destino de sus aportes y los plazos de entrega.
La situación también genera interrogantes para quienes evalúan incorporarse a nuevos planes: qué condiciones se ofrecen, cuáles son los plazos previstos y qué mecanismos existen para reclamar ante eventuales incumplimientos.
Desde la empresa, según lo señalado en el marco del conflicto, sostienen que cuentan con los terrenos, atribuyen parte de las dificultades a cambios de zonificación y al desfasaje entre las cuotas y los costos de construcción, y plantean alternativas de solución individuales.
Los damnificados, por su parte, reclaman información pública y mecanismos de seguimiento que permitan conocer el estado de los planes, distinguir las distintas situaciones contractuales y obtener respuestas sobre los compromisos asumidos.
Bauen-Pilay: la falta de respuestas oficiales en Entre Ríos
El conflicto de los planes de ahorro para vivienda ya ingresó en la agenda institucional de Santa Fe, donde se impulsan registros y gestiones legislativas para identificar a los afectados. En Entre Ríos, en cambio, las familias siguen esperando medidas que permitan dimensionar el problema y canalizar sus reclamos.
Cuántas personas están afectadas en la provincia, cuál es el estado de sus contratos y qué respuestas pueden ofrecer las autoridades provinciales y municipales son algunas de las preguntas pendientes. También queda por definir qué papel pueden cumplir las áreas de defensa del consumidor para orientar a los suscriptores y facilitar el acceso a información.
Para quienes llevan años pagando un departamento que todavía no recibieron, el reclamo va más allá del estado de una obra. Exigen información clara, seguimiento institucional y respuestas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos.
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