En una entrevista exclusiva con Demo, el abogado laboralista Alfredo Britos, que asesoró a los principales gremios entrerrianos, analizó el proyecto de Rogelio Frigerio. Cuestiona que se haya elaborado sin consulta a trabajadores, académicos ni al Poder Judicial, y considera de «dudosa constitucionalidad» la tabla de incapacidades obligatoria.
La reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos enviada por el gobernador Rogelio Frigerio abrió un debate que excede lo técnico. Alfredo Britos, reconocido abogado laboralista y especialista en derecho sindical, realizó para Demo un análisis exclusivo del proyecto. Su conclusión: algunos puntos pueden funcionar, pero otros, en especial el baremo de incapacidades obligatorio, plantean serios problemas de constitucionalidad.
El proyecto modifica aspectos centrales de la Ley 5315: deroga el inciso a) del artículo 125, cambia el régimen de honorarios de peritos y auxiliares (artículo 39), crea un cuerpo de tres médicos oficiales para toda la provincia, vuelve obligatorio el baremo nacional y exime al Estado provincial de la tasa por actuación judicial.
Para Britos, la primera pregunta ante cualquier reforma es a quién favorece y a quién perjudica. Su diagnóstico, en diálogo con Demo, es que el texto «merece una serie de observaciones», empezando por cómo se originó.
Una reforma laboral sin consenso ni consulta
Britos sostiene que modificar el código procesal del trabajo exige legitimación democrática. Según explicó, el Gobierno debió convocar a los trabajadores, al sector académico, a los empresarios y al Poder Judicial del trabajo. Consultado sobre si eso ocurrió, respondió: «Hasta lo que yo sé, no».
El abogado planteó la sospecha de que detrás del proyecto haya intereses sectoriales, en particular los de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). Remarcó que la iniciativa se presentó ante la Unión Industrial de Entre Ríos. Aclaró que hacerlo en un ámbito empresarial no es cuestionable en sí mismo, pero insistió en que también debe escucharse a los demás sectores.
Recordó además el origen del código vigente, que data de un gobierno no democrático: en 1973 la provincia pidió autorización a la Nación para dictarlo y el Ejecutivo nacional lo corrigió. Por eso, afirmó, la Legislatura entrerriana tiene una deuda pendiente: sancionar un código que nazca de ella. Aclaró que el actual contiene institutos «de avanzada» y que necesita actualizarse, pero no ve que esta reforma responda a lo que necesitan abogados, jueces y peritos.
Honorarios de peritos: profesionales que no cobran y podrían irse de las listas
El primer pilar que analizó es el de los honorarios de los peritos. Hoy el parámetro es objetivo: el monto económico del litigio. Con el proyecto, el juez los fijará de manera prudencial, según la labor y la complejidad del asunto.
Para Britos, eso abarata el trabajo de estos auxiliares de la Justicia (informáticos, psicólogos, contadores y otros profesionales), que dedican muchas horas a estudiar el caso, entrevistar, pedir documentación y elaborar informes. Señaló que ya hoy les cuesta cobrar por la crisis económica y que muchos contadores dicen que no harán más pericias. A su juicio, algunos pedirán salir de las listas y la Justicia no tendrá quien haga esos trabajos. «Va a ser muy complicado de que acepten», advirtió.
El baremo de incapacidades: el punto de «dudosa constitucionalidad»
El segundo eje es la creación de un cuerpo de peritos médicos forenses para los casos de siniestralidad laboral, que deberán aplicar el nuevo baremo. Sobre el cuerpo en sí, Britos relativizó la novedad: son solo tres profesionales para toda la provincia y, según dijo, «esto ya existía».
Su crítica más dura apunta a la obligatoriedad de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. Según explicó, por una misma lesión la tabla anterior arrojaba un porcentaje mayor, mientras que la nueva lo reduce de manera considerable. Por eso, afirmó, obligar a aplicarla es «de dudosa constitucionalidad»: «No supera un test de constitucionalidad y de convencionalidad».
El efecto práctico es que los peritos y los jueces tendrán menos margen para valorar el daño concreto de cada trabajador, y con él podría reducirse la indemnización.
El «pague y apele»: una coincidencia con el Gobierno
El tercer punto separa a Britos de otras críticas. Sobre la derogación del artículo 125, inciso a), dijo que fue «bastante crítico» de esa norma y la calificó de anacrónica. Actualmente, el empleador condenado debe depositar el capital, con un 30% adicional, para poder apelar. Para el abogado, eso le impide acceder a la segunda instancia y vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción.
«Los jueces son seres humanos y el fundamento del recurso de apelación es el error humano», explicó. Quien no tiene ese dinero, agregó, no accede a la revisión de una sentencia.
«El derecho es ciencia»: qué sigue para la reforma en la Legislatura
La conclusión de Britos combina reconocimiento y advertencia. Admite que la reforma es necesaria y que algunas cosas pueden funcionar, pero sostiene que otras requieren una discusión más amplia. De lo contrario, en lugar de simplificar, el proyecto «va a complejizar aún más» los juicios laborales.
«El derecho es ciencia», subrayó, y afirmó que las reformas hechas «con parches» y que vislumbran intereses particulares se alejan de ese carácter científico.
Queda por ver si el proyecto se debate en la Legislatura con la amplitud que reclaman los especialistas o si, como temen, se discute de manera cerrada.
Este análisis fue realizado por Alfredo Britos en exclusiva para Demo.
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