Inés Verdum aseguró que el Instituto Cristo Redentor se negó a recibir a su hija de 13 años, pese a un compromiso alcanzado en la Defensoría Civil. Tras reunirse con el defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, reclamará que la Provincia cumpla lo acordado y garantice el derecho a la educación.
Una adolescente de 13 años con trastorno del espectro autista (TEA) continúa sin vacante para comenzar la escuela secundaria en Entre Ríos. Su madre, Inés Verdum, denunció que el Instituto Cristo Redentor se negó a recibirla pese a un acuerdo alcanzado en una instancia de la Defensoría Civil y cuestionó la falta de respuestas de las autoridades educativas.
En diálogo con Demo, por FM Universidad, Verdum sostuvo que el compromiso contemplaba la incorporación de su hija al establecimiento en el turno tarde. Sin embargo, relató que posteriormente recibió una comunicación del Consejo General de Educación (CGE) para informarle que la institución había presentado una nota en la que manifestaba que no podía recibirla.
El caso involucra a distintas áreas e instituciones, entre ellas la Defensoría Civil, el Consejo General de Educación, Copnaf y Pasec. Tras reunirse con el defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, la madre anticipó que pedirá que se intime a la Provincia para que cumpla lo acordado y garantice una vacante para su hija.
Una adolescente con autismo que terminó la primaria y necesita una vacante
La joven fue diagnosticada con trastorno del espectro autista a los tres años y cumplió 13 en febrero. Completó la escuela primaria en la institución privada N.º 5 Virgen de la Medalla Milagrosa, bajo una modalidad común, y obtuvo el título que le permite continuar sus estudios secundarios.
Según explicó Verdum, los profesionales que acompañan a su hija consideran que está en condiciones de cursar en una escuela común, con las adaptaciones de contenidos que necesita. La madre señaló que la adolescente lee distintos tipos de letra, razona, maneja adecuadamente los números y no presenta retraso madurativo.
Actualmente cuenta con un equipo terapéutico externo y un acompañante terapéutico. Verdum recordó que, después de la pandemia, surgieron dificultades vinculadas con los aspectos conductuales y sociales, que pudieron abordarse mediante el trabajo de la familia y de los profesionales.
No obstante, afirmó que desde febrero de 2026 enfrenta obstáculos para conseguir una vacante en el nivel secundario. Entre las alternativas que buscó, mencionó una escuela rural de Villa Fontana, donde inicialmente la recibieron, le mostraron las instalaciones y, tiempo después, la llamaron para comunicarle que no podrían incorporarla.
El acuerdo para ingresar al Instituto Cristo Redentor
Ante la falta de respuestas, el caso llegó a la Defensoría Civil, a cargo de la funcionaria judicial Suárez Schumacher. Allí se realizó una reunión con representantes del Consejo General de Educación y de la Provincia, la secretaria del Defensor del Pueblo, el propio Lisandro Amavet y la madre de la adolescente. También participaron organismos como Copnaf y Pasec.
Según el relato de Verdum, durante ese encuentro le aseguraron que su hija podría concurrir al Instituto Cristo Redentor, en el turno tarde, y que la institución ya había sido notificada.
La madre afirmó que consultó en dos oportunidades si el acuerdo estaba firme, porque no quería atravesar nuevas instancias de incertidumbre y desgaste. De acuerdo con su testimonio, recibió garantías de que no habría inconvenientes.
Sin embargo, relató que hace aproximadamente dos semanas la llamaron a las 6.30 desde el Consejo General de Educación para informarle que el establecimiento había presentado una nota en la que comunicaba que no podía recibir a la estudiante.
En un primer momento, el argumento habría sido la falta de vacantes. Después, según Verdum, le indicaron que tampoco habría lugar para el ciclo lectivo 2027.
“Acá lo grave es el incumplimiento de un acuerdo y, por el otro lado, vulnerar el derecho a la educación de una menor de edad”, sostuvo.
La madre cuestionó que, pese a los reclamos y las gestiones realizadas, todavía no exista una solución concreta. También señaló que la incorporación durante el ciclo lectivo actual ya no sería posible y que, en lo inmediato, solo podría avanzarse con un proceso de acercamiento para que su hija conozca el aula, a sus compañeros y a sus docentes.
La denuncia de presuntas represalias y el reclamo a Jorge Bergallo
Consultada sobre si considera que la negativa podría estar relacionada con sus denuncias públicas, Verdum respondió afirmativamente. Dijo estar convencida de que la decisión estaría vinculada con el subdirector de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación, Jorge Bergallo, a quien había mencionado públicamente.
La mujer relató que también expuso el caso ante el director general de Educación de Gestión Privada a nivel nacional, pero aseguró que no obtuvo respuestas.
Según su testimonio, durante una convocatoria en el área de gestión privada del organismo, Bergallo le habría dicho que era “la mamá que estuvo hablando con todo el mundo”. Ella afirmó que le respondió que había recurrido a distintas instancias porque “me cierran las puertas en todas partes”.
Verdum sostuvo que, sin sanciones ni consecuencias frente a situaciones que considera discriminatorias, el problema se repite. “Acá nadie discrimina, nadie sanciona”, expresó.
La madre destacó que, entre las autoridades a las que acudió, el defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, fue quien, según dijo, la recibió y se involucró en el caso.
Lisandro Amavet propuso intimar a la Provincia
En declaraciones al programa radial Demo, por FM Universidad, Inés Verdum contó que, durante la reunión que mantuvo con el defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, el funcionario le propuso intimar a la Provincia, a través de la Defensoría Civil, para que se cumpla el acuerdo alcanzado para garantizar una vacante escolar para su hija.
La madre manifestó que coincide con esa estrategia y que solicitará la medida en sede judicial. Además, reclamó que las autoridades provinciales pidan disculpas y garanticen una vacante para su hija.
También cuestionó que el equipo terapéutico externo, integrado por una psicóloga y una psicopedagoga, no hubiera sido informado del cambio de decisión. Para Verdum, esa situación agravó la incertidumbre y el desgaste que atraviesa la familia.
Hasta el momento, según su relato, no le comunicaron una alternativa escolar concreta. Una de las posibilidades sería el establecimiento donde la adolescente completó la primaria.
La madre explicó que su hija necesita un entorno cuidado, con pocos alumnos o en un espacio que ya conozca, y preferentemente cerca de su domicilio. La distancia es un factor importante porque, según indicó, resulta difícil conseguir transporte para personas con discapacidad.
El derecho a la educación y la falta de una respuesta concreta
El reclamo de Verdum no se limita a conseguir una vacante: también apunta a que se respete el acuerdo alcanzado y se garantice la continuidad educativa de su hija.
La madre cuestionó la distancia entre el reconocimiento formal de los derechos de las personas con discapacidad y las dificultades que, según su experiencia, encuentran las familias al intentar ejercerlos.
“Todos son derechos, son divinos, pero después no se cumplen”, resumió.
Al describir cómo atraviesa la situación, mencionó la “impotencia, dolor, bronca” que le genera no contar todavía con una respuesta concreta para la escolarización de su hija.
Mientras espera que se definan los próximos pasos, su pedido es que la Provincia intervenga, se cumpla el compromiso asumido y la adolescente pueda continuar sus estudios secundarios con los apoyos y las adaptaciones que necesita.
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