Los médanos del sur entrerriano proveen arena silícea para la fractura hidráulica en Neuquén. Una causa federal investiga presuntas irregularidades en los controles ambientales y alcanza a funcionarios actuales y exfuncionarios, autoridades municipales y a la presidenta de una empresa minera. La investigación continúa abierta y no hay condenas.
En el sur de Entre Ríos, donde el río Paraná dibuja un paisaje de humedales, arroyos y médanos formados durante miles de años, el suelo se convirtió en un recurso estratégico para la industria petrolera. Desde Ibicuy, una localidad de unos 9.000 habitantes, sale arena silícea de alta pureza que se utiliza en la fractura hidráulica, el método empleado para extraer petróleo y gas en Vaca Muerta, Neuquén.
El material que viaja en camiones hacia los yacimientos tiene su origen en un territorio cuya transformación es motivo de una disputa judicial y ambiental. Según la Fundación Humedales, un solo pozo de fracking puede requerir entre 10.000 y 15.000 toneladas de arena. La escala de esa demanda ayuda a explicar el interés económico que adquirió la extracción en el sur entrerriano.
Pero detrás de la actividad hay una pregunta que sigue sin una respuesta definitiva: ¿quién controla cuánto se extrae, en qué condiciones se realiza la explotación y qué consecuencias deja sobre el ambiente?
Desde 2020, el ingeniero agrónomo Carlos Cadoppi Frigerio, que trabaja en el Delta desde hace más de 50 años y es tío del gobernador Rogelio Frigerio, impulsa reclamos judiciales para obtener información y cuestionar las condiciones en que se desarrolla la actividad. A través de su abogado, Ricardo José Luciano, denuncia irregularidades en las habilitaciones y advierte sobre posibles daños al humedal, al agua subterránea y al paisaje.
La controversia llegó a la Justicia federal de Gualeguaychú. En la causa se investiga la posible responsabilidad de funcionarios y empresarios en presuntas irregularidades vinculadas con los controles ambientales. En 2026, después de las indagatorias, el juez Hernán Viri dictó la falta de mérito y dispuso que la investigación continuara. La defensa del denunciante apeló esa resolución.
La falta de mérito no equivale a una condena ni a una absolución: indica que, en esa instancia, no se reunieron elementos suficientes para procesar o sobreseer a las personas investigadas. La causa permanece abierta.
De los primeros reclamos a la causa federal por la extracción de arena
La disputa judicial comenzó con pedidos de información y reclamos administrativos. La cronología reconstruida por Luciano muestra cómo una controversia sobre permisos y controles fue creciendo hasta involucrar a funcionarios de distintas gestiones.
En 2020, Cadoppi Frigerio presentó un primer amparo para solicitar información pública a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Dos años después, promovió una nueva acción contra la Provincia para reclamar que se regularizara la actividad. Según el abogado, algunas areneras operaban sin permiso y otras no cumplían con los requisitos legales.
En mayo de 2022 se clausuraron nueve areneras y cuatro plantas de lavado. Entre ellas estaba La República, de Cristamine S.A., una de las empresas mineras de la región. Esa planta fue rehabilitada posteriormente.
Luciano sostiene que la instalación no había realizado la audiencia pública que consideraba obligatoria y cuestiona que fuera habilitada durante la gestión del entonces intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán.
En 2024 se presentó una nueva denuncia que derivó en una investigación con diez imputados en el fuero federal. Tras las indagatorias realizadas en la causa, el juez Hernán Viri dictó en 2026 la falta de mérito y ordenó que el expediente siguiera adelante. Luciano apeló la decisión.
La secuencia deja planteado uno de los interrogantes centrales de la investigación: cómo se controló una actividad que, de acuerdo con las denuncias, había motivado clausuras y reclamos de regularización, pero continuó desarrollándose.
Los funcionarios y empresarios alcanzados por la investigación
El expediente involucra a funcionarios que ocuparon cargos durante gestiones anteriores, integrantes del Gobierno provincial actual, autoridades municipales y a la presidenta de Cristamine S.A., Amalia Maluendez.
Entre los exfuncionarios mencionados figuran los exministros de Producción y de Economía Juan José Bahillo y Hugo Ballay, y la exsecretaria de Ambiente Daniela García.
Por la gestión provincial actual aparecen el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el director de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza; y el director general Legal y de Gestión Ambiental del Agua, Osvaldo Daniel Fernández.
En el plano municipal, la causa alcanza al intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, y al exintendente Roldán. También está incluida la presidenta de Cristamine S.A., Amalia Maluendez.
La hipótesis que se investiga, según los antecedentes periodísticos citados en torno al caso, es si existieron negligencia o connivencia entre autoridades provinciales, municipales y empresarios para permitir o sostener operaciones sin los controles exigidos.
Se trata de una hipótesis judicial, no de una responsabilidad acreditada. Ninguna de las personas mencionadas fue condenada en esta causa. En el material reunido para esta nota no constan descargos de los funcionarios imputados.
Qué responde Cristamine sobre la explotación de arena en Ibicuy
La empresa cuestiona las acusaciones y ofrece una descripción distinta de sus procedimientos operativos y de la profundidad de la extracción.
En relación con la planta La República, Cristamine sostiene que el lavado de arena se realiza únicamente con agua, sin aditivos químicos. Según su explicación, el agua se dirige a piletas donde los sólidos sedimentan y luego se recupera para recircularla dentro del proceso.
La firma afirma, además, que la arena se encuentra prácticamente en superficie y que la extracción se desarrolla en capas de entre 2,5 y 3 metros, mediante cavas temporales y de profundidad relativa reducida. También asegura que realiza monitoreos ambientales y operativos periódicos cuyos resultados forman parte de la documentación presentada ante la Secretaría de Ambiente provincial.
Estas explicaciones contrastan con los planteos del denunciante, que describe excavaciones de entre cuatro y diez metros y advierte sobre la transformación de los médanos y la posible afectación de las napas. La diferencia entre ambas versiones constituye uno de los puntos que requieren documentación técnica y peritajes para establecer las condiciones reales de explotación y sus efectos.
Agua subterránea: la denuncia por el consumo de las areneras
Uno de los principales cuestionamientos de Luciano se refiere al uso del agua subterránea. Según sus estimaciones, mientras la Cooperativa de Agua de Ibicuy impulsa a la red un millón de litros diarios, las areneras consumen dos millones de litros por hora para lavar la arena.
El abogado sostiene que la legislación provincial exige estudios hidrogeológicos previos para quienes utilizan ese recurso y afirma que ese requisito no se cumpliría en los casos que cuestiona.
La diferencia de magnitudes que plantea la denuncia pone el foco sobre la disponibilidad de agua en una zona de humedales y sobre la necesidad de conocer cuánto se extrae, qué controles se realizan y qué estudios respaldan las autorizaciones.
Sin embargo, las cifras citadas corresponden a las estimaciones del denunciante. Para determinar el consumo efectivo de cada establecimiento y su impacto sobre las reservas subterráneas se requieren registros de extracción, documentación administrativa y evaluaciones técnicas independientes.
La calidad del agua y los posibles efectos ambientales
Otro de los argumentos presentados por Luciano está relacionado con la presencia de hierro y manganeso en el agua utilizada para potabilización. Según afirmó, los valores habrían pasado de 0,12 a 1,2 miligramos por litro desde el comienzo de la extracción a gran escala.
El abogado interpreta ese aumento —equivalente a diez veces el valor inicial que cita— como una señal de deterioro ambiental. No obstante, la variación de esos parámetros, por sí sola, no demuestra que la actividad de las areneras sea su causa. Para establecer una relación causal es necesario contar con análisis comparables, series de mediciones y peritajes que contemplen otras posibles explicaciones.
La discusión también alcanza a la transformación física del territorio. Luciano afirma que se extraen cuatro millones de toneladas de arena al año y advierte que los médanos más altos cumplían una función para la hacienda durante las crecientes del río.
Según su denuncia, algunas excavaciones ya alcanzan las napas subterráneas. La empresa, en cambio, sostiene que trabaja con capas de entre 2,5 y 3 metros. La profundidad efectiva, la extensión de las cavas y los cambios en el terreno son aspectos centrales para dimensionar el impacto de la actividad.
“Se están llevando el sur de la provincia en camiones”, resume Luciano. La frase expresa el temor de quienes cuestionan que un recurso formado durante miles de años sea removido a gran escala sin garantías suficientes sobre la conservación del humedal.
De los médanos entrerrianos a Vaca Muerta: el debate por el fracking
La arena extraída en Ibicuy se vincula con una actividad industrial desarrollada a cientos de kilómetros: la fractura hidráulica utilizada para obtener hidrocarburos en formaciones no convencionales.
Las organizaciones ambientalistas cuestionan los efectos del fracking sobre el uso del agua, la composición de los fluidos empleados y las emisiones asociadas a la producción de gas. Greenpeace, al citar análisis de la Alianza Mexicana contra el Fracking y del Center for Biological Diversity, sostiene que el proceso puede requerir entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua y que los fluidos de fractura contienen entre un 1% y un 2% de aditivos químicos.
La organización también advierte sobre las fugas de metano y señala que parte de la composición de los aditivos se considera información comercial reservada. Esas afirmaciones forman parte de la posición ambientalista y no constituyen resultados periciales de la causa que se tramita en Entre Ríos.
La conexión entre ambos territorios permite dimensionar el alcance del debate: la arena se extrae en el Delta entrerriano y se utiliza como insumo en la explotación hidrocarburífera de Neuquén. Las consecuencias ambientales de cada etapa deben analizarse con evidencia específica, pero el vínculo económico entre ellas explica por qué la extracción en Ibicuy dejó de ser un asunto exclusivamente local.
Los controles ambientales y las preguntas que siguen abiertas
La controversia no se limita a la profundidad de las excavaciones o al volumen de arena transportado. También pone en discusión el funcionamiento de los controles públicos: qué condiciones deben cumplir las empresas, cómo se verifican las autorizaciones, qué estudios ambientales se exigen y qué ocurre cuando se detectan incumplimientos.
Las clausuras de 2022, la posterior rehabilitación de la planta La República y las denuncias presentadas desde 2020 forman parte de los antecedentes que deberán evaluarse a la luz de los expedientes administrativos y judiciales.
El tema es preocupante sin embargo no ha tomado notoriedad en la agenda pública entrerriana. Los intereses económicos y sus protagonistas han logrado que casi pase desapercibido tanto las denuncias como las investigaciones sobre la extracción.
La causa federal sigue abierta. Su avance deberá determinar si hubo irregularidades en las autorizaciones o en los controles, qué responsabilidades corresponden a cada persona investigada y si existen daños ambientales atribuibles a las operaciones cuestionadas.
Mientras tanto, la extracción de arena en Ibicuy continúa siendo objeto de una disputa que cruza intereses económicos, gestión pública y conservación ambiental. En un territorio donde los médanos y las napas forman parte de un ecosistema frágil, la pregunta ya no es solamente cuánta arena sale en cada camión, sino qué información existe para conocer sus consecuencias y quién debe responder por los controles.
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