El octavo informe del Observatorio de Tierras relevó más de 50 conflictos territoriales en ocho provincias y puso bajo la lupa la extranjerización de la tierra, la minería, el avance de la frontera agropecuaria, los desmontes y la presión inmobiliaria. En Entre Ríos, el organismo estima que unas 247.000 hectáreas están en manos de capitales extranjeros. El exministro Julián Domínguez advierte que detrás de la propiedad de la tierra también se juega el control de recursos estratégicos como el agua, los alimentos y la energía.
La discusión sobre la tierra suele aparecer fragmentada: una comunidad indígena que enfrenta un desalojo, una disputa por un campo, un proyecto minero, un desmonte, una inversión inmobiliaria o una empresa que adquiere grandes extensiones rurales.
El Observatorio de Tierras, un instrumento surgido en el marco del debate sobre la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Glaciares, propone mirar esos episodios como parte de un mismo proceso. El organismo, vinculado al Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, construyó mapas que cruzan información sobre propiedad extranjera, recursos estratégicos y conflictos territoriales. Según sus datos, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, una superficie superior a los 13 millones de hectáreas.
El octavo informe, publicado en septiembre, incorporó una nueva dimensión: una capa de conflictos territoriales construida desde las organizaciones sociales y comunitarias, a partir de información aportada desde los propios territorios. En pocos días, el relevamiento reunió más de 50 conflictos en ocho provincias. Para el Observatorio, se trata de una primera prueba que permite observar que la disputa por el territorio tiene alcance federal.
Litio, desmontes, agro y presión inmobiliaria
Los conflictos registrados responden a causas que se repiten en distintas regiones: el avance de proyectos extractivos, especialmente minería y litio; la expansión de las fronteras agropecuaria y forestal; los desmontes; las disputas por la titularidad de tierras ante la falta de relevamiento territorial de comunidades indígenas; y la presión inmobiliaria y urbana sobre territorios comunitarios.
El Noroeste argentino concentra la mayor cantidad de casos. En Catamarca, el Observatorio relevó nueve conflictos, varios relacionados con la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto y Fiambalá, con denuncias vinculadas al uso y afectación del agua y sitios considerados ancestrales. En Jujuy aparecen disputas asociadas a la minería de uranio y problemas catastrales, mientras que en Salta se registran desalojos, ventas de tierras a terceros y desmontes.
En Santiago del Estero, el eje está puesto en el avance de la frontera agrícola sobre territorios campesinos e indígenas, con conflictos por campos de miles de hectáreas y denuncias de contaminación derivada de fumigaciones.
En el Noreste, el informe pone el foco especialmente en Chaco y Misiones. En Chaco aparecen grandes territorios indígenas sin reconocimiento definitivo y en riesgo frente al avance de proyectos de inversión. En Misiones, la expansión forestal y agroindustrial genera disputas con comunidades mbya guaraníes y familias campesinas.
En el sur, los conflictos adquieren además una fuerte dimensión inmobiliaria. El Observatorio señala casos en Neuquén y Río Negro, en zonas de alto valor turístico y estratégico, donde las disputas involucran territorios comunitarios y derechos de propiedad.
El informe plantea que estos conflictos no deberían ser analizados como fotografías independientes, sino como fragmentos de una problemática de alcance nacional: quién accede a la tierra, quién puede disponer de ella, qué actividades se desarrollan y qué capacidad conserva el Estado para intervenir.
Entre Ríos, en el corredor estratégico del Paraná
La discusión tiene una dimensión particularmente relevante para Entre Ríos. En su quinto informe, publicado en julio, el Observatorio analizó la extranjerización de tierras en el corredor del río Paraná, incluyendo Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Para la provincia, estimó que unas 247.000 hectáreas, equivalentes al 3,23% de su territorio, están en manos de capitales extranjeros.
El informe señala que el capital extranjero en Entre Ríos está distribuido entre distintas nacionalidades. El capital uruguayo concentra más de 44.000 hectáreas; el italiano, unas 40.700; el holandés, alrededor de 36.000; el español, 34.600; y el francés, 28.500.
La distribución tampoco es homogénea. La Paz registra 8,76% de extranjerización y Gualeguay 8,57%, mientras que Concordia alcanza 5,68% y Federal 3,78%, según el relevamiento del Observatorio.
El dato adquiere otra dimensión cuando se observa la geografía. La Paz y Gualeguay forman parte del corredor del Paraná, una vía navegable estratégica vinculada con producción, exportaciones, recursos hídricos y logística.
Por eso, para el Observatorio, el problema no puede medirse únicamente por el porcentaje provincial. La pregunta es dónde están esas tierras y con qué recursos estratégicos se relacionan.
Domínguez: «La tierra dejó de ser un bien colectivo»
La discusión sobre la propiedad extranjera de la tierra adquirió una nueva dimensión después del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, según el análisis publicado por Y de repente la noche, dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el DNU 70/2023.
Sobre ese escenario Julián Domínguez, exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y expresidente de la Cámara de Diputados, señaló que la Ley 26.737 fue sancionada en 2011 después de advertir el interés de fondos de inversión extranjeros por adquirir grandes extensiones de territorio argentino. Contó que durante un viaje a China recibió una propuesta para comprar 700.000 hectáreas y que posteriormente, en India, un fondo le planteó adquirir un millón de hectáreas.
Según explicó, aquellas situaciones contribuyeron a impulsar el proyecto que terminó convirtiéndose en la Ley de Tierras Rurales, que estableció límites a la propiedad extranjera y un tope general del 15% para las tierras rurales en manos de extranjeros.
Al referirse al fallo de la Corte, Domínguez fue categórico: «La primera consecuencia es que el gobierno obtiene por un artilugio procesal precisamente lo que quería: poner al mejor postor la tierra de los argentinos y vaciar de titularidad del pueblo argentino nuestras tierras. Para la Corte de Justicia de la Nación, la tierra dejó de ser un bien colectivo».
El exministro vinculó la discusión territorial con el agua, la energía, la minería y la producción de alimentos. «Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce del planeta en el acuífero Guaraní. Tiene condiciones extraordinarias de energía, minería y producción de alimentos, que es un recurso escaso que demanda el mundo».
Y agregó: «Está en discusión el principal recurso estratégico que tiene el planeta, que es la tierra y los recursos naturales, y estamos poniendo en la bandeja del mercado lo más sagrado que tenemos, que es nuestro territorio».
Del porcentaje nacional al territorio estratégico
Domínguez también cuestionó que la discusión se reduzca a un porcentaje nacional de extranjerización. Según sostuvo durante la entrevista, cuando se sancionó la Ley de Tierras el diagnóstico indicaba un 8% de tierras en manos extranjeras y estimó que actualmente podría ubicarse entre el 13% y el 14%. Pero señaló que el promedio nacional puede ocultar situaciones mucho más concentradas en determinadas zonas.
«El problema principal no es solo el promedio nacional: en municipios donde hay recursos estratégicos, agua dulce o minerales, la extranjerización llega al 60%, 70% u 80%», indicó.
El Observatorio plantea una preocupación similar desde otra perspectiva: sus mapas muestran que las tierras extranjerizadas se concentran en áreas estratégicas, entre ellas zonas de frontera, corredores vinculados al río Paraná, regiones con potencial minero, acuíferos y áreas de bosques nativos.
En ese punto convergen ambas miradas: la discusión sobre la tierra no puede separarse de la discusión sobre los recursos que existen dentro de esos territorios.
Una discusión que también atraviesa a Entre Ríos
Para Entre Ríos, el debate tiene una dimensión concreta. La provincia forma parte de uno de los corredores fluviales y productivos más importantes del país y registra niveles de extranjerización menores que otras jurisdicciones, pero con concentraciones significativas en determinados departamentos.
Los datos del Observatorio ubican a La Paz y Gualeguay por encima del 8% de territorio en manos extranjeras, mientras que Concordia supera el 5%. El problema, entonces, no se agota en saber quién figura como propietario: también obliga a observar qué ocurre con las tierras vinculadas al Paraná, los recursos hídricos, la producción agropecuaria y las posibilidades de desarrollo futuro.
La pregunta que deja abierta el conjunto de estos informes y la entrevista con Domínguez es política y económica al mismo tiempo: qué lugar ocupa la tierra en un proyecto de país y hasta dónde puede el mercado definir el destino de territorios que contienen recursos estratégicos.
El Observatorio lo plantea como una disputa federal. Domínguez la ubica directamente en el terreno de la soberanía. Y en ambos casos aparece una misma advertencia: mirar solamente el precio o la titularidad de una hectárea puede hacer perder de vista el valor estratégico del territorio en el que esa hectárea está ubicada.
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