El Gobierno de Entre Ríos creó un programa de asistencia financiera para grandes usuarios que afrontaron un fuerte incremento del Cargo MEM entre mayo y agosto. La Provincia utilizará inicialmente recursos del Tesoro, pero el mecanismo será reintegrable: las empresas que adhieran deberán financiar el monto de sus facturas y devolverlo en cuotas, con intereses.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso un mecanismo de asistencia financiera de hasta 16.400 millones de pesos para los grandes usuarios de electricidad que afrontaron un incremento extraordinario del denominado Cargo MEM entre mayo y agosto de 2026.
La medida fue establecida mediante el Decreto 2873/26, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a aproximadamente 225 Grandes Usuarios de Distribuidora (GUDI) de la provincia.
El objetivo declarado por el Gobierno es evitar que el aumento del componente mayorista de la electricidad afecte la continuidad de la actividad económica, las fuentes de trabajo y la cadena de pagos del servicio eléctrico.
Pero el mecanismo elegido tiene una particularidad: el Estado provincial adelanta los recursos, mientras que las empresas deberán afrontar posteriormente la devolución del financiamiento, con intereses.
Qué es el Cargo MEM y por qué aumentó
El Cargo MEM está vinculado al Mercado Eléctrico Mayorista, donde se determina una parte del costo de abastecimiento de la electricidad antes de que llegue al usuario final. No representa el precio completo de una factura eléctrica. En ella intervienen distintos componentes, entre ellos el costo de la energía y la potencia, el transporte, la distribución, los impuestos y otros cargos regulatorios.
El Mercado Eléctrico Mayorista es administrado por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Los grandes usuarios tienen un esquema diferente al de los usuarios residenciales y afrontan de manera más directa determinados costos de abastecimiento del sistema. Según los fundamentos del decreto, entre mayo y agosto se produjo un incremento extraordinario del componente asociado al MEM que impactó sobre los grandes usuarios entrerrianos.
El Gobierno provincial atribuye ese comportamiento a una combinación de factores, entre ellos las condiciones hidrológicas, el precio de los combustibles utilizados para la generación eléctrica, el costo del gas natural y modificaciones en el esquema nacional de subsidios.
La Provincia aclara en el decreto que no tiene competencia para determinar el precio mayorista de la electricidad, cuya regulación corresponde al ámbito nacional. Sin embargo, las variaciones de esos valores repercuten directamente sobre las empresas radicadas en Entre Ríos.
La Provincia adelanta el dinero y las empresas asumen el financiamiento
El programa tendrá un límite de 16.400 millones de pesos y será atendido inicialmente con recursos de Rentas Generales del Tesoro provincial, mientras que la Secretaría de Energía de Entre Ríos será la autoridad de aplicación y deberá establecer las condiciones del programa, entre ellas el plazo de adhesión, la cantidad de cuotas y la tasa de interés.
El punto central del esquema es que los fondos no constituyen un subsidio a las empresas sino que la Provincia otorgará una asistencia financiera reintegrable a las distribuidoras eléctricas. Estas deberán celebrar convenios con los usuarios GUDI que adhieran al programa para financiar los cargos correspondientes a los períodos alcanzados.
De esta manera, la empresa que utilice el mecanismo podrá evitar el pago inmediato del monto extraordinario de su factura, pero deberá devolver posteriormente ese financiamiento en las condiciones que establezca el convenio, incluyendo los intereses correspondientes.
Las distribuidoras, a su vez, deberán reintegrar a la Provincia los recursos que reciban del Tesoro, también con los intereses establecidos.
El esquema genera así una cadena financiera: el Tesoro provincial adelanta los fondos, las distribuidoras los reciben y los grandes usuarios que adhieran asumen la obligación de devolver el financiamiento.
¿Cuánto terminará pagando cada empresa?
El decreto establece el monto máximo global del programa, pero todavía no determina cuánto deberá pagar cada empresa ni cuál será el costo financiero definitivo de la operación.
Esos parámetros deberán ser establecidos por la autoridad de aplicación y formalizados mediante los convenios correspondientes.
También deberán definirse las condiciones para aquellos usuarios que ya hayan cancelado total o parcialmente los cargos correspondientes a mayo, junio, julio y agosto.
Por eso, los datos que permitirán dimensionar el endeudamiento efectivo de las empresas serán la tasa de interés, el plazo de devolución, la cantidad de cuotas y el monto que cada usuario decida financiar.
El techo establecido por el Gobierno es de 16.400 millones de pesos, pero eso no significa que cada una de las 225 empresas vaya a financiar el mismo monto ni que necesariamente se utilice la totalidad del cupo.
¿Quiénes pueden acceder?
El programa alcanza a los usuarios categorizados como GUDI —Grandes Usuarios de Distribuidora— que estaban registrados al momento de la facturación de mayo, junio, julio y agosto, independientemente de cuál sea la distribuidora que los abastece.
Se trata de grandes consumidores de electricidad, entre ellos establecimientos industriales y otros usuarios con niveles elevados de demanda.
La dimensión del aumento puede observarse también en los cuadros tarifarios publicados por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). El organismo incorpora a las tarifas los valores mayoristas establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y establece que esos valores pueden modificarse cuando cambian los precios de energía, potencia o transporte del Mercado Eléctrico Mayorista.
La cuestión energética ya había sido planteada por el sector industrial entrerriano como uno de los componentes que inciden sobre la competitividad de las empresas. Cabe señalar que la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) viene reclamando medidas vinculadas con los costos energéticos y las condiciones generales para producir en la provincia.
Una medida provincial frente a un costo definido en el mercado nacional
El decreto establece que la Provincia interviene frente a un problema que tiene origen en el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista y en decisiones regulatorias que corresponden al ámbito nacional. Entre Ríos sostiene que el incremento extraordinario del Cargo MEM puede afectar la continuidad de actividades productivas y la conservación de fuentes de trabajo.
La herramienta elegida es un mecanismo de financiamiento que permite distribuir en el tiempo el impacto de los cargos correspondientes a cuatro meses. El costo financiero de esa operación quedará determinado por las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
El programa también establece que las distribuidoras deberán devolver al Tesoro provincial los fondos recibidos y los intereses correspondientes, de acuerdo con los plazos y condiciones que se establezcan.
El próximo paso: conocer las condiciones del financiamiento
El decreto fija el marco general, pero deja para la reglamentación y los convenios particulares varios de los datos centrales para las empresas.
Entre ellos se encuentran la tasa de interés que se aplicará, la cantidad de cuotas para devolver el financiamiento, el plazo total de devolución, el monto que podrá financiar cada usuario, las condiciones para quienes ya hayan pagado los cargos, el procedimiento de adhesión al programa.
También deberá conocerse cuántas de las aproximadamente 225 empresas alcanzadas deciden utilizar efectivamente la herramienta y cuál será el monto total que finalmente se financie.
El programa fue creado para atender los cargos correspondientes a mayo, junio, julio y agosto de 2026, por lo que su implementación permitirá determinar cuánto del incremento extraordinario será efectivamente diferido y cuál será el costo financiero que deberán afrontar las empresas que adhieran.
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