La causa por los más de 1.300 kilos de marihuana secuestrados en La Paz llegó a la Cámara con una apelación que apunta a un vacío central: ninguna comunicación, geolocalización ni movimiento de dinero vincula a Daniel Rosatelli con el cargamento. Detrás aparecen una camioneta con historia propia, cheques cuestionados, un denunciante con antecedentes y una posible interna policial.
Cinco investigadores, una misma respuesta
Cuando la defensa del comisario Daniel Alejandro Rosatelli, abogado y jefe de la división de la Secretaría General de Personal de la Policía Departamental de Paraná, les preguntó si habían hallado algún elemento objetivo que lo vinculara con la compra de la camioneta, y con el tráfico de sustancias ilícitas, los cinco investigadores respondieron lo mismo: no. Entre ellos estaba el comisario Adrián Alfredo Ramos, quien reconoció que no existen escuchas, entrecruzamientos de antenas ni geolocalizaciones que lo conecten con las personas investigadas por el transporte. Los testimonios se prestaron el 7 de septiembre ante el juez federal Leandro Ríos, a cargo de la causa.
Rosatelli está hoy procesado y detenido en el expediente federal que investiga el cargamento interceptado en La Paz. Su defensa apeló esa resolución y ahora deberá pronunciarse la Cámara.
La pregunta que atraviesa las actuaciones es simple de formular y difícil de responder: ¿Qué prueba concreta vincula a Rosatelli con la organización que transportó la droga?
Lo que no está en el expediente
Hasta hoy no consta una sola comunicación telefónica, mensaje, geolocalización ni entrecruzamiento de antenas que ponga a Rosatelli en contacto con Juan Esteban Siebenlist Bustos, con César Leonel Ramírez ni con ningún otro integrante señalado en el transporte del estupefaciente.
Tampoco hay documentación que lo ubique en la compra de la camioneta ni en el financiamiento del cargamento.
El 4 de noviembre de 2025, Germán Pelizzari se comunicó con Daniel Rosatelli con el objetivo de realizar el trámite de traspaso de la propiedad de la camioneta. Junto a Jonathan Barbieri, fue hasta el domicilio del abogado, y las cámaras del 911 registraron el encuentro.
Según consta en la filmación, Rosatelli se acerca al vehículo sin subir a él y, ante la consulta, les indica que debían realizar la verificación, por lo que los envía al estudio jurídico que ocupaba en calle Corrientes. Ya en su despacho, hace el trámite en línea: el vehículo no tenía pedido de secuestro y estaba en condiciones de ser transferido. Por la gestión cobró sus honorarios, y consta el recibo de asesoramiento. Pelizzari era cliente de Rosatelli, y por ese motivo realizó dicho trámite legal.
El abogado y funcionario policial fue vinculado a la causa por las imágenes del 911, sin que se tuvieran en cuenta el recibo ni el trámite en línea.
Siendo un hombre perteneciente a la fuerza de seguridad, conoce el funcionamiento del domo de la Policía ubicado frente a su domicilio. Si se hubiera tratado de la comisión de un delito, la lógica indica que habría buscado un lugar de encuentro con menos exposición.
La hipótesis de la acusación sostiene que Rosatelli habría aportado entre 15 y 20 millones de pesos para adquirir el vehículo. Sin embargo, al reconstruir las declaraciones y confrontarlas con la documentación comercial, surgen puntos que hasta ahora no fueron aclarados: quién negoció la camioneta, quién entregó el dinero, quién recibió los cheques y qué elemento objetivo demuestra que Rosatelli participó económicamente en la operación. No hay en la causa una transferencia bancaria, una extracción, un movimiento patrimonial ni una pericia contable que muestre que ese dinero salió de su patrimonio. Incluso los montos que mencionan los testigos son erráticos.
Las declaraciones de Barbieri fueron cambiando: mencionó distintas sumas y habría admitido que no hizo negocios con Rosatelli. Según la documentación del expediente, comenzó hablando de 20 millones de pesos ante la Justicia provincial. Luego, en dos declaraciones ante la Justicia Federal, habría citado 15 millones y atribuido la operación comercial a un tercero que no era Rosatelli. Si Barbieri reconoció expresamente que no negoció con él, no se explica cómo se conecta al abogado con el entramado de financiamiento del vehículo.
Las diferencias entre los 20 millones, los 15 millones y los 18 millones que Cristian Novello, el primer propietario de la camioneta en esta historia, afirmó haber reclamado por la camioneta no solo pueden leerse como contradicciones sobre una misma operación. Habría que investigar si se trata de un mismo negocio, de acuerdos distintos o de conceptos diferentes. Para ello sería necesario cotejar actas, identificar a los destinatarios de cada pago y establecer qué documentación respalda cada versión.
La camioneta que tenía otra historia
El 4 de septiembre de 2026 declaró en la causa Cristian Sebastián Novello. Afirmó que era el verdadero poseedor de la camioneta y que se la entregó a Jonatan Emanuel Barbieri a cambio de cheques. Esos cheques terminaron cuestionados (sin fondos) y se vinculan a un tercero, José David Juárez. Agregó, además, que no conocía a Rosatelli y que jamás había tenido trato con él.
Cuando Novello reclamó la devolución, Barbieri le aseguró que el vehículo estaba secuestrado en la Planta Verificadora de avenida Zanni. Novello fue personalmente hasta allí alrededor del 25 de noviembre del 2025. Un policía lo hizo ingresar, pero la camioneta no estaba. Le pidieron un teléfono de contacto y, según declaró ante el juez federal, nunca volvieron a llamarlo.
Si la Planta había verificado la camioneta el 4 de noviembre y luego Barbieri sostuvo que había quedado secuestrada allí, cabe preguntarse por qué no se profundizó la pesquisa para determinar qué ocurrió con el rodado entre ambas fechas y quién lo tuvo en su poder después.
Ese supuesto ingreso a la planta fue uno de los episodios utilizados para vincular a Rosatelli con una maniobra irregular. Sin embargo en el expediente, la investigación sólo cuenta con versiones: no se documentó si el vehículo estuvo realmente en la planta verificadora, quién lo llevó, en qué momento lo hizo ni cuáles son los registros oficiales de su ingreso.
La versión que surge de las declaraciones cambia el sentido de toda la historia. Ya no se trataría de una operación directa entre Novello y Rosatelli, sino de un conflicto comercial previo entre terceros, en el que Rosatelli intervino (la verificación del vehículo) después en su rol profesional de abogado.
La ruta de los cheques
Si la explicación de la camioneta pasa por una operación comercial presuntamente fraudulenta, esa historia debería poder reconstruirse documento por documento: los cheques, las cuentas bancarias, los endosos, las fechas de emisión, los titulares, las comunicaciones y los registros de transferencia del vehículo.
No alcanza con saber quién terminó usando la camioneta. Hay que establecer cómo llegó a sus manos. Una investigación completa tendría que reconstruir tres rutas: la del dinero, la de los cheques y la del vehículo. Si la hipótesis de la acusación fuera cierta, las tres deberían coincidir. En el expediente, no coinciden.
Queda entonces una pregunta pendiente: ¿se indagó con la misma intensidad la operación comercial que terminó con la entrega de la camioneta y los cheques cuestionados, y a todas las personas que participaron en ella?
Los relojes y el patrimonio
Entre los elementos que trascendieron públicamente figuran los relojes secuestrados a Rosatelli. La lectura que se instaló fue la de un «pasar económico injustificado».
Los números indican otra cosa. La defensa acreditó documentalmente la trazabilidad de los bienes de Rosatelli y su actividad laboral y profesional, y el peritaje patrimonial no muestra una inconsistencia cuantificable que lo conecte con el supuesto aporte para la camioneta.
Además, los dos relojes Rolex secuestrados no son originales: uno es de origen paraguayo y el otro, turco. En ambos países es habitual la venta de réplicas de productos de lujo: en Ciudad del Este, una copia de Rolex ronda los 40 dólares, y en el Gran Bazar de Estambul, entre 30 y 40 dólares, según el regateo. La defensa solicitó que un joyero peritara los relojes para demostrar que son falsificaciones. Explicó, asimismo, que el de origen paraguayo fue un regalo de un amigo y que el turco lo compró el abogado durante un viaje a Israel, a donde fue seleccionado para participar en una capacitación del Mashav (Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel); en ese marco recorrió el país y el Gran Bazar.
Poseer objetos de valor, o réplicas de ellos, no constituye un delito ni prueba el financiamiento de una operación de narcotráfico. Para que esa sospecha se convirtiera en hipótesis probatoria, habrían debido aparecer el origen de los fondos, las fechas de adquisición, la capacidad económica y una correspondencia concreta entre esos recursos y el dinero que se le atribuye. Nada de eso figura en la causa ni fue probado. Llama la atención, además, el uso que algunos medios de comunicación hicieron de la información sobre los relojes, que derivó en un relato de culpabilidad social sin que se investigara a fondo su autenticidad, su precio y su contexto.
Un episodio en la ONG
Otro capítulo incorporado al expediente ocurrió en la ONG Suma de Voluntades y tiene como protagonista a Sixto Maciel. Se atribuye a Rosatelli una agresión, amenazas y la exhibición de un arma.
El motivo del encuentro era otro. Maciel decía trabajar para una cooperativa de construcción. La ONG, desde octubre del 2025, mantenía diferencias con la cooperativa con la que venía trabajando y buscaba una alternativa para terminar una obra de la organización. Fue por este motivo que Suma de Voluntades incorporó al doctor Daniel Rosatelli para el asesoramiento, segun consta en mensajes de dispositivos que se encuentran a disposicion de la justicia. La reunión no guardaba relación con la camioneta.
Los testigos presentes sostuvieron que la agresión no existió. El encuentro se realizó en el horario pico de la merienda, cuando la ONG asiste a personas en situación de calle: había más de cien personas en el lugar, entre voluntarios y quienes esperaban los alimentos. El sitio, además, cuenta con cámaras. A esto se suman capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp del 9 de noviembre, días previos al encuentro, en los que se observa el conflicto con la cooperativa y la intención de tomar decisiones sobre nuevas contrataciones.
Para esa fecha, Rosatelli no conocía a Maciel y no estaba siendo investigado ni había sido denunciado en la causa que hoy lo mantiene detenido. Por eso, la hipótesis de que el ataque habría tenido por objeto lograr el retiro de la denuncia carece de sustento: no existía presentación alguna. Además, Rosatelli, que es policía y también abogado, sabe que una denuncia por un delito de acción pública no puede retirarse en sede policial.
Aun si el episodio hubiera ocurrido tal como se denunció, queda una pregunta sin respuesta: qué relación probatoria tiene con el transporte de estupefacientes. Si no existe una conexión objetiva entre ambos hechos, utilizar uno para reforzar la hipótesis del otro exige una explicación que el expediente no ofrece.
El denunciante
Jonatan Emanuel Barbieri aparece en distintos tramos de la historia de la camioneta y los cheques. No es un actor cualquiera: era sargento de la Policía de Entre Ríos y fue investigado en el legajo «Farías Carlos Alberto – Venencio Ramón Alejandro – Vega Sandro Gabriel – Godoy Sandro Daniel – Santana Emanuel Alejandro – Barbieri Jonathan Emanuel s/ Asociación ilícita».
Esa pesquisa describió una organización dedicada principalmente al robo de motocicletas y a asaltos con armas de fuego. Según el informe de la División Robos y Hurtos citado en las actuaciones, a Barbieri se le atribuía un rol dentro de la estructura: aportar información obtenida mediante tareas de inteligencia previa, facilitar logística, vehículos, uniformes policiales, armas y municiones, y mantener comunicación con los demás integrantes. El análisis de su teléfono habría permitido detectar contactos de distintas víctimas que, de acuerdo con la investigación, eran relevadas con anterioridad.
Eso no significa que sus dichos actuales sean falsos ni que deban descartarse de antemano. Significa que requieren una corroboración independiente especialmente rigurosa. Si además existen antecedentes documentados de operaciones comerciales, cheques y presuntas estafas vinculadas a su nombre, la exigencia debe ser todavía mayor.
La pregunta no debería ser qué denunció Barbieri, sino qué pruebas objetivas respaldan cada una de sus afirmaciones. Cuando quien acusa tiene un historial judicial de esta naturaleza, la palabra sola no puede reemplazar a la evidencia.
La interna
Hay una parte de esta historia que no figura en las fojas, pero que condiciona cómo se las lee.
El caso quedó atravesado por declaraciones públicas y por movimientos quirúrgicos dentro de la estructura de seguridad provincial, con decisiones atribuidas al entorno del ministro Néstor Roncaglia que sugieren un posible trasfondo de interna policial.
La cronología de la investigación genera sospechas. La pesquisa se inició y avanzaba a ritmo firme, con una línea de trabajo que apuntaba a los protagonistas de la maniobra: quiénes financiaron la camioneta, quiénes organizaron la logística del transporte y dónde se almacenó el cargamento. Todo estaba bajo la conducción del comisario Diego Godoy, jefe de la División Toxicología de La Paz, quien intervino desde el primer momento. Sin embargo, en un giro inexplicable, el 9 de marzo de 2026 Godoy fue apartado intempestivamente y se le ordenó elevar todo lo actuado.
Por directivas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, el trabajo pasó a una nueva mesa integrada por el comisario general Claudio Passadore, el comisario Adrian Ramos y los oficiales Lucas Miraglio y José Maidana. Los tres últimos carecían de antecedentes y de experiencia en investigaciones sobre narcotráfico de semejante envergadura.
Lo llamativo de este nuevo equipo es que dejó de lado aspectos que debían profundizarse y, desde entonces, orientó las tareas a vincular a Rosatelli con la causa. Antes de su arresto, él venía acumulando fricciones en la fuerza por exponer irregularidades internas, lo que le valió una seguidilla de sumarios administrativos.
En su condición de abogado, había acompañado a funcionarios policiales que denunciaron irregularidades con los fondos del 911, una causa que continúa en trámite judicial. También trabajaba en otros hechos con posibles irregularidades que no salieron a la luz tras su detención, y varios colegas le habían advertido que iba a tener problemas.
Tras la detención de Rosatelli, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, afirmó que la investigación había estado a cargo de la Policía Federal. Sin embargo, la fuerza nacional sólo realizó los allanamientos, y la policía provincial fue la autora de las pesquisas que constan en el expediente.
Lo que exige la ley
El problema central de esta causa no es si Rosatelli es una persona pública, si posee bienes de valor, si se reunió con funcionarios o si intervino profesionalmente en una operación vinculada a una camioneta. Nada de eso es delito.
La cuestión jurídica es otra y radica en la exigencia técnica de la ley. Para procesar a alguien, la normativa requiere elementos de convicción sólidos y pruebas concretas. Y cuando se trata de privar de la libertad a una persona sin condena, la prisión preventiva no puede funcionar como un castigo anticipado: la ley la contempla como una medida extrema y excepcional, que sólo se justifica ante riesgos procesales objetivos y concretos de fuga o entorpecimiento.
Sin embargo, en el auto de procesamiento, la detención se convirtió en prisión preventiva apelando a los fundamentos habituales del fuero: la gravedad de la pena en expectativa, la presunta capacidad de influir sobre los testigos y una supuesta facilidad para cruzar la frontera por la mera cercanía geográfica.
Allí radica la discusión central de este expediente. Cuando un procesamiento se sostiene sobre indicios indirectos, testimonios de oídas o conjeturas que admiten explicaciones alternativas, y sobre esa misma base se dispone la prisión preventiva, el debate deja de ser meramente técnico. Se convierte en una discusión profunda sobre el alcance de los derechos y las garantías procesales.
Lo que la Cámara tiene sobre la mesa
El recurso de apelación no determina por sí mismo que Rosatelli sea inocente ni que el procesamiento deba revocarse. Pero obliga a examinar el expediente con atención: la existencia o inexistencia de comunicaciones, las geolocalizaciones, los registros de antenas, la trazabilidad del dinero, la documentación de la camioneta, los cheques, los testimonios, el rol real de cada protagonista y la relación concreta entre todos esos elementos y el cargamento.
En una causa de esta magnitud, la pregunta decisiva no es quién parece sospechoso, sino qué prueba demuestra el delito y cuál vincula concretamente a cada acusado con él.
El principio de razonabilidad es, quizás, el más orientador de todos. Sin razonabilidad no hay tutela judicial real y efectiva, y sin esa tutela no hay justicia.
Los giros que fue tomando el expediente parecen buscar excusas para sostener la detención del funcionario policial y abogado, antes que admitir que las pruebas reunidas hasta el momento no logran vincularlo con la banda ni con el cargamento.
Omisiones como no investigar la camioneta Toyota Hilux 4X4 girs, patente AA982AL, titularidad a nombre de un abogado, con autorizacion de uso para Juan Siebenlist Bustos (hoy prófugo) que colaboró como guía en el traslado de la droga hallada en cercanias a La Paz, son sin dudas hechos llamativos que se desprenden del expediente.
Por otra parte, el armado de un relato oficial y las declaraciones del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, llaman la atención por sus afirmaciones sin sustento informativo: la instigacion fue realizada por la fuerza provincial, no nacional, como se expresó en medios periodisticos; el cambio de los funcionarios que investigaban el hecho o los detalles de la causa sin que las defensas hubieran tenido acceso.
Mientras que en otras causas el ministro ha salido en defensa de uniformados, en este caso no lo hizo y sus expresiones parecieran más orientadas a generar un relato de responsabilidad que de conocer la verdad.
Dentro de las fuerzas policiales, la sospecha de que el trasfondo sea una represalia por las denuncias del 911 y una disputa de poder interna.
Deja una respuesta