La canasta básica saltó a 80,8% en Paraná y la mora creció 157% en Entre Ríos

La canasta básica aumentó 80,8 por ciento en Paraná en dos años. En Entre Ríos, la cantidad de personas en mora creció 157 por ciento, mientras se perdieron 14.810 puestos de trabajo registrados y 1.219 empleadores desde noviembre de 2023 a la fecha. El economista Juan Pablo Enríquez, del CEPA, vinculó estos indicadores con un modelo de valorización financiera que, según su análisis, profundiza la caída del consumo, el endeudamiento de las familias y el deterioro productivo.
La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la destrucción de puestos de trabajo configuran un escenario de deterioro económico en Entre Ríos. Los indicadores relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a partir de estadísticas oficiales, permiten dimensionar el impacto provincial de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

En Paraná, la canasta básica total aumentó un 80,8 por ciento entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, según la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos. Para un hogar compuesto por dos adultos y dos niños, su valor llegó a 1.576.651,43 pesos en septiembre de este año.

El encarecimiento de los bienes y servicios necesarios para sostener un hogar coincide con una contracción del consumo y un aumento de las dificultades para afrontar compromisos financieros. Para Juan Pablo Enríquez, economista del CEPA, estos fenómenos responden a una orientación económica que tiene antecedentes en otros períodos de la historia argentina.

“Este es un modelo económico de valorización financiera”, sostuvo. En su análisis, las políticas actuales retoman características de los programas económicos aplicados durante la última dictadura, en los años noventa y durante el gobierno de Mauricio Macri.

El endeudamiento familiar se multiplicó y crece la morosidad

Uno de los indicadores más preocupantes es la evolución de las deudas de las familias entrerrianas. Según un informe del CEPA elaborado sobre la base de la Central de Deudores del Banco Central, en septiembre de 2026 había 158.829 personas en situación de mora en la provincia. En octubre de 2024 eran 61.764: el incremento alcanzó el 157 por ciento.

En términos proporcionales, el 26,4 por ciento de las personas con deudas estaba en mora, frente al 12,7 por ciento registrado dos años antes.

La situación presenta particularidades según el tipo de financiamiento. Entre quienes tienen obligaciones con billeteras virtuales y otras entidades no bancarias, la morosidad alcanza al 30,9 por ciento. Entre las personas de 15 a 24 años llega al 38,2 por ciento.

A su vez, el 66,4 por ciento de los morosos, equivalente a 105.479 personas, tiene deudas clasificadas como irrecuperables. El dato muestra la profundidad de las dificultades financieras y la imposibilidad de una parte de los hogares de regularizar sus obligaciones.

Enríquez describió una secuencia en el deterioro de la economía doméstica: primero, las familias que tenían capacidad de ahorro comenzaron a utilizar esos recursos para sostener sus gastos; luego recurrieron al endeudamiento y, finalmente, llegaron a la morosidad.

También advirtió que una proporción importante de los préstamos se concentra en las fintech, debido a que ofrecen créditos con menores requisitos de acceso que los bancos tradicionales.

En ese contexto, cuestionó el alcance de las refinanciaciones, entre ellas las impulsadas por el Gobierno provincial para personas endeudadas con el Banco de Entre Ríos (Bersa). Consideró que estas herramientas pueden postergar los vencimientos, pero no resuelven el problema si los ingresos familiares continúan deteriorándose.

“Si no hay aumento de los salarios, lo único que va a ocurrir es que las familias posterguen sus pagos para dos o tres meses, pero se van a encontrar con la misma problemática”, advirtió.

La caída del consumo: 112.179 millones de pesos menos en supermercados

La retracción de los ingresos también se refleja en las ventas comerciales. Según los datos del INDEC analizados por el CEPA, las ventas en supermercados de Entre Ríos durante el primer semestre de 2026 cayeron un 6,2 por ciento respecto del mismo período de 2025, un 25,9 por ciento en comparación con 2023 y un 17,7 por ciento frente a 2022.

La comparación con 2023 permite dimensionar la magnitud de la contracción: expresada en pesos de junio de 2026, la facturación acumulada entre enero y junio fue 112.179 millones de pesos inferior a la del primer semestre de aquel año.

Si se considera el período comprendido entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la caída acumulada asciende a 308.624 millones de pesos.

En paralelo, la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, pasó de 115.332,55 pesos en septiembre de 2024 a 210.310,52 pesos en agosto de 2026. La canasta básica total registró un incremento del 4,72 por ciento en agosto y del 0,96 por ciento en septiembre.

A nivel nacional, un informe especial de la revista Mercado señaló que la pobreza aumentó durante el primer semestre de 2026 porque los ingresos crecieron a un ritmo inferior al de las canastas básicas.

Entre Ríos perdió 14.810 puestos de trabajo registrados

El deterioro económico también impactó sobre el entramado productivo y el empleo. De acuerdo con el informe laboral del CEPA, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Entre Ríos pasó de 17.405 empleadores con trabajadores registrados en noviembre de 2023 a 16.186 en agosto de 2026.

La provincia perdió 1.219 empleadores, una reducción del 7 por ciento. El comercio encabezó la caída, con 394 empleadores menos. Le siguieron la industria, con 174; el transporte, con 136; los servicios profesionales, con 120; y el sector agropecuario, con 113.

En términos relativos, los servicios artísticos, culturales y deportivos registraron una disminución del 20,3 por ciento, mientras que la construcción retrocedió un 15,3 por ciento.

El impacto se concentró principalmente en empresas de menor y mediana dimensión: 1.217 de los 1.219 empleadores que dejaron de registrar trabajadores tenían hasta 500 empleados.

En cuanto al empleo registrado público y privado, la provincia pasó de 281.045 puestos en noviembre de 2023 a 266.235 en agosto de 2026. La diferencia representa 14.810 puestos menos, una caída del 5,3 por ciento.

La tendencia continuó durante el último año relevado. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026 se perdieron 3.268 empleos registrados, un 1,2 por ciento. Solo entre julio y agosto de 2026 la reducción fue de 2.075 puestos, de los cuales 1.221 correspondieron a la industria manufacturera.

La continuidad de un modelo de valorización financiera

Enríquez vinculó el rumbo económico actual con las experiencias de la última dictadura, el menemismo y el gobierno de Mauricio Macri. Mencionó como referencias las políticas impulsadas por José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo y Luis Caputo, a quien identificó como responsable de la orientación económica durante la administración macrista y en el actual gobierno.

Como rasgos comunes señaló “la destrucción de la industria, del mercado interno, el endeudamiento, la destrucción del salario, la apertura de importaciones”. A su entender, esas medidas producen una transferencia de recursos desde los sectores trabajadores hacia los dueños del capital, a través de la pérdida del poder adquisitivo.

También identificó la devaluación de diciembre de 2023, que estimó en alrededor del 118 por ciento, como un punto de partida para el proceso de deterioro.

El análisis incluyó el papel de los gobiernos provinciales frente a las políticas nacionales. Enríquez consideró que los gobernadores tienen un margen fiscal acotado, pero pueden optar por acompañar el rumbo económico o resistirlo. En el caso de Entre Ríos, cuestionó el respaldo de la gestión provincial al programa de Milei. Entre los ejemplos mencionó el acompañamiento a las leyes que sustentan ese modelo, incluida la Ley Bases.

La salida: recuperación salarial y distribución de la riqueza

Frente a este escenario, Enríquez planteó que las refinanciaciones y los mecanismos de alivio financiero no alcanzan para revertir el deterioro de las condiciones de vida. La recuperación, sostuvo, requiere modificar la orientación económica, recomponer los salarios y promover una distribución de la riqueza.

Como referencia mencionó el proceso iniciado en 2003, caracterizado, según su evaluación, por un fuerte impulso a la distribución del ingreso y al aumento de los salarios.

“Un urgente cambio de modelo económico”, reclamó el economista, quien calificó al gobierno de Milei como “el fracaso monstruoso que se está dando en la Argentina”.

También advirtió sobre el nivel de respaldo institucional que recibe el programa nacional por parte de los gobernadores y sus consecuencias sobre las economías provinciales.

Los datos de Entre Ríos muestran distintas dimensiones de una misma crisis: hogares con mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas, personas que acumulan deudas que no pueden pagar, menos ventas en supermercados y una reducción sostenida de empleadores y puestos de trabajo registrados.

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