INFORME ESPECIAL: La trama y la puja por el poder detrás del juicio político contra Susana Medina

Una firma difícil de conseguir, semanas de tapas y sobreexposición en medios de comunicación. Los informes que obran en el expediente de la Cámara de Diputados, archivado tras el rechazo del pedido, muestran lo que casi nadie contó: la defensa de la vocal y el trasfondo de una disputa por el poder en la Justicia entrerriana.

En Tribunales rige una regla no escrita. Cuando un vocal del Superior Tribunal de Justicia queda expuesto durante semanas bajo la sombra de un juicio político, lo más probable es que termine pidiendo la jubilación. Ya había ocurrido con otros integrantes del cuerpo. Por eso sorprendió que Susana Medina no se fuera. Se defendió, presentó pruebas y esperó. El pedido terminó archivado sin que nadie votara su destitución.

Lo que quedó es una pregunta que circula en el Palacio de Justicia, en la Casa Gris y en el Colegio de la Abogacía: ¿quién ganaba si esa silla se liberaba?

Este informe se apoya en un material poco difundido. Son los documentos que la propia vocal presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, y el acta con que la comisión analizó el caso. Están registrados en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y permanecen allí como archivo después del cierre del trámite. Todo lo que este medio narra sobre las explicaciones de la jueza surge de esos informes.

Una firma que costó conseguir

Según supo Demo Comunicación por fuentes del ámbito legislativo, en los días previos a la presentación circuló en la Legislatura la búsqueda de alguien que firmara el pedido. Varios legisladores y legisladoras se negaron: no encontraban argumentos suficientes para sostenerlo.

Firmó finalmente Eugenio Alejandro Jacquemain, periodista, jubilado y dirigente de AGMER Gualeguaychú. Su pedido ingresó el 5 de diciembre de 2025 y quedó registrado como expediente administrativo N° 3400 de la Honorable Cámara de Diputados. Cinco días después, el 10 de diciembre, se sumó el expediente N° 3432, presentado en nombre de la asociación civil Entre Ríos Sin Corrupción por María Fabiana Cian y María Valeria Harari. Una tercera presentación, el expediente N° 3580, fue resuelta por la comisión el 22 de diciembre.

Tres meses antes de la firma

Hay un dato previo que llamó la atención de quienes siguieron el caso. El 23 de agosto de 2025, tres meses y medio antes de la presentación, Jacquemain había sido entrevistado en el marco de un homenaje a Jorge Méndez. Quienes lo entrevistaron son los mismos que venían analizando y publicando información sobre las ausencias y los viajes de la vocal. El vínculo entre quienes investigaban y quien luego estampó la firma venía de antes.


Qué se le imputaba

La denuncia de Jacquemain sostenía que Medina acumuló más de 660 días hábiles de ausencia entre 2016 y 2025, que las licencias por capacitación superaron el tope anual de 20 días y que hubo uso indebido de vehículos oficiales, choferes y viáticos.

La de la ONG agregaba una morosidad del 90% en 2024 y 191 causas resueltas en 2023, con un 63% de sentencias fuera de término. Cuestionaba además el orden de designación de vocales subrogantes durante la presidencia de Medina en 2022-2023. Planteaba un posible conflicto de intereses por “contribuciones” a favor de una asociación que la jueza presidía, y objetaba la prohibición de ingreso al Palacio de Justicia para integrantes de la organización.

Las respuestas que no llegaron a las tapas

Medina fue notificada del traslado de la causa el viernes 12 de diciembre. Respondió con un escrito de descargo dirigido a la presidenta de la comisión, la diputada Gabriela Lena, firmado con el patrocinio de los abogados Andrés Bacigalupo y Ladislao Uzín Olleros. El 22 de diciembre, a las 17:05, participó por Zoom de la audiencia ante la comisión y ratificó lo presentado.

Esas explicaciones, sostenidas con documentación, no tomaron estado público a través de los medios que venían llevando adelante la cobertura. Quien siguió el caso por esas publicaciones pudo conocer la acusación pero no las respuestas. Esto es lo que dicen los documentos.

Las ausencias

La jueza explicó que los vocales del STJ no se rigen por el régimen de licencias de los jueces inferiores. Tienen uno propio, fijado por los Acuerdos Generales 06/17, 16/17 y 17/17, porque cumplen una doble función: dictan sentencias y gobiernan el Poder Judicial. Ese régimen no está sujeto al tope de 20 días anuales que invocaban los denunciantes. Cada ausencia, afirmó, fue aprobada por el pleno del Tribunal, que es el órgano responsable de esa autorización. Además presentó documentación que acreditan que los viajes a instituciones nacionales e internacionales los costeó ella o las entidades que la convocaron, sin afectar partidas del Poder Judicial.

La comisión constató esto. La documentación concluye que todas las ausencias, licencias y comisiones de servicio entre 2016 y 2025 fueron solicitadas en tiempo y forma, con indicación del motivo, y autorizadas y registradas por la autoridad competente.

La morosidad

Frente a la acusación de una morosidad del 90%, la jueza respondió que su despacho estaba al día y que su firma figura en 5.821 autos y sentencias entre 2014 y 2025. Adjuntó certificaciones de las secretarías del Tribunal y un informe estadístico del período. La comisión pidió informes al STJ. Tanto la secretaria interina Andrea C. Nassivera como la secretaria de Superintendencia, Elena Salomón, respondieron que no se registraba morosidad en su vocalía. La denuncia, en este punto, carecía de sustento. Esa respuesta tampoco tomó estado público.

El uso de recursos del Estado

La acusación sobre vehículos, choferes y viáticos también se desarma en el expediente. La jueza había renunciado al uso del vehículo oficial y del chofer el 1° de febrero de 2022, el mismo día en que asumió la presidencia del Tribunal, y presentó cuatro fojas con las constancias de esa renuncia. El 15 de julio de 2022 comunicó al contador general, Darío Koch, y al tesorero general, Pablo Dayub, que no cobraría viáticos en los viajes oficiales dentro de la jurisdicción cuando no demandaran gastos de alojamiento. Paga de su bolsillo la línea telefónica que el Poder Judicial asignó a su vocalía.

Además, las cuentas de sus dos períodos como presidenta del Tribunal, 2022 y 2023, fueron aprobadas sin objeciones por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que respondió el oficio N° 8 librado por la comisión. Para los diputados, analizar esos gastos le corresponde a ese organismo y no a la Legislatura.


17° Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces – Sudáfrica, Abril 2025

La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y la ONG

La jueza explicó que la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina no integra el Poder Judicial. Es una entidad científica y cultural, administrada por su comisión directiva, fiscalizada por una comisión revisora de cuentas y controlada por la Inspección General de Justicia. El expediente consigna que se acompañaron memorias y balances aprobados por la Inspección General de Justicia (IGJ) y que no se registran aportes del Banco de Entre Ríos, de su fundación, ni de la Fundación Grupo Petersen, ni pago alguno a la jueza.

Sobre la prohibición de ingreso al Palacio de Justicia, ofreció una explicación que casi nadie recogió. Según el descargo, la medida se tomó tras incidentes durante una audiencia de la causa Urribarri, en junio de 2022, presidida por el juez Elvio Garzón. Quienes irrumpieron se identificaron ante la policía como integrantes del “Equipo Republicano”, que en diciembre de 2022 pasó a llamarse Entre Ríos Sin Corrupción. Entre ellos, dijo, estaba Cian. La jueza adjuntó un legajo de 32 fojas con los antecedentes. En otras palabras, los denunciantes de 2025 serían, según su relato, protagonistas de un conflicto previo con ella.

Otras pruebas

Medina también presentó las memorias de su presidencia del STJ y del Tribunal Electoral en 2022 y 2023. Sumó adhesiones de magistrados, académicos e instituciones, y los informes de los programas del Instituto Alberdi, que dirige ad honorem desde 2014. Ofreció como testigos a los vocales Germán Carlomagno, Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Carlos Tepsich, entre otros.

Lo que los documentos dejan en claro

Puestas una al lado de la otra, las respuestas de la jueza siguen una misma lógica. Las ausencias respondieron a un régimen propio de los vocales, aprobado por el pleno del Tribunal, y la comisión comprobó que todas fueron solicitadas y autorizadas en tiempo y forma. La morosidad que se le atribuía no figuraba en su vocalía, según los informes que el propio STJ envió a los diputados. Había renunciado al vehículo oficial y al chofer, y a cobrar viáticos dentro de la jurisdicción. Las cuentas de su presidencia fueron aprobadas sin objeciones por el Tribunal de Cuentas. Y los aportes que se le cuestionaban en la AMJA no figuran en los balances aprobados por la Inspección General de Justicia.

Ninguno de esos puntos es una opinión de la defensa. Todos están respaldados por documentos que obran en el expediente de la Cámara de Diputados.
Con ese material y habiendo reunido los elementos de mérito para continuar con el proceso se optó por no formular acusación dentro del plazo legalmente previsto de 30 días, tal como la normativa de Juicio Político lo determina, fue así que quedó desestimado el llevar adelante el proceso contra la magistrada.

Queda entonces una pregunta que el expediente no responde. Si las explicaciones estaban presentadas por escrito, con prueba y con informes oficiales, desde el 22 de diciembre de 2025, ¿por qué no tomaron estado público en los medios que habían sostenido la acusación durante semanas? La acusación ocupó tapas y se replicó en toda la agenda. La respuesta, en cambio, quedó en un archivo parlamentario al que casi nadie accedió. Esa asimetría es el punto de partida de las lecturas que se analizan a continuación.


La salida del archivo del Juicio Político.

Tras varias discusiones en la Comisión de Juicio Político se llegó a una conclusión, las denuncias eran un relato fragmentado sin hechos concretos ni normas violadas.

El pedido nunca llegó al recinto. Para aprobar una acusación se necesitan los dos tercios de los votos de la Cámara, y para sesionar, tres cuartos de sus miembros. El plazo de 30 días con que contaba la comisión venció el 5 de enero de 2026, sin que se produjera la sesión correspondiente para esa fecha.
La salida de archivar el pedido de Juicio Político contra Medina, fue una respuesta política de los legisladores. Por esos días el tema estaba instalado mediáticamente y nadie quería asumir ni el costo, ni enfrentarse al grupo mediático que venía sosteniendo el proceso.  

El silencio del Gobierno

Hay un elemento que ayuda a entender el desenlace. Según fuentes confiables de la Comisión, que aportaron datos durante esos días, el Gobierno provincial no se involucró en dar apoyo a la continuidad del juicio político. La conclusión de esas fuentes es que el Gobierno no estaba convencido de que la jueza hubiera cometido una conducta indebida, y esa convicción lo habría llevado a mantenerse al margen.

Esa falta de respaldo fue clave. Sin impulso político, el expediente no tuvo quién lo empujara hasta el recinto, y el plazo se agotó.

La hipótesis principal: una interna que excede a Medina

Las luchas por el poder dentro del Superior Tribunal no son nuevas. La lectura que ganó espacio entre quienes conocen esa interna, y que las fuentes consultadas por este medio sostienen como una de las posibles puntas del caso, es más precisa que un simple enfrentamiento. Plantea una alianza entre sectores del Poder Judicial y un grupo mediático con conexiones en los tribunales entrerrianos, beneficiado con acceso privilegiado a expedientes y causas que se tramitan en el fuero penal. No se trata de la prensa en general, sino de un grupo concreto de medios que llevó adelante la investigación y sostuvo las publicaciones. Como la jueza es una de las máximas figuras de la Justicia provincial, otros medios replicaron cada novedad y el tema se instaló en toda la agenda pública.

La clave del cálculo estaría en la vacante. Una silla libre en el Superior Tribunal permite sumar nuevos integrantes y, con ellos, inclinar la balanza de poder hacia otro sector.


Escraches de Equipo Republicano junio del 2022 en los Tribunales de Paraná

Del Equipo Republicano a Entre Ríos Sin Corrupción

“Entre Ríos Sin Corrupción”, es la ONG que firmó la segunda denuncia contra Medina. En el entorno político judicial se lo menciona como mentor a Sebastián Orlando Bertozzi, se trata del esposo de la fiscal Cecilia Goyeneche, quien ocupó el cargo de coordinadora anticorrupción del Ministerio Público Fiscal y procuradora adjunta. 

Para entender por qué aparece su nombre hay que volver a 2022. La ONG tiene antecedentes. Como el propio descargo de Medina que figura en los documentos del Juicio político recuerda, hasta diciembre de 2022 se llamaba Equipo Republicano. Y el Equipo Republicano ya había tenido protagonismo en los tribunales de Paraná. El 10 de junio de 2022, un grupo de mujeres vinculadas a ese espacio ingresó a una audiencia de la causa Urribarri para increpar a los defensores del exgobernador. Según una crónica publicada por Babel Digital el 27 de septiembre de 2022, los hechos fueron grabados y difundidos y motivaron una investigación. Un grupo de abogados, entre ellos Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Miguel Cullen, Ignacio Díaz y Juan Méndez, amplió entonces la denuncia. Pidieron averiguar quién financiaba a un grupo que, según esa crónica, venía manifestándose en la puerta de los tribunales en apoyo a Goyeneche durante su jury, y a la vez cuestionaba a Urribarri.

Ese es el hilo que une las piezas. Quienes lo siguen sostienen que el mismo espacio que respaldaba a Goyeneche en 2022 fue después la ONG que impulsó el pedido contra Medina, a quien el descargo vincula con aquel episodio por la restricción de acceso al Palacio de Justicia que ella dispuso. Para esas lecturas, hubo una animosidad previa entre el grupo y la magistrada, ligada a los escraches en los tribunales.

La procuración, alianzas y poder 

Los antecedentes públicos de la fiscal explican por qué su nombre circula en los pasillos de los tribunales de Paraná.. En 2019 se apartó de la causa de los contratos de la Legislatura, después de que defensores la recusaran por un vínculo comercial entre su esposo y un contador imputado en la causa. Más tarde fue sometida a un jury, iniciado el 30 de noviembre de 2021 y concluido con su remoción el 24 de mayo de 2022. Tras la intervención de la Corte Suprema en 2024, el STJ anuló el proceso. El Procurador General, Jorge García, firmó la Resolución N° 20, el viernes 27 de febrero de 2026, que la restituyó en el cargo, y la reposición se concretó el 28 de febrero de este año. Goyeneche había cuestionado que en su jury participaran vocales que, según ella, no debían hacerlo por parcialidad.

Quienes conocen el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal la describen como la mano derecha del procurador García. Hasta su remoción, muchos pensaban que sería su sucesora cuando el procurador se jubilara. Esa lectura abre una línea que las fuentes judiciales mencionan con cautela: la procuración, que en estos años acumuló poder dentro del sistema judicial, sería una de las piezas de esa interna. Si el vínculo entre la ex fiscal y el procurador explicara el interés por un movimiento en el Superior Tribunal, sería una hipótesis que podría darle sentido al intento de remoción de Medina y la búsqueda de colocar una figura afín al sector en puja.

La secuencia dibuja un mapa de alianzas y cuentas pendientes: un procurador, una fiscal repuesta, una ONG con pasado en los tribunales y un grupo de medios.

La hipótesis menos probable: periodismo con errores

Existe una explicación alternativa, que quienes conocen el expediente consideran menos probable: un caso de periodismo de investigación con errores. Se habrían leído como irregularidades ausencias autorizadas por un régimen especial y se habría publicado una acusación sin contrastarla con las respuestas de la defensa. Si fuera así, igualmente quedaría pendiente explicar por qué esas respuestas, presentadas y documentadas ante la comisión, no se difundieron.

Otro elemento llamativo por esos días fue la publicación de datos de la vida privada de la Jueza. Medina había recibido una herencia tras el fallecimiento de una persona de sí vinculo intimo y esa informacion ocupó tapas en medios. Esa exposición implicaba generar un manto de sospecha y mayor exposición mediática negativa para la magistrada


Una provincia que quedó sin voz

Un eje central de esta historia es la pérdida de una figura clave. Con la sobreexposición de la causa, la provincia pierde presencia a través de la jueza.

Medina desarrollaba una actividad jurídica que posicionaba a Entre Ríos en la escena nacional e internacional. Presidió la Asociación Internacional de Mujeres Juezas entre 2016 y 2018 y era directora para América Latina de esa entidad. Presidió durante años la AMJA, dirige el Instituto Alberdi, la escuela judicial provincial, y fue presidenta del Superior Tribunal y del Tribunal Electoral. En los últimos años su nombre sonó para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tras el pedido de juicio político dejó la presidencia de la AMJA, que ejercía desde 2009. Una provincia pequeña rara vez cuenta con una voz con esa proyección. Cuando esa voz se daña, se debilita también el lugar que Entre Ríos ocupa en esos espacios.

Demo Comunicación solicitó a través del Area de Comunicación del Superior Tribunal de Justicia poder realizar una entrevista con la Vocal Susana Medina, el objetivo de la misma era tener su apreciación sobre proceso de Juicio Politico y como afectó en su vida personal y profesional,, pero la jueza decidió no hacer declaraciones.


Respuesta de la consulta:
“Buen día Fernando. La doctora está en una actividad académica y agradece el interés por el tema; pero no tiene para decir. Muchas gracias de su parte”.

Condenada sin condena

Medina no fue destituida. Su permanencia en el cargo está intacta. Sin embargo, su vida judicial en la proyección nacional e internacional quedó limitada. La sobreexposición mediática, sin la difusión de los aspectos que fundaban su defensa y que hoy están documentados en el archivo de la Cámara de Diputados, terminó siendo un escarnio público.

Parte de la vida democrática en la Justicia es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La comisión revisó las denuncias, dejó que venciera su tratamiento y la jueza resistió. Pero el resultado está a la vista: Medina fue condenada mediáticamente, antes de que cualquier instancia dijera algo y no habiendo incumplido sus funciones como funcionaria pública. 

 

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