La entidad pyme repudió la decisión del máximo tribunal de reponer el artículo del DNU 70/2023 que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. Denuncian la complicidad con el poder corporativo y apelan al Congreso para frenar el desguace soberano.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) lanzó un duro llamado de alerta frente al escenario de indefensión institucional y económica que atraviesa el país, a raíz de la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que reabre las puertas a la desnacionalización del territorio.
El máximo tribunal de la Nación restituyó la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, derogatorio de la Ley de Tierras. La medida fue adoptada mediante la revocación de un fallo previo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Desde la entidad pyme calificaron la resolución de «vergonzosa», remarcando que la Corte evitó pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de fondo para desacreditar la legitimidad del colectivo de veteranos.
Un retroceso para la industria y el aparato productivo
En un comunicado que lleva la firma de Julián Moreno, presidente y Juan José Sisca, secretario de la entidad, señalaron que esta decisión no es un hecho aislado, sino parte del esquema desregulador que impuso el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei. Aquella norma dio de baja de manera inconstitucional el entramado legal que resguardaba las relaciones de producción y consumo, la protección del mercado interno, la industria nacional y el fomento a las pequeñas y medianas empresas.
«El máximo tribunal muestra un repudiable desprecio por la voluntad de la ciudadanía», expresaron desde la organización, recordando las movilizaciones populares que exigieron al Congreso Nacional poner freno a la venta irrestricta de tierras a capitales extranjeros.
Entre el «círculo rojo» y la entrega de recursos
La dirigencia de APYME enmarcó el fallo dentro de una ofensiva de poderes corporativos locales e internacionales con pretensiones de largo plazo. En ese sentido, apuntaron contra las deliberaciones del Coloquio de IDEA, donde sectores del denominado «círculo rojo» proponen consolidar un blindaje por dos décadas para el actual modelo económico de desindustrialización. Paralelamente, cuestionaron la agenda internacional del Presidente, centrada en la búsqueda de inversores bajo condiciones desfavorables para los intereses nacionales.
El rol clave del Congreso
Frente a la inacción del Poder Judicial, la entidad remarcó que la responsabilidad primordial de revertir esta situación recae en el Poder Legislativo como representación directa de la soberanía popular.
Según el planteo de la organización empresarial, la derogación del marco legal vigente es urgente para frenar la entrega de los recursos naturales, evitar el quiebre masivo de unidades productivas y detener el avance de la pobreza y la exclusión social en la Argentina.
Deja una respuesta