La Corte Suprema revocó la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. Para el politologo Gustavo Tarragona, el fallo le dio una ventaja política al Gobierno, mientras la oposición prepara una sesión especial en Diputados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley de Tierras Rurales (26.737). El fallo, dictado el martes, reavivó el debate político y jurídico sobre la extranjerización de la tierra. En diálogo con Demo, el programa de FM Universidad 105.7, Gustavo Tarragona analizó el alcance de la decisión y su impacto político.
Qué establecía la Ley de Tierras
Sancionada en diciembre de 2011, la Ley de Tierras 26.737 fijaba condiciones para el acceso de extranjeros a la propiedad de la tierra rural. Establecía un tope del 15% del territorio para personas y empresas extranjeras, a nivel nacional, provincial y municipal. Ninguna nacionalidad podía superar el 30% de ese porcentaje.
También limitaba a 1.000 hectáreas las compras en zonas núcleo y restringía las operaciones sobre inmuebles con grandes cuerpos de agua o en zonas de seguridad de frontera.
A fines de 2023, el artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la norma. Un centro de excombatientes de Malvinas de La Plata presentó un amparo, y la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional ese artículo. La Corte revocó ahora esa decisión.
Ley de Tierras: un fallo procesal y no de fondo
Tarragona remarcó que la Corte no analizó la constitucionalidad del decreto. Resolvió por cuestiones procesales y argumentó, entre otros puntos, que la agrupación de excombatientes no tenía legitimación para presentar el reclamo.
Por eso, explicó, el fallo no equivale a una aprobación constitucional definitiva del DNU.
Aun así, consideró que el Gobierno nacional obtiene «una ventaja política concreta»: se elimina un obstáculo judicial que se interponía a su política de apertura del mercado de tierras. El Ejecutivo, agregó, puede leer el fallo como un paso para mejorar la atracción de capitales.
El impacto político del fallo sobre la Ley de Tierras
Consultado sobre si la medida puede jugarle en contra al oficialismo a un año de las elecciones, Tarragona sostuvo que la resolución suma un elemento polarizante a los que atraviesan a la sociedad desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
Mencionó el proyecto de Presupuesto 2027, que profundiza el recorte en discapacidad y quita recursos a la educación superior.
Sin restarle importancia al fallo, evaluó que la sociedad todavía está lejos de dimensionar su significado. Según su lectura, la preocupación central de los argentinos es otra: la pérdida de empleo, la caída del poder adquisitivo y la creciente informalidad económica.
«La urgencia es no poder llevar alimento a la mesa», resumió.
La reforma de la Corte Suprema, agregó, es un tema pendiente e importante para la calidad de la democracia, pero también está lejos de las urgencias cotidianas.
Qué hará la oposición tras el fallo de la Corte
En el Congreso, los bloques opositores ya se movilizan. Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda impulsan una sesión especial en Diputados entre el 7 y el 14 de octubre para derogar el DNU 70/2023.
Plantearon el pedido durante el plenario de comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, reunido para iniciar el debate de la ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas.
El presidente del bloque de UP, Germán Martínez, calificó el fallo de «escandaloso» y pidió compatibilizar ambos debates en un cronograma de comisiones.
Esteban Paulón, Pablo Juliano, Maximiliano Ferraro y Romina del Plá se sumaron al pedido. Del Plá propuso además una movilización al Congreso, en línea con la del 6 de agosto.
El radical Martín Lousteau respaldó la iniciativa y recordó que ya había votado en contra del decreto en el Senado. «Es profundamente inconstitucional», afirmó.
En paralelo, el peronismo presentó un proyecto en el Senado para restituir la Ley de Tierras.
Qué sigue para la Ley de Tierras y el DNU 70/2023
Con el fallo de la Corte, el decreto queda vigente y sin los límites que fijaba la ley.
La discusión pasa ahora al terreno político: habrá que ver si la oposición consigue los números para la sesión especial y si el debate logra instalarse en una sociedad que, según Tarragona, tiene prioridades más urgentes.
Deja una respuesta