La movilización del jueves reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, sindicatos y organizaciones sociales. En Paraná la movilización fue desde Plaza 1º de Mayo hasta la Casa de Gobierno. El reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario expuso las dificultades que atraviesan las instituciones, desde los salarios y las becas hasta las condiciones para sostener las trayectorias académicas.
La comunidad universitaria volvió a las calles de Paraná este jueves 15 de octubre para participar de la quinta Marcha Federal Universitaria. La convocatoria reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, representantes gremiales, organizaciones sociales, sectores políticos y vecinos, en una jornada que tuvo como principal demanda el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recuperación de los recursos destinados a la educación superior.
En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización tuvo su epicentro frente al Congreso de la Nación y reunió a una multitud en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la actualización de las becas estudiantiles. La jornada también tuvo réplicas en ciudades de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Resistencia, Posadas y Neuquén. En Buenos Aires, la protesta terminó con un operativo policial, gases lacrimógenos, personas heridas y detenidas, según los reportes periodísticos. El documento nacional reclamó que se cumpla la ley vigente y advirtió sobre el impacto que el presupuesto proyectado para 2027 podría tener en la continuidad de las funciones universitarias y científicas.
En la capital entreriana, la concentración comenzó a las 17 en Plaza 1º de Mayo y avanzó hasta Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, como parte de la jornada federal de protesta que tuvo réplicas en otras ciudades entrerrianas y en distintos puntos del país.
El reclamo tiene un eje concreto: la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente. La norma establece obligaciones para el sostenimiento del sistema, en un escenario en el que las universidades vienen advirtiendo sobre la pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores y las dificultades para afrontar sus gastos de funcionamiento.
Estudiar también depende de las condiciones materiales
Las consecuencias del deterioro presupuestario se expresan en la vida cotidiana de quienes cursan una carrera. En la marcha, alumnos de distintas carreras describieron las dificultades que enfrentan quienes deben combinar el estudio con los gastos de alquiler, transporte y manutención y en este sentido también señalaron que las renuncias y jubilaciones de docentes sin reemplazos afectan la continuidad de las materias y pueden extender los tiempos de cursado. Cuando una asignatura anual o correlativa queda sin dictarse, el problema trasciende la organización académica: puede retrasar la carrera y comprometer la posibilidad de que un estudiante continúe.
La situación se vuelve más compleja para quienes llegan desde otras localidades y deben afrontar alojamiento y traslados. En esos casos, el acceso formal a una institución pública no garantiza por sí mismo las condiciones necesarias para permanecer y graduarse.
Las becas constituyen otro punto crítico. Durante la movilización se denunció que las becas universales permanecen congeladas en 35.000 pesos, un monto que pierde capacidad para cubrir gastos básicos como alimentación, transporte, alquiler y materiales de estudio.
El reclamo presupuestario, por lo tanto, involucra distintas dimensiones de una misma problemática: el salario de quienes enseñan e investigan, los recursos para el funcionamiento de las instituciones y las condiciones económicas que permiten a los estudiantes sostener sus trayectorias.
Una ley aprobada y una disputa que continúa
La quinta marcha volvió a colocar en el centro de la discusión la distancia entre la aprobación de una norma y su cumplimiento efectivo. La Ley 27.795 fue impulsada para atender la situación financiera de las universidades nacionales y recomponer los ingresos del personal docente y nodocente. Sin embargo, el conflicto con el Poder Ejecutivo nacional continuó abierto y derivó en reclamos políticos y judiciales.
En la previa de la movilización, representantes universitarios, sindicales, estudiantiles y legisladores nacionales reclamaron la aplicación inmediata de la ley y su incorporación al Presupuesto 2027, con partidas suficientes para salarios, becas, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
La discusión presupuestaria adquiere especial relevancia para la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). En la conferencia de prensa previa a la marcha, autoridades universitarias advirtieron que el proyecto de presupuesto nacional contempla una reducción del 33% respecto de los recursos que, según sus estimaciones, necesita la institución para funcionar.
La advertencia obliga a mirar más allá de las cifras generales. Un presupuesto insuficiente puede afectar la continuidad de las actividades académicas, la investigación científica, la infraestructura y los servicios que las universidades prestan a sus comunidades.
La cuestión también interpela a Entre Ríos por el papel que cumplen sus universidades en la formación profesional, la producción de conocimiento y la vinculación con el entramado social y productivo de la provincia.
El financiamiento universitario, una discusión sobre el Estado
La movilización reunió demandas salariales y presupuestarias, pero también puso en discusión qué lugar ocupa la educación superior en las prioridades del Estado nacional.
La universidad pública articula formación, investigación, extensión y producción de conocimiento. Su funcionamiento repercute en la disponibilidad de profesionales, en el desarrollo científico y tecnológico y en las posibilidades de acceso a la educación de personas que, de otro modo, podrían quedar excluidas por razones económicas o geográficas.
En ese marco, la defensa del financiamiento universitario plantea una discusión sobre la distribución de los recursos públicos y las responsabilidades estatales para garantizar el derecho a la educación. La tensión se vuelve más evidente cuando los costos de estudiar aumentan, los salarios pierden poder adquisitivo y las instituciones advierten que los fondos disponibles resultan insuficientes.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a reunir a sectores con distintas pertenencias políticas y gremiales alrededor de una demanda común. La magnitud de la convocatoria en Paraná mostró que el conflicto sigue vigente y que sus consecuencias exceden a quienes trabajan o estudian en las universidades.
El interrogante que queda abierto es cómo se traducirá ese reclamo en decisiones presupuestarias concretas. El cumplimiento de la ley, la recuperación de los ingresos y la disponibilidad de recursos para el funcionamiento universitario serán claves para determinar en qué condiciones las instituciones podrán sostener sus actividades durante 2027.
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