Una trabajadora de la obra social provincial denunció a su vicepresidente. La medida cautelar dispuesta por la Justicia reabre el debate sobre las condiciones en que las mujeres denuncian dentro de estructuras jerárquicas.
La Justicia de Entre Ríos ordenó medidas de protección a favor de una trabajadora de la Obra Social Entre Ríos (OSER) que denunció por “Violencia Laboral contra las Mujeres” al vicepresidente del organismo, Ricardo García. La presentación, que tramita bajo el Expte. N° 19942, fue recibida por correo electrónico el 13 de noviembre de 2026 y la resolución lleva la firma del juez suplente Alexis Ezequiel Beade.
En virtud del artículo 24 de la Ley Provincial N° 10.956, el magistrado ordenó al denunciado abstenerse de todo acto de perturbación, intimidación, acoso o violencia, verbal o física, contra la denunciante, de forma directa o indirecta, dentro o fuera del ámbito de trabajo y por cualquier medio, incluidos el teléfono y las redes sociales. También le prohibió acercarse a menos de 200 metros de ella, cualquiera sea el lugar donde se encuentre. La medida rige por 90 días y fue dictada bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal, además de otras medidas de mayor alcance.
Se trata de una medida cautelar de protección, que no implica una determinación sobre los hechos denunciados que serán investigados en el proceso judicial. Hasta el momento no hay información oficial al respecto por parte del denunciado ni de la institución.
El poder como variable central
La denuncia se produce en un contexto que el derecho argentino reconoce específicamente. La Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y que incluye entre sus modalidades la violencia en el ámbito laboral, que define como la que discrimina a las mujeres en el acceso, la permanencia o el ascenso en el empleo, o las expone a hostigamiento psicológico para forzar su renuncia. Otra herramienta legal es el Convenio 190 de la OIT, ratificado por Argentina mediante la Ley 27.580, que reconoce a su vez el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluida la que se ejerce por razón de género.
En ambos marcos, la asimetría de poder es una condición estructural y no un dato accesorio. Cuando la persona denunciada ocupa un cargo de conducción, ejerce o puede ejercer influencia sobre evaluaciones, asignación de tareas, traslados, ascensos y continuidad laboral de quien denuncia. Esa dependencia explica por qué la violencia laboral se denuncia menos de lo que ocurre: la trabajadora arriesga su sustento, su trayectoria y su permanencia en un ámbito del que, en la mayoría de los casos, no puede retirarse sin costos.
A esa asimetría jerárquica se suma la desigualdad de género. Las mujeres acceden en menor proporción a los cargos de decisión y su palabra enfrenta con frecuencia mayores exigencias de credibilidad, lo que desalienta la denuncia y favorece la naturalización de conductas que se consideran parte de la cultura de la organización.
La respuesta institucional
La respuesta institucional hasta el momento es la esolución judicial que resolvió la protección inmediata de la denunciante, pero deja abiertas cuestiones que competen al organismo empleador. La prohibición de acercamiento de 200 metros es difícil de compatibilizar con un lugar de trabajo compartido, y su cumplimiento depende de decisiones administrativas: quién es reubicado, quién cambia de funciones y con qué garantías. En estos casos, generalmente la carga de la reorganización suele recaer sobre la denunciante, lo que configura una forma de revictimización.
El Convenio 190 pone en cabeza del empleador, en este caso un organismo del Estado provincial, el deber de prevenir, investigar y sancionar, y de adoptar medidas para proteger a quien denuncia contra represalias. La Ley Micaela, vigente en la provincia, exige además la capacitación obligatoria en género de quienes integran los tres poderes del Estado, incluidos los cargos de conducción.
Mientras se aguarda una definición institucional, el caso plantea dos exigencias que no se excluyen: el debido proceso para el denunciado y la garantía de que la trabajadora no sufra consecuencias laborales por haber denunciado.












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